De ex Secretario de Gobierno a mezcalero, Amador Rodríguez Lozano ahora comercializa un producto destilado del agave plagado de opacidad, evasión fiscal, incumplimiento de normas sanitarias y un posible conflicto de interés
Irregularidades encontradas en la comercialización de un destilado de agave de la marca AMARLO, propiedad de Amador Rodríguez Lozano, exhiben opacidades e ilegalidad que podrían haberse cometido, entre ellas la evasión fiscal y el incumplimiento de normas sanitarias.
A la par, exhibe relaciones empresariales entre funcionarios de la anterior administración, en las que podría haber conflicto de interés en la implementación de una política pública para rescatar zonas de Tijuana.
AMARLO MEZCAL es el nombre de la marca del destilado de agave comercializado por Amador Rodríguez Lozano, ex Secretario General de Gobierno en la administración de Jaime Bonilla Valdez (2019-2021).
El producto se vende en el Cereus Bar, un establecimiento inaugurado en febrero de 2019, ubicado en las inmediaciones de la garita El Chaparral, en cuyo interior resalta un letrero de neón, con tipografía blanca, en el que se lee el nombre de la marca y acrónimo del político de origen priista y ahora identificado con Morena.
Aunque las etiquetas traseras de las botellas se indica con claridad el nombre del comercializador, su dirección y Registro Federal de Contribuyentes (RFC), denunciantes dijeron a ZETA que las botellas de diferentes variedades con las que se llenan los shots -cuyo costo oscila entre 125 y 160 pesos por cada uno- carecen del marbete (etiqueta) o precintos del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Dos especialistas en Derecho consultados por este Semanario comentaron que los marbetes del SAT o de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) son el “signo distintivo de control fiscal y sanitario”.
Estas etiquetas “garantizan que el producto fue legalmente importado, que están legalmente en el país si fueron producidos en territorio nacional, que no es producto adulterado y que se cumple con todas las obligaciones en materia de Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)”, expuso el abogado fiscalista Adolfo Solís Farías.
Refirió que cuando no se cuenta con marbete procede el embargo de la mercancía. Si es en un establecimiento formal, procede la clausura “por vender bebidas que pudieran estar adulteradas”, así como una multa administrativa que va de 9 mil a 16 mil pesos, según el Artículo 19, Fracción V, del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), que se vincula con el Artículo 81, Fracción 18 y con el 82, Fracción 18, del Código Fiscal de la Federación, puntualizó.
El otro especialista consultado resaltó que las personas físicas o morales (empresas) inscritas en el Padrón de Contribuyentes de Bebidas Alcohólicas en el RFC como productores de bebidas alcohólicas nacionales deben hacer el trámite gratuito, únicamente haciendo el pago de derechos, para la obtención de marbetes y precintos. “El costo por cada marbete es de $0.5178, y por cada precinto $1.93”.
Otra irregularidad denunciada a este Semanario es que la botella de cristal de la variedad espadín (que puede adquirirse en el lugar por 900 pesos), no sólo no cuenta con el holograma del SAT; tampoco tiene la etiqueta del Consejo Mexicano Regulador del Mezcal (Comercam); ni el número de lote, y año de producción.
Neftalí Sánchez Celaya, gerente de calidad del Comercam, indicó que si una botella no cuenta con el holograma de alguna de las entidades certificadoras, significa que la bebida no está certificada por el organismo evaluador, bajo la Norma Oficial Mexicana NOM-070-SCFI-2016, aun cuando la marca sí lo esté.
Una botella que está certificada debe llevar un sello de certificación, que “es una pequeña estampilla, en nuestro caso la que otorgamos mide 1 x 2 centímetros, trae el logotipo institucional, […] un código QRL y una numeración única. Esos elementos hacen que esa codificación sea única por botella, y ése es bajo el esquema de certificación, obligatoria”.
Al ser una asociación civil, por la emisión de cada estampilla, el Comercam cobra una cuota de recuperación que le permite operar. El monto por cada botella oscila entre 60 centavos y un peso dependiendo del volumen de litros producidos y envasados al mes, “que es relativamente simbólico, porque el precio de una botella es de varios cientos de pesos o pasa de los mil pesos”.
El que una botella no cuente con el número de lote infringe la NOM-070-SCFI-2016, así como disposiciones de la Secretaría de Salud, apuntó Sánchez Celaya. Según la NOM-070, el número de lote puede escribirse a mano siempre y cuando no pueda borrarse, ya que es la manera en la que “la persona que llenó las botellas va a diferenciar una producción de otra”.
En entrevista por separado, Jesús Cantú, jefe de la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia de la Secretaría de Economía, destacó que el holograma de cualquiera de los cinco organismo evaluadores de la conformidad existentes –entre ellos Comercam- permite “la trazabilidad y rastreabilidad” de toda la cadena de valor.
Es decir, desde un primer momento también se tiene que tener una georreferenciación que permita establecer dónde está sembrado el agave, que sea de uno de los nueve estados de la República mexicana con denominación de origen. “Después tiene que ir al productor, se tiene que verificar todo el proceso de la producción, de lo que es en sí mismo el mezcal y el envasado, y finalmente la comercialización”.
Aclaró que uno de los elementos claves en las denominaciones de origen es que “no puede haber más mezcal del que se tiene registrado, que puede ser posible producir a partir de los agaves sembrados, por eso mismo es importante poderlo trazar”.
El funcionario federal hizo énfasis en que “no debería expenderse absolutamente ninguna botella que no tenga este sello de certificación”. En suma, dijo, no se puede denominar mezcal una bebida y venderla como tal si no se cuenta con la certificación, pues la denominación de origen aplica en México y en el mundo.
UNA MARCA CEDIDA
Según el Comercam, la marca AMARLO sí está certificada ante ese organismo evaluador. En su etiqueta se señala un domicilio en la Privada Islas, en Terrazas de Mendoza, área exclusiva de Playas de Tijuana que cuenta con acceso controlado.
Información pública del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) señala que, en septiembre de 2018, la marca fue registrada por el señor Epigmenio (que actualmente cuenta con 90 años de edad) y Ariadna Martínez (esta última con el 90% de los derechos); los dos con domicilio en Oaxaca.
Meses después, ambos cedieron los derechos a Amador Rodríguez Lozano, quien quedó como único titular. “Las partes acuerdan que la trasmisión de derechos de marca a favor del cesionario, tendrá un costo de $1.00 (un peso 00/100 M.N.)”, señala la cláusula tercera del contrato de cesión de derechos, con fecha del 15 de enero de 2019.
Luego de haberse llevado a cabo una entrevista conjunta entre ZETA y un medio local, con Ariadna, en la que se le hicieron preguntas relacionadas con la marca y la producción de mezcal, la mujer envió un mensaje en el que indica que no da su consentimiento para publicar lo de la entrevista, “ni usar mi nombre o el de mi abuelo. Si llegase a ver la entrevista hecha, tomaré las medidas pertinentes”.
Por otro lado, este Semanario tuvo acceso al formato de Cofepris de Aviso de funcionamiento de establecimiento de productos y servicios, en el que Rodríguez Lozano registró el establecimiento con razón social “Almacén Rodríguez Lozano”, en el mismo domicilio de Playas de Tijuana.
En el documento, con acuse de recibo del 28 de octubre de 2018, se describe como denominación genérica y específica del producto o servicio la “venta y distribución de mezcal joven al por mayor”, y como fecha de inicio de operaciones marca el 30 de septiembre de 2019, con un horario de 9:00 a 15:00 horas.
Especifica que los procesos relacionados con los productos de la marca AMARLO son: transporte a temperatura ambiente, distribución y almacenamiento a temperatura ambiente.
La dirección señalada en los documentos oficiales corresponde a una vivienda, cuya propietaria es la esposa de Rodríguez Lozano, según el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Baja California.
Debido a que la zona es habitacional, ZETA consultó a un especialista en temas relacionados con urbanismo, quien refirió que de acuerdo con el Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Tijuana (PDUCP-T 2010-2030) la actividad de almacén o de bodega “no es compatible” con el uso de suelo de la zona y estaría prohibida.
Si se aplica el instrumento más específico, el Programa Parcial de Crecimiento de Playas de Tijuana existe cierta ambigüedad por la que podría determinarse como factible, sin embargo, “hay más contras que pros”, porque la vialidad, la calle Isla, “no cumple ni para bar, ni para restaurante, ni para almacén”.
Un especialista legal observó que de acuerdo con el Artículo 115, Fracción V, de la Constitución Política de nuestro país los municipios están facultados, entre otras cosas, para autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de sus competencias y en sus jurisdicciones territoriales.
Por tanto, para operar un establecimiento comercial y/o industrial requiere contar con permisos y/o licencias municipales, lo que implica contar con un uso de suelo afín a la actividad que se va a desarrollar.
ZETA consultó el registro de los permisos que están en el periodo de revalidación para venta de alcohol del XXIV Ayuntamiento de Tijuana sin que haya constancia de la razón social “Almacén Rodríguez Lozano”.
En la Plataforma Nacional de Transparencia tampoco aparece ningún registro a nombre de dicha razón social, ni a nombre del ex funcionario público o de su esposa, durante el ejercicio 2019.
UN FUNCIONARIO DUEÑO DEL BAR
A unos días de la transmisión de derechos de la marca, el 16 de mayo de 2019, en el Cereus Bar se llevó a cabo el takerover de la marca AMARLO en Tijuana.
Casi un año después de la apertura del bar, ubicado en la calle José María Larroque, en la colonia Federal, en las inmediaciones de la garita de El Chaparral, se inauguró el Elvira & Restaurant, en la esquina de la calle Sexta y la avenida Constitución, en la Zona Centro.
Su superficie -de alrededor mil 900 pies cuadrados- quedó vacía, después de que el establecimiento cerró a principios de 2022, compartió uno de los residentes del área.
Entre los accionistas de ambos bares en Coyote Projects figura Miguel Marshall, quien en la administración de Bonilla Valdez encabezó el programa de Regeneración de Distritos Económicos, impulsado por la entonces Secretaría de Economía Sustentable y Turismo (SEST) dirigida por Mario Escobedo Carignan.
Según el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía, Marshall es socio de un cuñado y una sobrina de Amador en dos empresas.
Miguel Marshal también es socio de Regeneración Urbana Tijuana, S.A. de R.L. de C.V., compañía que se constituyó en 2017
En 2018, el entonces presidente del CDT, Rubén Roa -y quien posteriormente fungió como subsecretario de la SEST-, comentó que ese organismo empresarial colaboraría con Centro Ventures, en el proyecto de hacer un edificio de uso mixto en la calle Segunda.
Un boletín del 9 de junio de 2018, refiere que en conferencia de prensa Marshall aseguró que Centro Ventures ya ha colaborado con el CDT y la autoridad municipal para generar espacios en la colonia Federal, así como el desarrollo de oficinas para el trabajo en la calle Sexta.
Pese a que todas las empresas en las que aparece Marshall como socio fueron constituidas antes de 2019, en el currículum publicado como funcionario público de la SEST por el Gobierno del Estado se señala como única trayectoria profesional del contador público egresado del CETYS, haber sido director de Centro Ventures, de 2015 a 2019.
El 28 de enero de 2020, Bonilla Valdez y Escobedo Carignan anunciaron el Programa de Distritos de Regeneración Económica en el que se invertirían 75 millones de pesos, con el fin de generar una “gran plusvalía” en las colonias Libertad, Federal y Centro.
Dentro de dicho programa se contempló la construcción del distrito de Regeneración Económica “Centro”, Garita El Chaparral.
Ante un posible conflicto de interés de Marshall, ZETA solicitó a tres dependencias del gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda información sobre el proyecto que se desarrollaría, primero como parte de un fideicomiso con Intercam y después como parte de un convenio modificatorio de un contrato de crédito signado con BBVA, por 500 millones de pesos, que incluía ése y otros proyectos de infraestructura.
La Secretaría de Economía e Innovación refirió que había cruzado información con Sidurt, quien indicó que “nunca se presentó presupuesto, ni proyecto ejecutivo, por lo cual no se canalizó recurso”.
Por separado, Sidurt contestó a ZETA que se había encontrado un documento “muy limitado y esquemático” y, que dado que no fue recibido en la lista de asuntos en proceso de seguimiento por parte de la anterior administración, no se puede determinar si el documento es real.
La Secretaría de Hacienda del estado indicó que dicho proyecto se eliminó de la relación de obras del FAFEF en otro convenio modificatorio con el banco, dado que la administración pasada dejó “un listado de proyectos que no tenían condiciones para iniciar, sin proyecto, sin estudios de factibilidad (…) obras pequeñas sin sentido”, aparentemente sólo con la intención de disponer de los 3 mil millones de pesos de deuda a largo plazo que el Congreso autorizó a Bonilla Valdez, a meses de que terminara su gestión.
ZETA solicitó una entrevista presencial con Miguel Marshall, quien pese a dar su palabra de que el encuentro se llevaría a cabo en las oficinas de esta casa editorial no acudió en dos fechas distintas.
Para este reportaje también se buscó una entrevista presencial con Amador Rodríguez, sin que hasta el cierre de edición (jueves 28 de abril) haya habido respuesta.
