Personas que compraron terrenos a
Inmobiliaria y Servicios del Pacífico,
Publicidad
en la zona de Santa Fe, en la
delegación San Antonio de los Buenos,
acusaron que pese al celebrado contrato
Publicidad
de compraventa, no han podido siquiera
cercar sus propiedades, como tampoco
hacer zanjas para cimentar. Señalan a
empresa asociada con el grupo
inmobiliario de poner trabas a sus
intentos de asentarse en el residencial
En el fraccionamiento Sophía Residencial, a espaldas de Plaza La Pajarita, en la delegación San Antonio de los Buenos, sólo hay seis casas parcialmente construidas. El resto de los terrenos luce vacío con todo y que decenas de personas han adquirido lotes en ese desarrollo inmobiliario. Josefina Chávez Mendoza, quien, conforme a una carta de finiquito, liquidó “el adeudo relacionado con la compraventa del Lote 08 de la manzana 02”, refirió que cada vez que alguien cerca su propia porción de tierra, llegan sujetos contratados como seguridad privada “a tumbar los cercos”.
Los terrenos, comercializados por Inmobiliaria y Servicios del Pacífico, han sido vendidos a distintos precios: 10 mil 500, 15 mil, 17 mil 500, 20 mil y 28 mil dólares, de acuerdo con información proporcionada. La venta de lotes inició en 2019 con base en un contrato de asociación en participación signado por el grupo inmobiliario con una empresa denominada Doyen S. de R.L. de C.V.
“Yo pagué 17 mil 500 dólares por ese terreno, según ellos (Inmobiliaria y Servicios del Pacífico) me lo entregaron, pero en cuanto marcaron el terreno y me lo entregaron, cuando fui a ver el terreno habían bloqueado (con tierra) una entrada que está arriba”, señaló Josefina Chávez, quien sostuvo que en otras áreas de acceso “hicieron zanjas para que los carros no entraran”, y que además de esas obstrucciones “pusieron letreros ahí que dicen que no entren, que es propiedad privada”.
Otra compradora manifestó que ella y familiares suyos compraron “de buena fe” distintos lotes a la inmobiliaria y adjudicó que el apoderado legal de Grupo Doyen (identificado como Mario David Gómez Durán), fue quien se opuso a que los adquirientes en general se asentaran en esos terrenos. “Resulta que nosotros compramos, pagamos muchos, otros lo hicieron en abonos y de un de repente el señor empezó a agredirnos, a mandarnos gente de que nos saliéramos porque éramos unos invasores; esto fue desde el 2020, desde octubre del 2020”, relató.
“Veníamos y hacíamos cimientos y los tapaba, veníamos y cercaban algunas familias y se los quitaba, incluso ya había alguien que hizo una cisterna, se la tapó también”, expresó.
La adquiriente, quien reveló haber pagado 260 mil pesos por su lote, explicó que en una ocasión Gómez Durán “mandó a unas personas con un plano”, quienes le dijeron que él era el dueño de los terrenos y que no reconocía como suya la firma atribuida al apoderado legal de Doyen S. de R.L. de C.V. en el contrato de asociación en participación.
La entrevistada por ZETA comentó que, a inicios de abril de 2022, en determinado momento en que uno de sus hijos le estaba ayudando a cercar su terreno, llegaron unas personas en una camioneta, mostraron “documentos legales” e indicaron “que su patrón (Gómez Durán) era el dueño de todo el polígono” y que la señora, su vástago y demás posesionarios estaban de invasores ahí, y que tendrían que salir de los predios.
“Entonces, ya a mi hijo lo intercalaron y le dijeron que, si él se atrevía a poner algo ahí en el terreno, que entonces sí se lo iban a llevar al Ministerio Público”, narró la adquiriente. Añadió que, subsecuentemente, arribó una patrulla y los oficiales se dirigieron con su consanguíneo, así como con el representante legal de Inmobiliaria del Pacífico, quien para entonces se había apersonado en el lugar. “Entonces, de un de repente, se los llevan esposados, argumentando que estaban alterando el orden”.
Agregó que “en ningún momento hubo altercado de palabras groseras o altaneras” y que, pese a ello, los oficiales condujeron al joven y al abogado a la delegación (San Antonio de los Buenos).
El fraccionamiento Sophía Residencial (cuya dirección es “calle Francisco Zarco colonia La Gloria, Santa Fe, delegación San Antonio de Los Buenos, Tijuana, B.C.”) consta de dos polígonos: Uno de éstos alberga tres residencias, edificadas con bloque; el otro, igual número de viviendas, construidas con madera y otros materiales. En el caso de las 6 propiedades, les faltan acabados, tal como constató una clienta de la inmobiliaria.
En el polígono que alberga las casas de cemento, habita Antonio Cortés, quien lleva “más de un año” viviendo ahí.
Sobre las personas descritas como quienes han llegado a amedrentar a los compradores que deciden cercar sus propios terrenos, acusó que “traen una patrulla comprada”. Refirió que hay “un señor” que “llega en una camioneta negra”, a quien Gómez Durán “dejó de encargado”, pues aparentemente el apoderado legal de Doyen S. de R.L. de C.V. “ya no está, ya no se deja mirar” por el área.
Dijo suponer que esas personas tienen trato con elementos municipales, toda vez que en distintas ocasiones el supuesto “encargado” ha pretendido arremeter contra posesionarios con “la misma patrulla”, en cuyo caso figura un policía que “es el único” que no da por válidos los documentos que los adquirientes suelen mostrar en un intento de probar posesión en ese desarrollo inmobiliario.
“Todos los demás (policías) que puedan venir pueden mirar que está bien, pero él es el único que los invalida”, dijo en referencia a que tal elemento no reconoce los documentos. “Entonces es el problema que estamos enfrentando ahora”, señaló.
Ante el hecho de que distintos clientes de la inmobiliaria se quejaron que no se les había dejado levantar un cerco siquiera, se le preguntó qué complicaciones ha enfrentado él para construir su casa, propiedad que luce en obra negra.
Explicó que, en un primer momento, se dispuso a edificar la vivienda y que una vez que llegó un citatorio referente a las dimensiones con las que cuenta su terreno (180 metros cuadrados) dejó de construir.
“Se ordena la suspensión total de los trabajos hasta en tanto no se acredite que cuenta con los permisos, licencias y/o autorizaciones respectivas ante el Departamento de Administración Urbana y Protección al Ambiente…”, da cuenta un citatorio concerniente a uno de los predios de Sophía Residencial y mediante el cual el Ayuntamiento de Tijuana requiere licencia de construcción, deslinde catastral, documento que acredite la propiedad y prohíbe “hacer cambios en el uso y/o destino del inmueble”.
Aunado a ello, “en septiembre, el señor este, David, bajó para acá, (e) hizo una zanja, impidiendo la entrada a los terrenos”, contó el entrevistado por este Semanario y afirmó que la inmobiliaria “mandó” rellenar la excavación y consecuentemente el apoderado legal de Doyen S. R.L. de C.V., “abrió otra que también impedía entrar hacia la propiedad”.
Finalmente, Gómez Durán “empezó a bajar para acá y ocasionalmente me enfrentó a mí y me dijo que él me aconsejaba que no le pusiera ningún bloque más a la casa que porque iba a perder todo”, resumió el residente.
Aclaró que Gómez Durán dijo ser representante de Grupo Doyen, con el pormenor de que negó que él hubiera firmado el contrato de asociación en participación con Inmobiliaria y Servicios del Pacífico.
DOYEN “SE HA NEGADO” A ENTREGAR LICENCIAS: ABOGADO
El representante legal de Inmobiliaria y Servicios del Pacífico, Héctor Berrelleza Palma, ofreció la versión oficial de la empresa de por qué los clientes de ésta se han visto impedidos de hacer usos de los terrenos, con todo y que ya los adquirieron.
Refirió que en primera instancia el contrato de asociación en participación, “protocolizado ante un fedatario público”, establece que Doyen S. de R.L. de C.V. iba a dotar de la tierra y de las autorizaciones pertinentes a la inmobiliaria para comercializar los lotes.
A partir de ello, prosiguió, la inmobiliaria comenzó a comercializar los terrenos, “para los cuales se firma un contrato privado de compraventa con los clientes”.
Admitió que, conforme a la cláusula quinta ter del convenio, Inmobiliaria y Servicios del Pacífico tiene la obligación de “entregar licencias, documentos y todo lo inherente para la debida construcción conforme la ley se lo confiera a los propietarios”, sin embargo, expuso, esa responsabilidad “se ha visto mermada por la negativa de empresa Doyen”, toda vez que ésta “es la tenedora de dichas licencias (y) se ha negado a entregarlas”. De manera que “no hemos podido avanzar con esa parte”, asentó.
Coincidió con los compradores abordados, que dijeron que Mario David Gómez Durán se quiso desentender del contrato.
“En algún momento surge una discrepancia con la empresa y son ellos que hoy quieren desconocer el contrato de asociación en participación diciendo que es un contrato que su signante, el apoderado legal, ahora dice desconocer, que está fuera de la ley y demás”, aseveró.
Indicó que, en todo caso, la empresa DOYEN debiera “acudir a los tribunales competentes”, si de intentar atender alguna controversia se trata.
“Nosotros como inmobiliaria (sí) hemos entablado ya las acciones correspondientes (en la modalidad de denuncia), ante las autoridades competentes, a efecto de salvaguardar el derecho de nuestros clientes y los de la inmobiliaria también porque a la fecha hay lotes que todavía están parte de nuestro inventario”, asentó.
Tomando en cuenta el trance administrativo por el atraviesan los clientes de la inmobiliaria al no poder edificar sus viviendas cuando ya cuentan con terreno formalmente adquirido, Berrelleza Palma reveló que para quienes están pagando su lote a plazos “se hizo una suspensión de pagos que no genera ningún tipo de interés moratorio y no genera ninguna rescisión hasta en tanto se resuelva el problema”.
Añadió que otra opción es rescindir el contrato con el compromiso de devolver al cliente lo que había pagado por la porción de tierra.
Una de las entrevistadas, Josefina Chávez Mendoza, acusó que en tal caso el dinero se les devuelve en partes; “y luego está esa cláusula del contrato donde dice que si yo rescindo el contrato se quedan con 25% de los 17 mil 500 dólares que yo di”, observó.
“Entiendo también y soy empático que muchos (clientes) puedan tener con todo derecho algún mal sabor de boca porque les gustaría recibir su dinero en una exhibición, pero también francamente estamos apegados a una planeación financiera interna”, arguyó el abogado a propósito de la devolución en distintas exhibiciones. Agregó que a cada cliente que ha optado por la rescisión, siempre y cuando no haya hecho un único pago para adquirir su terreno, se le reembolsa de acuerdo a como fue pagando sus mensualidades.
“De inicio la capacidad financiera de la empresa permitía hacer devoluciones más rápidas, hoy en día no es así, traemos una suspensión de pagos”, abundó Berrelleza Palma.
En cuanto al 25% de retención expuso que sólo aplica en caso de que el contrato se rescinda por una penalidad, no necesariamente cuando el cliente solicita la rescisión.
Aseguró que Inmobiliaria y Servicios del Pacífico está “honrando la parte del contrato” que tiene con los adquirientes, de quienes dijo que son “entre 40 y 50”.
“Personalmente me tocó vivir con uno de los clientes una situación al momento de cercar el predio, tuvimos ahí la participación de la policía municipal, de un juez municipal, que no son competentes en la materia y no obstante de ello fuimos parte de esa situación adversa con el cliente”, manifestó.
En contraparte, Josefina Chávez alegó: “hay muchas cosas que la inmobiliaria no está haciendo absolutamente nada de las demandas que dice que está poniendo”.
A su vez, la compradora -que solicitó el anonimato-, cuestionó: “Nosotros, en realidad no podemos hablar de fraude por parte de la inmobiliaria, pero ya es demasiado el tiempo en que hemos estado esperando que nos den respuesta y no ha habido”.
En tanto, Antonio Cortés asumió que la responsabilidad de que no puedan hacer pleno uso de los predios recae en el apoderado legal de Doyen S. de R.L. de C.V. “El señor David viene siendo el señor que asoció a la inmobiliaria que nos vendió, la asoció para que la inmobiliaria comercializar los terrenos y este señor ha estado haciendo todas las cosas chuecas, pues, mal”, afirmó.
El licenciado Berrelleza estableció que “en el caso hipotético de que fuera un resultado adverso”, el del pleito legal entablado con Doyen, “la inmobiliaria va a actuar de manera responsable como lo ha hecho hasta el momento”.
Se pronunció consciente de que “habrá clientes, personas que sienten” que la inmobiliaria debería “estar haciendo más” por resolver el conflicto. “Desafortunadamente, no todo depende de nosotros, pero en todo momento hemos procurado dar la atención en oficinas, mostrar documentales, de cómo tenemos el derecho de venta y dar el apoyo”, remató.
