Crisis en el DIF: protestas, muerte, omisiones

Foto: Jorge Dueñes
Edición Impresa lunes, 23 mayo, 2022 12:00 PM

Las manifestaciones de menores en el albergue DIF, develaron otras irregularidades: omisiones, malos tratos hacia niños y padres, y una menor fallecida, cuya madre se enteró por las noticias

Cuatro protestas de menores en 2022, dos niños fallecidos, omisiones, quejas de padres de familia e investigaciones por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), son algunas de las crisis que se han evidenciado en lo que va de la administración del DIF, durante la gestión de Marina del Pilar Ávila Olmeda al frente del Estado.

La noche del viernes 6 de mayo se reportó la primera revuelta de menores internados en el albergue temporal del DIF, ubicado en la Tercera Etapa del Río, por parte de Jaciel Ayala, encargado del lugar, al menos el primer reporte en el que se notificó a las autoridades de seguridad.

De acuerdo con empleados de tiendas vecinas y de venta de alimentos alrededor del lugar, el incidente del 6 de mayo fue el tercero en el transcurso de 2022, pues en realidad ya habían ocurrido dos más después del 14 de febrero.

“Tenemos nueve meses de haber abierto, y en ese tiempo, van cuatro veces que se escapan los niños y se suben al techo de aquí… no pueden avanzar más, las últimas dos veces llamaron a la patrulla y los bajaron, y en las otras dos ellos solos lo hicieron cuando la gente de ahí mismo los convenció”, dijo una empleada de la tienda Oxxo contigua.

Tres días después ocurrió el siguiente incidente, quien reportó fue la propia directora de DIF Estatal, Mónica Vargas Núñez, quien afirmó que la molestia de los jóvenes, se debió a cuestiones jurídicas en torno a sus casos, pues no existían situaciones de maltrato al interior.

A decir de los padres de familia de menores internos, la situación jurídica es más problema de los abogados de la institución, quienes disponen a su gusto la condición de cada menor.

El cuerpo de la menor Adriana Cano Flores de 7 años, fue localizado sin vida al interior de la presa el carrizo, esta mañana de domingo 8 de mayo.

Uno de esos casos es el de la menor Adriana, de 7 años, quien murió en la presa El Carrizo el 7 de mayo, que, a decir de los abogados de la familia, el DIF afirmó que tanto ella como sus tres hermanos no tenían familia, y al morir querían devolver el cuerpo al DIF e incinerarlo antes de cualquier investigación.

Adriana Walter Jiménez, abogada familiar del bufete Global Lex, comentó a ZETA diversas irregularidades que detectaron en la muerte de la menor, una de ellas, que DIF aseguró que tanto ella como sus hermanos no tenían familia, cuando era todo lo contrario.

Adriana, de 7 años, su hermana de 13, otro de 8 y uno más de 3 años, son hijos de una madre soltera, y por salir a trabajar, en ocasiones se quedaban a cargo de la abuela o de un tío. Una denuncia anónima a DIF por parte de una vecina, propició que le hicieran un citatorio para dos de sus hijos, y al pensar que era una situación escolar, llevó a los cuatro.

“La señora lleva a los cuatro y lo que sucede es que platican con todos, y lo siguiente que le dicen es que los niños ahí se iban a quedar, ‘tiene que firmar unos documentos, y si no los firma, vamos a llamar a la Policía’. La señora se intimidó, cayó en las mentiras que le estaban diciendo, firma documentos y se retira”, platicó el abogado a este Semanario.

Desde entonces, a Cecilia, madre de la menor, ya no la dejaron ver ni hablar con sus hijos, y aunque no entendió por qué se los habían quitado, decidió acatar las instrucciones del DIF, por lo que acudió al programa Escuela para Padres y a todas las sesiones de terapia sicológica que le pidieron. Sin embargo, se enteró de la muerte de su hija a través de las noticias.

“El domingo -8 de mayo- se entera que habían levantado una Alerta Amber el día anterior y vio la nota de que había desaparecido su hija Adriana; la señora preocupada, acude a Fiscalía -General del Estado- para saber qué procede con su hija, pues aún conserva la patria potestad, pero ahí los funcionarios le comentan que ella no puede pedir información ni estar ahí, y como Adriana estaba a cargo del DIF, a ellos les iban a entregar el cuerpo”, mencionó Jiménez.

Tras investigar, se dan cuenta que no sólo no les iban a entregar el cuerpo, sino que lo iban a cremar sin avisar a la familia, por lo que, a través de un amparo, lograron que se les entregara y permitiera ver a los otros menores, los cuales ya habían sido informados sobre lo ocurrido, incluyendo el menor de 3 años, también sin consentimiento de la mamá.

Los cuatro menores habían estado en el albergue temporal del DIF cuando ocurrieron las primeras dos protestas, pero después de lo ocurrido, fueron enviados a la casa hogar The Refuge Under His Wings, AC.

El bufete de abogados consiguió los servicios funerarios sin costo, en tanto, la denuncia penal continuará contra quien resulte responsable, en especial el DIF y la casa hogar, por negligencia y omisión de cuidados, o incluso homicidio, señaló Carlos De la O, abogado penalista que lleva el caso.

Al respecto, Ricardo Carpio Sánchez, fiscal general del Estado, señaló a ZETA que las investigaciones continúan y se fincarán responsabilidades en contra de la casa hogar, pues no contaban con permiso de DIF para sacar a los menores de paseo, y menos aún, a un lugar como la presa El Carrizo.

 

CHILD PROTECTION SERVICE

Fernando Sánchez Martínez, es otro de los padres que ha tenido que recurrir a otras instancias para poder saber de sus hijos, quienes también estuvieron en el albergue de Tijuana.

Él tenía un expediente abierto desde el 1 de junio de 2021, por un problema con su hija de 16 años. Tras meses de terapia sicológica familiar y con la menor, el padre de familia no vio avances significativos y decidió acudir a otra especialista.

Sin embargo, el 9 de febrero le pidieron ir a la Procuraduría de la Defensa del Menor acompañado de sus hijos, donde al llegar, los pusieron en diferentes cuartos y ya no los volvió a ver, hasta el 13 de mayo.

“Todo lo que está pasando es una arbitrariedad lo que hay ahí -DIF-, hay una mafia ahorita ahí adentro muy grande, desde los abogados, hasta la procuradora -Berenice López Meza-. Lo único que gané cuando acudí a ellos por apoyo, es que me tendieran un cuatro y me quitaran a mi otro niño de 8 años también”, relató.

Los menores ingresaron al albergue desde el 9 de febrero, pues tampoco accedieron a dárselos a algún familiar, pero por ser nacidos en Estados Unidos, personal de DIF contactó a Child Protection Service del vecino país, a donde fueron trasladados apenas el 9 de mayo, tres meses después.

“DIF nunca nos avisó que habían enviado a los niños al Child Support de Estados Unidos, a los días ellos nos contactaron y nos dijeron que ahí estaban, y nos pidieron permiso para quedarse un par de días con ellos y analizar el caso. Por supuesto que accedimos, y después nos regresaron al niño, la niña no quiso volver con nosotros, pero se quedó con un familiar allá, se nota la diferencia de un país a otro”, dijo.

Sánchez responsabilizó de la falta de comunicación con sus hijos y mal manejo de su caso a la abogada de DIF, Milca Daniella Carrillo Vázquez, quien en muchas ocasiones negó la situación que estaban pasando con los menores.

“Hay una licenciada que se llama Milca Daniella Carrillo, como tiene la autoridad total, ellos deciden quién entra o quién no entra, o quién visita o no visita el albergue. Ella nos obligó a firmar un documento para enviar a mis hijos a Estados Unidos, y con tal de no seguir peleando, lo hicimos. Nos obligó en el sentido de amedrentarnos, decirnos que ya no los íbamos a ver, que para recuperarlos iba a pasar muchísimo tiempo. Con esta institución se siente una impotencia tremenda, por eso preferimos que los enviaran al otro lado”, aseguró.

Ante esto, aprovechaban para ver a su hijo menor a la hora del receso, a través de un espacio que encontraron al lado de la plaza que está cerca de ahí, pues desde el segundo piso, había un pequeño lugar desde donde podían identificar al menor.

“Hasta en la cárcel te permiten ver a la persona que cometió algún delito, desde los más sencillos hasta los más graves, y a nosotros no nos dejaban”, recalcó.

Las dos únicas veces que pudieron verlos, fue porque la CEDH intervino.

Tras recuperar a su hijo, Fernando detectó que su comportamiento no es normal, desde que lo observaban a escondidas en el albergue, el niño comentaba que ya no quería que lo vieran por ahí, pues “algo malo les podía pasar”, además, tiene pesadillas en las noches, pero no han querido presionarlo para que hable, pues consideran que el menor debe hacerlo a su ritmo.

 

VIOLENCIA SICOLÓGICA

Otro de los casos con irregularidades es el de Socorro y su hija. La joven de 16 años se escapó con el novio en enero. Asustada, Socorro solicitó una Alerta Amber, pero ella misma la localizó con familiares.

Al hacerlo, acudió a la FGE para avisar que ya la habían hallado y retirar la alerta, pero la menor, enojada, aprovechó para acusar a su madre de maltrato y, como esas denuncias se persiguen de oficio, la joven fue remitida al albergue desde enero.

Consciente de la situación, Socorro, quien es madre de otros tres hijos, aceptó ser investigada por las autoridades, pues dijo no tener nada que ocultar. Su hijo mayor, de 22 años, ya independiente; su hija de 18, estudiante de universidad y su hijo menor de 11, podían dar fe de cuál era la situación y dinámica familiar.

La menor internada mantiene contacto a través de su hermana mayor, pues a Socorro no se le permite acercarse por estar bajo investigación, sin embargo, esta ni siquiera ha iniciado, pues ha acudido en diferentes ocasiones a la FGE, donde sólo le ratifican que hay denuncia en su contra, no así avances.

Aunque la joven asegura que físicamente no hay maltrato y están bien alimentados, Socorro y su hija de 18 años han detectado algunas irregularidades, como maltrato sicológico.

“Mi hija tiene problemas de la vista, desde que estaba chiquita, los lentes que usa son caros, no me dejan verla, pero me llamaron para decirme que le llevara los lentes, eso me dice a mí que el DIF no tiene para proveerles lo que necesitan en torno a su salud, pero además, le dicen a mi hija que tendrá visitas físicas en ‘la casita’ -cuarto asignado para visitas presenciales-, ella se ilusiona por saber que me va a ver a mí o a su hermana, pero cuando llega, sólo ve los lentes sobre la mesa. No sé, pero eso lo considero maltrato sicológico, también supe que le decían que nadie la buscaba, que nadie la procuraba ni preguntaba por ella, cuando no sólo me tiene a mí haciéndolo, sino a su hermana y a su abuela”, comentó a ZETA Socorro.

La menor fue testigo de todas las protestas, aunque no participó, comentó a su hermana lo sucedido, quien le sugirió no involucrarse si había más, pues podría ser un pretexto para llevarla a algún otro lugar y desaparecerla, ante el temor de lo ocurrido con la niña Adriana.

Otro de los detalles que identificaron, fue que la joven ingresada, quien siempre fue buena estudiante, ganó un concurso interno de dibujo, y como premio se la llevaron junto con otros jóvenes a Ciudad de México, donde conocerían al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Aunque fueron bien tratados, la familia no se enteró hasta que la joven les contó lo sucedido, “eso para mí es un paseo clandestino, pues nunca nos avisaron, no nos pidieron permiso, nada, y si algo hubiera sucedido, ¿en quién recae la responsabilidad?”, cuestionó Socorro.

NO LOS DEJAN PASAR

Miguel Ángel Mora Marrrufo, presidente de la CEDH, comentó a este Semanario que acudieron el 11 y 12 de mayo al albergue del DIF en Tijuana, pero el personal no los dejó ingresar.

“Acudimos el 11 y el 12 de mayo, donde nos fue negada la entrada, para garantizar un derecho y un principio que es básico dentro de la convención, que es escuchar la opinión y la voz de los niños, niñas y adolescentes respecto a la toma de decisiones en torno a ellos; pero ante la negativa, el 12 de mayo emitimos otras medidas de protección que fueron aceptadas el viernes 13, donde se acordó una fecha de visita”, admitió el funcionario.

Ese día se pactó el jueves 20 de mayo como fecha de visita, en la que la CEDH, además de pedir ingresar al recinto, solicitó que los menores no tuvieran represalias, se garantizara su derecho a la opinión y a ser entrevistados por parte del organismo.

Las revueltas suscitadas por los menores han sido integradas en una sola investigación y ya están a punto de concluirse, sin embargo, abrieron dos carpetas más por el caso de Adriana y el niño Iván, en Mexicali, las cuales todavía se están integrando.

Por otro lado, señaló que es posible que el DIF no permitiera el ingreso al albergue por cuestión de desconocimiento de las obligaciones para la CEDH, ya que cuando los contagios de COVID-19 estaban en auge, esos eran los protocolos de higiene y seguridad.

Sin embargo, la omisión de la autoridad al no dejarlos pasar, formará parte de un criterio de investigación y de funcionamiento de la institución para fincar una responsabilidad.

“Por eso hemos estado solicitando los procedimientos administrativos y penales, es decir, no solamente nuestra investigación, sino que se aperturen los procedimientos ante el órgano interno de control del propio DIF, y en su caso, procedimientos penales cuando en su momento hubo manifestaciones de malos tratos”, recalcó Mora Marrufo.

Adelantó que parte de las quejas de las manifestaciones recientes, se deben a la falta de reunificación familiar, no sólo con sus padres, sino con hermanos de la misma familia y son puestos en distintas casas hogar.

El titular de la CEDH dijo no tener conocimiento de las primeras dos protestas realizadas este año, pues no hay registro policial al respecto.

De acuerdo con información de la CEDH, en 2020 hubo 51 quejas contra DIF: 21 en Tijuana, 18 en Mexicali y seis en Ensenada, donde los principales derechos vulnerados fueron el de seguridad jurídica (25 casos); al trato digno (22); a la igualdad (15); y a la integridad y seguridad (6).

Mientras que en 2021 fueron once: siete  en Tijuana y cuatro en Mexicali; siete fueron por violación al derecho de trato digno, y tres por seguridad jurídica.

En lo que va de 2022, se han reportado siete quejas: cinco por derecho al trato digno, una por seguridad jurídica, otra por derecho a la igualdad, y unamás a la integridad y seguridad personal.

Mónica Vargas Núñez, directora de DIF estatal, detalló que hay 2 mil 500 menores repartidos en 98 casas hogar y dos albergues.

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