Vaya revuelo que ha causado la iniciativa presidencial enviada a la Cámara de Diputados, la cual aspira a modificar un total de 18 artículos constitucionales para lograr diez objetivos, dentro de los cuales destaca la eliminación de 200 diputados federales y 32 senadores de representación proporcional (léase plurinominales), aunado a la sustitución del procedimiento de elección vigente por el método de listas.
El expresidente legítimo de México no para ahí, pues también pretende que el mismo principio se aplique a los estados y municipios. Actualmente, nuestra Carta Magna indica que la base de la organización política de nuestro país es el municipio libre y que la composición de cada Ayuntamiento será competencia local. Lo cual me lleva a cuestionar: ¿Qué será de la libertad y la soberanía de cada entidad federativa?
Por otro lado, el Presidente pretende eliminar el INE y crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC); reducir la integración del Consejo General de 11 a siete consejeros, quienes serán propuestos por el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial federales, para ser votados por la ciudadanía; el candidato que más votos conquiste será el presidente del INEC. Lo mismo será para el Tribunal Electoral, el cual tiene rango constitucional al igual que la Suprema Corte de Justicia, solo que -a diferencia del INEC- el presidente del Tribunal será elegido por los propios magistrados.
El decálogo lopezobradorista busca limitar los recursos públicos para los partidos políticos (un verdadero acierto), pero deja abierta la puerta para recibir dinero público durante las campañas y, por supuesto, no se repartirá de manera equitativa, sino con base a los votos que cada partido haya recibido durante la elección previa. Entonces, ¿dónde quedarán la igualdad y la austeridad?
En esto (como en casi toda la reforma), el partido del Presidente llevaría una enorme ventaja. Lo “curioso” (léase incongruente) es que, en su exposición de motivos, AMLO señala que, en el pasado, el principal beneficiado era el partido oficial… ¡Pero hoy él es el partido oficial! Y se benefició, se beneficia y se beneficiará.
“No hay la intención de que se imponga un partido único. Lo que queremos es que haya una auténtica democracia en el país”, dijo el Presidente. Y como este intento de reforma me ha dejado más preguntas que respuestas, me gustaría que Andrés Manuel me explicara: El INE que organizó la elección presidencial de 2018 y el Tribunal que le entregó su constancia como presidente electo, ¿no fueron democráticos?
Para que las casi 20 modificaciones que propone López Obrador sean aprobadas se requiere de, por lo menos, 334 diputados, 86 senadores y 22 Congresos locales. Voy de nuevo: ¿Por qué no lo intentó cuando tenía mayoría?
El tabasqueño sabe que, como la reforma eléctrica, su planteamiento electoral no pasará. Por eso utiliza este artilugio para demostrar su poder de distracción y para continuar con su discurso de división y victimización. Es una estrategia de disuasión y persuasión a la vez. Divide y vencerás. Divide a los mexicanos, divide a las instituciones, divide el voto, divide todo. Mientras la política es suma y multiplicación, AMLO vence restando y fragmentando.
En tiempos recientes, la presión ciudadana ha sido tal, que las normas electorales empoderan a las minorías. Lo menos que podemos esperar de nuestros representantes populares es una reforma incluyente, plural, tolerante y no impositiva. Recordemos que el debate garantiza la democracia.
La ineficiencia se entiende como la incapacidad de lograr los resultados deseados. Pero, si se trata de lograr los deseos de Andrés Manuel, ¡qué fortuna tener un “INE…ficiente”!
Post scriptum: “Todos los demagogos invocan una constitución, pero tienen por símbolo el sable y el despotismo”, Jesús Reyes Heroles.
Atentamente,
Francisco Ruiz, doctor en Derecho Electoral y asociado del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).
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