El general Gilberto Landeros Briseño, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California, tiene historia en el estado; por eso, los ciudadanos lo recuerdan como parte “activa” del combate contra el narcotráfico.
Pero en aquel pasado, Landeros era segundo al mando; estuvo bajo las órdenes de los generales y comandantes, Sergio Aponte Polito (octubre 2006-agosto 2008) primero, y Alfonso Duarte Mujica (2008 -2012) después. Como un extraño, casi anónimo y apenas perceptible, pasó del general Sergio Magaña Mier como comandante de la Segunda Región Militar.
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En aquella época, por el esfuerzo coordinado, muchos criminales de alto perfil en los organigramas del narcotráfico fueron detenidos -liberados años después por las deficientes investigaciones de las fiscalías- y era común ver a Landeros en las conferencias en Tijuana, como comandante de zona.
Pero cuando tuvo más publicidad fue en junio de 2011, cuando encabezó el operativo en el que el ejército localizó en la propiedad del dueño de Grupo Caliente, Jorge Hank, 88 armas de uso exclusivo del Ejército, dos de estas involucradas en asesinatos. Delito del que Hank fue exonerado porque los militares no grabaron el operativo, y la juez Noveno de Distrito en Baja California, Blanca Evelia Parra Meza, aceptó como prueba de desagravio, una video editado presentado por los abogados del adinerado político.
En diciembre del 2021, ante su inminente nombramiento, se hicieron cuatro observaciones: lo que se sabe es que es un buen hombre y un militar identificado hasta el momento como honrado; tiene una excelente trayectoria “al interior” de la Sedena; los californios conocen sus resultados, pero como un mando subalterno; y a pesar de que su llegada era una imposición del gobierno federal, la opción propositiva, era darle el beneficio de la duda.
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A los bajacalifornianos les correspondió esperar para conocer sus logros en el corto plazo, ¿la sociedad necesitaba darse cuenta de cuál es su potencial? Ahora como cabeza de una corporación estatal: para dar órdenes, generar estrategias y reducir el número de criminales en las calles del estado.
Las expectativas eran amplias, debido a que, al haber sido impuesto en un gabinete bajacaliforniano, el funcionario estaba obligado a legitimarse en el nombramiento. Pero casi cuatro meses después, a 119 días de su llegada, el General Landeros les está quedando a deber a los ciudadanos, y este es un lujo que no puede darse.
Orgulloso, en febrero 2022 presentó el informe de resultados de enero, su primer mes, presumiendo reducciones en la incidencia; pero resulta que en la evaluación del primer trimestre la incidencia general creció -aunque mínimamente- un 3 por ciento, comparada con el año previo: de 21 mil 849 delitos denunciados a 22 mil 521 crímenes reportados.
Hubo 40 robos menos a casa habitación, 61 robos menos a comercio, pero el robo de autos aumentó en 455 carros, y hubo 466 más asaltos que el año pasado.
En el tema de homicidios siguen con la “contención”. En el pasado gobierno de Jaime Bonilla la cifra de ejecutado se disminuyó a partir del mes de septiembre del 2021. Y si se comparan los 633 muertos en los últimos meses del ese año, con los 600 asesinatos del primer trimestre del presente 2022, apenas son 33 homicidios menos.
De hecho, sus estadísticas de capturas -274 en enero, único mes que publicitó- están por debajo de las 8 mil 350 capturas -348 al mes en promedio-. incluidos 884 homicidas que tuvo en sus dos años el anterior comisionado de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación Carlos Flores.
La mayoría realizada por elementos operativos, los que se quedaron con el General, no con los investigadores de la Fiscalía Estatal.
Los boletines de la SSBC refieren capturas de 1 o 3 sujetos con drogas o armas, algunos con autos robados, dos o tres ladrones; mencionaron a un homicida en cuatro meses, y “tres objetivos prioritarios” de los que se desconoce la identidad.
Como detalle en contra, es de mencionar que nombró como subsecretario de seguridad a Octavo Santana, el militar que, siendo jefe de inteligencia de la policía municipal, realizó seguimientos a investigaciones acompañado del narcotraficante del Cártel Arellano Félix, José Roque García, paseándolo en patrulla.
Además, para la compra de tecnología está haciendo tratos con empresas ligadas a SeguriTech, la misma compañía que en medio de un proceso irregular, recibió del exgobernador Francisco Vega, el contrato para el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) de Baja California, para el cual entregó equipo obsoleto con sobreprecio.
Su plan incluye metas y objetivos genéricos, poco medibles; como, “suplir el combate frontal a la inseguridad, por prevención, combatir los factores y las causas”, para lo cual están todas las demás secretarias tienen más responsabilidad.
También: reestructurar la dependencia, algo que le dejaron establecido en Ley; disminuir las quejas contra la corrupción, dándoles cursos; mejorar los sueldos (algo que también ya está en Ley); así como el establecimiento del Consejo de seguridad que instaló hasta el 2 de marzo: aplicar tecnología incluidas tabletas para que los agentes hagan sus informes desde el lugar de los hechos, y establecer una red de 10 mil cámaras de videovigilancia; establecer otros comités vecinales; y reducir la incidencia.
De la prometida coordinación y confianza que tanto pregonó Landeros que haría realidad, pues ni hablar; se materializa únicamente en los patrullajes que se reparten las distintas instituciones con base en los mapas de calor que determinan en cuáles zonas de los municipios se cometen más delitos. Todas y cada una de las corporaciones de los tres órdenes de gobierno, recibieron la orden de reducir los homicidios, pero es evidente que cada cual anda por su lado, y el General no tiene ningún control.
Entonces, como reconoció la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, en la conferencia mañanero del miércoles 27 de abril en Tijuana, los resultados son poco satisfactorios.
