Observaciones del gobierno para “corregir” legislación que sanciona terapias de conversión en BC, protegen a agresores y no se enfoca en las necesidades de la comunidad LGBTTTIQA, refiere Eduardo Arredondo
Las modificaciones al Código Penal del Estado y a la Ley para la Prevención y Erradicación la Discriminación de Baja California que sugiere el Poder Ejecutivo contra las terapias de conversión, beneficia a los agresores y desprotege a las víctimas que integran la comunidad LGBTTTIQA.
Lo anterior fue referido por Eduardo Arredondo, representante del Parlamento de la Juventud y uno de los inicialistas del proyecto que pretende sancionar las terapias de conversión en Baja California, tal y como ha ocurrido en al menos ocho entidades del país.
El Poder Ejecutivo devolvió el decreto emitido por el Legislativo que penaliza hasta con seis años de cárcel y establecía una sanción -trabajo comunitario- a los padres que sometieran a sus hijos a este tipo de procedimientos que no cuentan con un sustento siquiátrico o médico para definir su efectividad.
ZETA tuvo acceso a las observaciones emitidas por el Poder Ejecutivo, y según un análisis de colectivos consultados por Eduardo Arredondo, representante del Parlamento Juvenil y uno de los inicialistas del proyecto legislativo, la intención es reducir el impacto o sanción hacia los grupos y padres de familia que llevan a cabo este tipo de prácticas.
Y es que -comentó- limitar las sanciones sólo cuando la víctima es obligada a someterse a este tipo de mecanismos, básicamente reconoce o identifica este tipo de prácticas, mismas que no tienen un sustento clínico, a sabiendas que existen muchas formas para manipular a una persona a que se someta a este tipo de prácticas, sobre todo los menores de edad, los cuales difícilmente denunciarían a sus tutores si les exigen participar en este tipo de prácticas.
De acuerdo con Arredondo, actualmente las terapias de conversión ya no son mediante tortura física, sino que utilizan mecanismos más sutiles y las disfrazan por medio de retiros espirituales u otro tipo de procedimientos.
Consideró que la reforma que planteó el Poder Legislativo también emitía sanciones para los profesionales que llevaran a cabo este tipo de prácticas, al grado de suspender o revocar las licencias, lo cual fue descartado en las recomendaciones que emite el Poder Ejecutivo.
Expuso que los argumentos de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, son prácticamente los mismos que externaron los miembros de los colectivos tradicionales.
“Se están modificando el Código Penal y la Ley para erradicar la discriminación, quieren que se quiten las agravantes, y dejar sólo si es funcionario público y en contra de los menores de edad; también elimina las licencias de las personas que realicen las terapias, no se le inhabilitaría su cargo a pesar de que está mal”, indicó.
“En el escrito que la gobernadora manda al Congreso, dice que la Ley contraviene el libre desarrollo de la personalidad y a elegir cualquier tipo de tratamiento. Eso es preocupante, porque a juicio de los que interpretamos, la gobernadora da su consentimiento para que las terapias pueda operar en el Estado”, asegura el estudiante y activista de los derechos de la comunidad LGBTTTIQA, quien señaló que ya sostuvieron comunicación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para, en caso de avanzar la reforma como lo plantea el Poder Ejecutivo, se interponga la acción de inconstitucionalidad correspondiente, toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya estableció parámetros para sancionar este tipo de prácticas.
“Está pensando mucho en las personas que realizan estas terapias y no en los miembros de la comunidad LGBT, que somos los que necesitamos protección por parte del Estado; está pensando en los responsables, en aminorar el daño para los responsables, cuando su gobierno se supone que es progresivo y diverso”, opinó Eduardo Arredondo.
Otra de las grandes trampas, dijo, es la conceptualización de lo que debe considerarse terapia de conversión, puesto que si se limita a identificarlo como “terapia”, se dejaría fuera cualquier mecanismo ajeno a la práctica sicológica o siquiátrica.
Arredondo reclamó que la Consejería Jurídica estableció una serie de puntos a considerar, pero no sugirió un texto para modificar la reforma y en algunos puntos se contradice, como al establecer sanciones para los padres mediante una temporalidad de trabajo comunitario, pero en el siguiente párrafo, determina eliminar los párrafos del 2 al 6 del Código Penal, donde precisamente se establecen las sanciones para los tutores de los menores.
— ¿La propuesta del Gobierno del Estado sería inoperante?, cuestionó ZETA.
“No totalmente inoperante, pero sí muy limitada, sería llegar a una Ley que básicamente va a ser operativa en un nivel muy básico. Teníamos un muy buen proyecto, una redacción acorde a la legislación nacional, porque estaba una propuesta en el Senado y la legislación de Baja California Sur está basada en una legislación nacional que abarcaba varios aspectos; por eso se enfocaron en Baja California Sur, la nacional apenas está en comisiones, pero teníamos una buena oportunidad porque sería una legislación más vanguardista y la están queriendo desmantelar por completo”, sentenció el activista.
