Lo que se firmó el 27 de abril en el Museo del Vino entre los tres órdenes de gobierno, fue el convenio de coordinación para el programa de ordenamiento ecológico local participativo del Valle de Guadalupe. Para el presidente del Consejo Estatal de Productores de Vid de Baja California, esto puede detonar actividades en detrimento de la vocación agrícola
Hasta un año tardará la elaboración y aplicación del programa de ordenamiento ecológico local participativo del Valle de Guadalupe, sin que a la fecha haya una partida presupuestal para su elaboración, ni una instancia académica encargada de su coordinación y formulación.
Apenas el 27 de abril, los tres órdenes de gobierno firmaron el convenio de coordinación para el programa de ordenamiento ecológico participativo del Municipio de Ensenada, con vigencia hasta el 30 de septiembre de 2024, el cual tiene por objeto establecer las bases para la instrumentación del proceso tendiente a la formulación, aprobación, expedición, ejecución, evaluación y modificación conjunta del programa.
Para productores y asociaciones de vitivinicultores, este convenio es la base para la instrumentación de un plan de ordenamiento ecológico que protegerá al Valle de Guadalupe y detendrá el crecimiento desordenado, privilegiando el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sustentable, estableciendo la factibilidad de uso de suelo que privilegie las actividades comerciales compatibles y de baja escala.
Sin embargo, reconocen que es sólo el primer paso. Para lograr salvar el Valle de Guadalupe se requieren acciones coordinadas entre autoridades federales, estatales, municipales, sector privado y sociedad civil.
Este convenio, aseguraron, surgió debido al lamentable deterioro ambiental que sufre el Valle de Guadalupe, la deforestación de cientos de hectáreas de zonas de conservación, desarrollos inmobiliarios que operan en la ilegalidad, conciertos masivos, aunado a la omisión en la aplicación del reglamento vigente del uso del suelo, que destruyen la esencia agrícola del Valle.
Publicidad
__
Para detener la depredación que amenaza con destruir uno de los pocos espacios agroturísticos en México, se necesitan leyes y decretos que protejan la esencia rural del Valle de Guadalupe, sobre todo, que estos sean aplicados en la realidad y haya consecuencias reales para quienes incumplan con ellos.
De acuerdo con la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luis Albores, se debe lograr la regulación del uso de suelo y las actividades productivas hasta lograr la preservación y el aprovechamiento del medio sustentable de los recursos naturales, especialmente frente a las principales presiones en la zona, como la sobreexplotación del acuífero, desarrollos inmobiliarios y contaminación por fertilizantes y plaguicidas que ponen en riesgo el equilibrio ecológico de la zona.
Con este convenio, dijo, se garantiza la participación de las comunidades en la toma de decisiones respecto a su espacio de vida y territorio. El programa procura el desarrollo de las comunidades, con la conservación de los ecosistemas y poniendo al agua, el suelo, el aire, la flora, la fauna, como los elementos fundamentales para la toma de decisiones, por encima de intereses económicos y particulares.
La funcionaria federal aseguró que el desarrollo ambiental no es un obstáculo para el desarrollo económico, de ahí la frase “Producir conservando, conservar produciendo”.
UN AÑO SIGNIFICA UN RIESGO: PÉREZ CASTRO
De acuerdo con Fernando Pérez Castro, presidente del Consejo Estatal de Productores de Vid de Baja California, propietario de La Lomita y Carrodilla, “en el momento en que se establece el tiempo de un año para tener el nuevo programa de ordenamiento ecológico, se abre también un riesgo, que significa un año donde el reglamento queda un poquito en segundo plano. El programa sectorial también porque tenemos la encomienda de hacer este nuevo instrumento y en el ínter pueden pasar un montón de cosas: muchos de los logros que ya se habían conseguido se pueden perder, puede haber quien, sobre todo terratenientes en el Valle de Guadalupe, aprovechen este lapso para malvender y ampararse como lo han hecho en los últimos 20 años ante una no muy fuerte aplicación de la Ley para hacer compraventas indebidas en el Valle, eso es lo que nos preocupa a nosotros”, sentenció.
También, se puede dar pie a que en el Valle de Guadalupe surjan actividades no compatibles, porque están definidas de esa forma en los programas vigentes -principalmente eventos masivos-, construcción de proyectos inmobiliarios en zonas de conservación y construcciones dentro de zonas federales como lo es el arroyo. El mal uso de suelo trasladado a una serie de actividades que van erosionando los valores fundacionales del Valle de Guadalupe.
Para Pérez, uno de los grandes problemas que ha tenido el Valle de Guadalupe ha sido la implementación de instrumentos normativos, por lo que en términos de aplicación del programa sectorial y su reglamento, se necesita dinero. Parte del problema es la aplicación de la Ley, otra es la imposibilidad de la autoridad de aplicarla ante lo limitado de sus recursos humanos y financieros.
Sin embargo, recalcó que lo más importante es que por primera vez una entidad federal como Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se involucra en temas de ordenamiento en el Valle de Guadalupe: “Si tenemos a los tres órdenes empujando una agenda similar a la del sector vitivinícola, estamos en un muy buen escenario”.
En entrevista, Pérez Castro refirió que primero se debe tener la certeza medioambiental porque no se puede generar un proyecto que prometa derrama económica, desarrollo industrial y generación de empleo, sin antes ver el costo ecológico de ese propio proyecto.
Desde su perspectiva y atajando las versiones en torno a que los ordenamientos existentes fueron hechos a la medida del sector vitivinícola, indicó que ahora hay una segunda oportunidad para sentarse todos en la mesa, bajo la coordinación de una entidad federal para plantear los intereses de todos, lo permitido y no permitido, así como el crecimiento, necesidades de la comunidad, servicios.
Enfatizó que “ya llegó el momento que los vitivinicultores nos sentemos con los inmobiliarios, con quienes consideramos que tienen actividades incompatibles, ver la manera de remar en el mismo barco e ir hacia la misma dirección”, considera.
El tema del Valle no es prohibir actividades, sino de restringir en función de la limitación de sus recursos naturales y sus servicios, “hay aspectos básicos antes que pensar en estadios o plantar 5 mil hectáreas más de las mil 500 existentes”, recalcó, para luego refrendar su postura de que el Valle de Guadalupe no es un lugar para eventos masivos, no es una zona para proyectos inmobiliarios de alto impacto, sino un santuario.
En su opinión, pueden existir voces que alerten de una sobrecarga de regulaciones en el Valle, al grado de volverlo inoperante, pero dijo tener claro que no debe haber duda ni tolerancia en las zonas de conservación para no perder la vocación agrícola.
Mauricio Cantú, presidente de Provino, coincidió en que mediante el convenio se pretende que perdure la vocación agrícola del Valle, mantener un orden y un correcto uso de la tierra, de acuerdo con el reglamento del polígono del Valle de Guadalupe.
COMITÉ SIN INTEGRAR
La cláusula sexta del convenio de coordinación establece que el comité participativo deberá instalarse en un plazo no mayor a 15 días naturales posteriores a la firma del convenio, en tanto que el reglamento interno deberá formularse en un plazo no mayor a 30 días naturales a partir de la instalación del comité; hasta el martes 10 de mayo, los vinicultores no habían sido convocados.
El citado comité deberá integrarse por representantes de los tres órdenes de gobierno, actores, organizaciones, comunidades indígenas, agrarias y demás actores sociales, privado y académico, con intereses legítimos de carácter social, cultural y económico o ambiental en el territorio.
Se dividirá en un órgano ejecutivo y órgano técnico; el comité definirá las bases para el programa, un plan de trabajo con relación al proceso, identificar estudios, proyectos y programa existentes; gestionar estudios específicos, fomentar congruencia de planes, programas y acciones sectoriales.
Uno de los mayores restos es el presupuestal, ya que es difícil pensar que el Municipio pueda financiarlo, por lo que se debe tomar la palabra a la gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda, sobre la definición de una partida presupuestal para el desarrollo del programa, ya que, según Pérez Castro, no se aportará recurso desde la Federación.
CONTENIDO Y ALCANCE DEL PROGRAMA
En el convenio se establece que el programa deberá contener el modelo de ordenamiento ecológico, las estrategias ecológicas aplicables al modelo de ordenamiento y los criterios de regulación ecológica.
Gobiernos federal, estatal y municipal se comprometen, en el ámbito de su competencia, a aplicar los lineamientos, estrategias ecológicas y demás disposiciones que deriven del programa, previo al otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, dictámenes y toda resolución de su competencia.
Las partes también se comprometen a analizar y garantizar la congruencia y compatibilidad de los proyectos de obras públicas y demás obras y actividades con incidencia territorial en el ámbito de su competencia, con los lineamientos, la estrategia ecológica y criterios de regulación ecológicas aplicables del programa.
La propuesta deberá someterse a consulta pública. Una vez concluido este proceso, el comité integrará las observaciones pertinentes, acordará y validará la versión del programa que en términos de las leyes aplicables, deberá ser aprobado y expedido por el Municipio. El programa deberá actualizarse en un periodo máximo de cuatro años posteriores a la emisión de su decreto.
ENSENADA, SEDE DE CONGRESO MUNDIAL DE LA VIÑA Y EL VINO
Del 31 de octubre al 4 de noviembre, Ensenada será sede del 43 Congreso Mundial de la Viña y del Vino, el encuentro científico sobre uva y vino más importante del mundo, donde expertos de 48 países dialogarán para generar propuestas e impulsar el desarrollo de la industria mundial bajo tres líneas de acción: cambio climático, sostenibilidad y mercado post COVID-19.
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Gobierno del Estado de Baja California y el Consejo Mexicano Vitivinícola (CMV) presentaron el programa de actividades con el que se busca incentivar el intercambio de ideas técnicas y científicas, la generación de negocios y visitas a las regiones vitivinícolas, para que líderes de todo el mundo conozcan de primera mano, las prácticas que realizan las bodegas en materia de microclimas, buenas prácticas agrícolas, enológicas y enoturismo.
Se estima la participación de 800 científicos, académicos, agrónomos, ampeólogos, enólogos, viticultores, laboratoristas, sommeliers y expertos de todos los países productores de vino, entre los que destacan investigadores en Ciencias Ambientales de la Universidad de Oregón, Estados Unidos, como Gregory V. Jones; de la Agencia Europea de Medio Ambiente de España, Ana Luisa Iglesias; y del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, María Teresa Cavazos.
De acuerdo con el Consejo Mexicano Vitivinícola, la industria vive su mejor momento. El sector agrícola representa la segunda fuente de empleos, con 500 mil puestos de trabajo. Cada año, se destinan 35 mil 822 hectáreas a la cosecha de uva bajo cinco vocaciones: mesa, vino, jugo, brandy y uva pasa. De estas, se producen 64 millones de litros de vino en 14 estados productores, a través del trabajo de 400 bodegas.
Estos logros, aunados a la calidad del vino mexicano que en los últimos años ha recibido alrededor de mil 500 medallas en concursos internacionales, muestran la relevancia de la industria y, gracias a ello, la Organización Internacional de la Viña y del Vino, con sede en Francia, otorgó la sede a México.
Víctor Villalobos Arámbula, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, destacó que un componente clave del Congreso, será el replanteamiento del futuro de la vitivinicultura del país y del mundo ante los efectos del cambio climático, con el fin de garantizar calidad y volumen, con un manejo sustentable de los recursos naturales, mediante la adaptación de la agricultura y el combate de plagas y enfermedades con variedades mejoradas.
