Bastó que un grupo de jóvenes -muchas de ellas estudiantes de diversas carreras universitarias- realizaran una protesta, para exhibir las deficiencias de la Fiscalía General del Estado (FGE). Las feministas no son el problema, sino la inoperancia gubernamental
El incendio provocado por un grupo de jóvenes feministas que se manifestaron a las afueras de las oficinas de la Fiscalía General del Estado (FGE), puede ser criticable por diversos sectores de la población, incluso los más liberales en torno a lo que debe ser una protesta. Sin embargo, imponer el ojo crítico ante cualquier prejuicio y miedo, es suficiente para comprender que la inoperancia gubernamental reinó durante este incidente; y si las consecuencias no fueron más severas, fue por pura suerte y de una reacción oportuna de personal de la Dirección de Bomberos.
Tanto la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, como el fiscal Ricardo Iván Carpio, se posicionaron en contra de los actos ocurridos el pasado domingo 1 de mayo, donde un grupo de feministas incendió el lobby de las oficinas de la FGE, ubicadas en Río Nuevo, aunque ambos enviaron un mensaje de respeto -al menos en discurso- hacia las protestas.
El edificio incendiado provocó que varias áreas de la FGE tuvieran que suspender actividades en su totalidad, e incluso causó que no pudieran hacerse depósitos de viáticos o combustible a elementos investigadores y ministerios públicos para realizar diligencias, lo cual mermó la operación del área investigadora.
Sin embargo, ¿a quién se debe responsabilizar por los actos ocurridos? ¿Es culpa de las jóvenes estudiantes que la situación haya escalado a tal grado? ¿Fue una respuesta de miedo o enconó la persecución política de la FGE hacia las colectivas?
Colegios de abogados se posicionaron en contra de las protestas, argumentando que se debe preservar el Estado de Derecho, cuando -al menos desde el 2019- Baja California no conoce el significado de esas palabras.
La responsabilidad es -sin duda- de la FGE, y me explico:
Desde la semana previa, funcionarios de la FGE tenían conocimiento de la protesta, a tal grado que cuando las jóvenes arribaron al edificio, un grupo de policías mujeres -y algunos hombres- ya estaban esperándolos para actuar en caso de emergencia.
A sabiendas de ello, ni la vicefiscal Hortensia Noriega, ni su equipo de trabajo, tuvo la capacidad de prevenir una situación de esta naturaleza; jamás intercedieron para medir riesgos o reducir el impacto que pudiera generar el colectivo (bastante reducido, por cierto).
Nadie buscó dialogar con las jóvenes, nadie intentó hacer un canal de comunicación, porque a la fecha no comprenden el origen de su inconformidad y no vuelven propios los mensajes de ira de las jóvenes, y mujeres en general; las consideran como revoltosas, pero no comprenden que se trata de un grupo de feministas cada vez más organizadas ante la necesidad de reconocimiento de la problemática y la indolencia de la autoridad.
Las manifestantes llevaron a cabo su protesta y los ánimos subieron de tono, por lo que -en una especie de catarsis- comenzaron a quebrar ventanas y finalmente prender fuego a la entrada.
Dentro de la unidad, ministerios públicos, policías y el escaso personal administrativo que estaba de guardia, se movilizó e intentó apagar el incendio con extinguidores; pero -para su sorpresa- estos no funcionaban, lo que ya representa una omisión severa por parte de la institución, pues queda claro que no tiene capacidad para reaccionar en caso de un siniestro, incluso no provocado de manera intencional.
El personal del segundo piso, incluido un niño que acompañaba a su madre trabajadora, se vieron afectados por el humo y tuvieron que salir huyendo de las oficinas. La alarma sonó y todos desalojaron el inmueble.
Las consecuencias del fuego son evidentes y lamentables, pero los funcionarios de la FGE (no los ministerios públicos ni la policía) tenían que proteger a su personal mediante estrategias no represivas; no obstante, prefirieron ausentarse de la oficina y dejar que la tropa resolviera el problema. El resultado fue desastroso, pues prácticamente se tomó una medida de venganza que culminó con la detención de 11 jóvenes, dos de ellas menores de edad, que, dicho sea de paso, fueron aprehendidas por circular en la zona con una vestimenta con la que -a juicio de los agentes- lucían como “feministas”, lo que ya representa un acto de discriminación. No conforme con ello, la FGE emitió un comunicado donde refirió que no fueron detenidas, cuando imágenes y videos confirman que las detuvieron como si se tratara de delincuentes.
El fiscal Ricardo Iván Carpio, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y la alcaldesa Norma Bustamante Martínez hablan de priorizar el diálogo, pero en ningún momento lo buscaron para escuchar a las colectivas, quienes tienen una inconformidad legítima; para muestra basta ver las cifras de feminicidios, los más de 11 mil casos de violencia familiar, las más de 10 mil órdenes de restricción y los cientos de desaparecidos cuyas madres buscan incesantemente. Pero bueno, la respuesta más sencilla para el gobierno es decir que “la violencia genera violencia”… como una medida de minimizar las causas feministas.
