Sin fiscal ni magistrado Anticorrupción,
sin consejeros ciudadanos ni comité
especial de selección, así quedó la
estructura del Sistema Estatal
Anticorrupción a más de dos años del
arribo de Morena al poder en Baja
California, y a uno de la embestida que
emprendió Vicenta Espinoza, ex
secretaria de Honestidad y Función
Pública y el Congreso del Estado, contra
el organismo que pretendía prevenir y
ancionar uno de los principales
problemas del país: la corrupción. Hoy
no opera, tiene procesos judiciales y
una tibia iniciativa del Poder Ejecutivo
para componerlo
Los dos años y medio que Morena tiene en el poder en Baja California han sido un vendaval para el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA). Irónicamente, el gobierno que ascendió mediante un discurso combativo hacia las conductas ilícitas y favoritismos desde el ejercicio público, ha dejado de lado una reforma constitucional que desde el año 2017 tenía que implementarse; por el contrario, ha dirigido sus actos a destruirlo.
Tras la salida de Jaime Bonilla Valdez de la titularidad del Poder Ejecutivo, y con ello la de Vicenta Espinoza de la Secretaría de Honestidad y Función Pública (SHFP), se avecinaban nuevos aires para el SEA; pero hasta el momento, poco ha sido el interés por levantar el organismo desde las cenizas. Hoy en día, Baja California no cuenta con consejeros ciudadanos, Comité de Selección, fiscal ni magistrado Anticorrupción (aunque hay una encargada de despacho); y mantiene un proceso judicial con el ex secretario ejecutivo, Luis Irineo Romero, el cual ya ganó la primera batalla legal en busca de su reinstalación como titular.
El pasado 15 de abril, se cumplió un año desde que Vicenta Espinoza, titular de la SHFP, ordenó el desalojo de Irineo Romero, con lo que se inició la embestida del ex gobernador Jaime Bonilla Valdez, para “descabezar” al organismo ciudadano, lo cual concretó a los pocos meses después.
Lo único que se ha hecho por parte del flamante gobierno dirigido por Marina del Pilar Ávila Olmeda, es enviar una iniciativa al Congreso del Estado para acatar el mandamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declaró “inconstitucionales” los artículos 16 y 17 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Baja California, referentes a la conformación del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador, donde establece la cantidad de 15 consejeros y los separa por técnicos y honorarios, de los cuales, éstos últimos fueron considerados ilegales.
La intención es reducir a cinco el número de ciudadanos que conforman el SEA, por lo que la mayoría de las decisiones dentro del Comité Coordinador serán tomadas por funcionarios y servidores públicos, quienes tendrán una superioridad numérica.
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LA PROPUESTA DE MARINA
El 11 de marzo del 2022, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, presentó una iniciativa ante el Congreso del Estado para acatar la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual invalidó los artículos 16 y 17 de la Ley estatal en la materia.
El documento firmado por el secretario Catalino Zavala Márquez y dirigido a Juan Manuel Molina García, está conformado de 22 páginas y pretende reducir la injerencia ciudadana en el SEA, partiendo de los señalamientos de los ministros.
Cabe recordar que mediante una acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) con número 119/2017, la Suprema Corte determinó que era inconstitucional dividir a los miembros del Comité de Participación Ciudadana (CPC) en “técnicos” y “honorarios”, puesto que los primeros recibirían un sueldo y cumplirían con todos los requisitos establecidos en la Ley; mientras que los segundos tendrían un esquema totalmente diferente, pero sin percepción económica.
Los ministros definieron esto como un acto de discriminación, ya que había un sector que no cobraba, lo cual fue considerado ilegal y se exigió al gobierno de Baja California que eliminara a los “honorarios”.
Del mismo modo, cuestionó la cantidad de consejeros que forman parte del CPC, ya que son 11 integrantes, cuando a nivel nacional solo son cinco.
El proyecto de la mandataria estatal pretende eliminar a los “honorarios” y reducir a cinco el número de consejeros, lo que, a juicio de Luis Irineo Romero, ex secretario ejecutivo del SEA, sería reducir la representatividad de la ciudadanía.
Según su análisis, la SCJN consideró inconstitucionales a los consejeros “honoríficos”, pero no definió que tuvieran que ser cinco.
Y es que los integrantes del Comité Coordinador, donde convergen funcionarios y consejeros del SEA, tendría una marcada desventaja entre los ciudadanos y funcionarios, puesto que los segundos tendrían 11 escaños, contra los cinco “ciudadanos”; para empeorarlo, la reforma de la gobernadora refiere que el Comité Coordinador solo tendrá la intervención de un representante del CPC, y no los 11 establecidos inicialmente.
El SEA está conformado por tres colegiados:
*Comité de Participación Ciudadana: Conformado por los consejeros ciudadanos.
*Órgano de Gobierno: Conformado por los funcionarios que integran el SEA (síndicos, presidente del TSJE, secretario de Honestidad, presidente del ITAIP, fiscal Anticorrupción, auditor superior, presidente del TEJA).
*Comité Coordinador: Conformada por 11 consejeros y 11 funcionarios, con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva.
“Con esta iniciativa que presentaron, se busca reducir tanto la participación ciudadana, que muy posiblemente sirva solo de adorno la voz de la sociedad ahí representada”, refirió la diputada Daylín García, quien en su primera intervención en el Congreso del Estado presentó una iniciativa para mejorar al SEA, la cual propuso que al menos el CPC debe estar conformado por siete ciudadanos.
El diputado Juan Manuel Molina, rechazó que este tipo de modificaciones pretenda reducir la influencia “ciudadana” dentro del SEA, pues afirmó que los servidores públicos también son ciudadanos, y criticó que el SEA solo tenga representación -en su mayoría- del sector empresarial de Baja California.
También elimina el carácter de “vinculantes” las recomendaciones emitidas por el Comité Coordinador, lo que significa que las instituciones no están obligadas a aceptarlas. Esto bajo el argumento de que la SCJN consideró inválido este precepto. También define que el CPC debe considerar la paridad de género en su designación.
De igual forma, Irineo Romero establece que la reforma -como algo positivo- pretende clarificar que el Poder Ejecutivo no tiene injerencia sobre la investigación del SEA, sino que queda bajo la responsabilidad del órgano interno de control.
El último punto define que los consejeros no tendrán relación laboral con el Estado, pero se les pagará como prestadores de servicio.
SEA, EN EL OLVIDO
Ha sido tal el abandono del SEA, que ni siquiera la página de internet de la Secretaría Ejecutiva continúa operaciones. De hecho, la última actualización en su página de Facebook es de junio del 2021, cuando emitió una encuesta relacionada con el tema de corrupción.
En entrevista para ZETA, el abogado Luis Irineo Romero, recordó que hace poco más de un año fue “corrido”, mediante el uso de la fuerza pública, de las oficinas del SEA, bajo el argumento de que se negó a ser fiscalizado por la Secretaría de Honestidad y Función Pública.
Y es que, a su juicio, Vicenta Espinoza estaba imposibilitada para revisar las cuentas del SEA, debido a que es facultad exclusiva del Órgano Interno de Control, el cual es designado por el Congreso del Estado, el cual nunca nombró.
Desde ese momento se ha emprendido una lucha legal para que se le reconozca a Irineo como secretario ejecutivo del SEA; al grado de que ya ganó un amparo ante un juez del Décimo Quinto Circuito, pero tanto el Estado como el propio Irineo no estuvieron de acuerdo.
Los primeros solicitaron la revisión porque estaban inconformes con la sentencia, pero Irineo también se inconformó porque no definieron jurídicamente que el Estado no tiene injerencia, sino que es el órgano interno de control, el encargado de la investigación.
El diputado Juan Manuel Molina, negó que por parte del Poder Legislativo hubiera una campaña para perjudicar al SEA, y cuando se les negó el presupuesto, fue porque la institución no entregó el proyecto de egresos para el siguiente ejercicio fiscal.
Irineo Romero, justificó esta situación debido a que el Comité Coordinador no tenía facultades para sesionar vía remota; y por la imposibilidad generada por la pandemia, nunca se pudo sesionar para definir el presupuesto. Como solución pidieron copiar el mismo presupuesto del año anterior, lo cual fue -asegura- ignorado por los diputados.
El secretario ejecutivo del SEA, reclamó que la postura iracunda del pasado gobierno se dio a raíz de que se exigió un informe y una investigación serie relacionada con el tema de los “moches”, donde fueron vinculados tres funcionarios de la administración de Jaime Bonilla Valdez (Amador Rodríguez Lozano, Cinthia Gissel García Soberanes y Jesús Núñez Camacho) por el presunto cobro de sobornos a cambio de contratos para vender alimentos a las prisiones del Estado.
SIN CPC, FISCAL Y MAGISTRADO ESPECIALIZADO
Otra ausencia es la de varios consejeros del CPC, puesto que Eduardo Arredondo (entonces presidente del SEA), Jorge Topete, Claudia Téllez, Fermín Espinoza, Omar Marrón y Francisco Fiorentini fueron suspendidos por la SHFP el 1 de junio del 2021, y se les impidió continuar con su labor al frente del SEA.
Dos semanas después, el consejero Ricardo Zurita y Edgardo Silva también cumplieron su periodo al frente del SEA. A estos se les deben sumar los consejeros que dejaron su cargo en tan solo uno o dos años, como lo son: María Gloria Orozco González, Francisco Javier Rebelín Ibarra, Francisco Parral León, Claudia Virginia García González, Daniel Aarón Sotelo Heredia y David Álvarez García. Además, la consejera Rosa Martínez Esquivel renunció a su cargo para unirse al equipo de trabajo del pasado gobierno.
Tampoco se cuenta con nombramiento en la Fiscalía Anticorrupción, puesto abandonado por la abogada Olga Ojeda en enero del 2020, bajo el argumento de que el fiscal Guillermo Ruiz Hernández no le brindaba apoyo. Al renunciar, se incrustó en la nómina de la Secretaría General de Gobierno, con Rodríguez Lozano.
Ese mismo año renunció el magistrado Anticorrupción, Omar Curiel Villaseñor, emanado del PRI, reclamando la falta de apoyo del Poder Ejecutivo para ejercer su función. La Sala continúa operando con una encargada de despacho de nombre Leticia Castro Figueroa, quien ya ha emitido sentencias.
Molina García comentó que esa situación se está solventando con el trabajo de la encargada de despacho; recordó que el ex gobernador Jaime Bonilla Valdez, emitió una terna para la designación del Fiscal Anticorrupción, pero éste envió tres nombres sin currículums, por lo que no pudieron emitir un dictamen para su nombramiento.
“Hay un dicho de ‘tiburón no come tiburón’, y es muy simple: ¿Qué nos garantiza que un órgano que se dedique a investigar y dar seguimiento hasta llegar a castigar los actos de corrupción, tenga como interés el investigar a sus propios compañeros actuales, amigos del pasado o posibles jefes?”, refirió la legisladora de Movimiento Ciudadano, quien reclamó que el gobierno de Jaime Bonilla Valdez fue demasiado agresivo contra el proyecto ciudadano.
El diputado Juan Manuel Molina García, por su parte, externó que la próxima semana se estará analizando la posibilidad de subir el tema a la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, para realizar las adecuaciones pertinentes y solucionar la situación del SEA.
Agregó que se evaluarán las reformas, pero considera que no habrá otras grandes modificaciones posteriores, puesto que el fiscal Anticorrupción cuenta con las herramientas suficientes para operar. Esto pese a que en la reforma inicial de 2020, se planteó una Fiscalía sin personalidad jurídica.
Comentó que cuenta con autonomía e independencia, por lo que se cumplía con lo planteado por el SEA.
Tras definir la reforma, el Poder Legislativo tendrá que preparar la convocatoria para designar a los integrantes del Comité de Selección, el cual se encargará de definir a los próximos representantes del CPC de Baja California.
Para Irineo Romero, el tiempo perdido para la construcción de un SEA fuerte es demasiado; al menos -dijo- dos años de retraso ya se tiene, pero estiman que será más debido a todos los requisitos que se deben cumplir y evaluar.
Molina García no pudo asegurar que el SEA estará operando antes de que termine la Legislatura.
