Juan José Pon, titular de la Consejería Jurídica, ha cobrado notoriedad recientemente dentro de la administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda, como uno de los principales paladines de la defensa jurídica contra la empresa Next Energy y Banca Afirme por parte del Poder Ejecutivo, pues sus agresivas declaraciones hacia ambas empresas y al gobierno anterior, le han abierto una brecha para ocupar cierto protagonismo junto con el titular de Hacienda, Marco Antonio Moreno Mexía. Sin embargo, lo que no se comenta de su persona es su activa intervención como defensor de la agenda conservadora en Baja California, la cual -mediante su intervención en la creación de leyes- ha bloqueado -o al menos intentado- frenar temas coyunturales para las agendas progresistas. Tanto Pon como el director de Proyectos Legislativos, José Fernando Velardez, son los artífices del “freno” a la reforma al Código Penal y a la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en Baja California, que prohíbe las terapias de conversión. La gobernadora nunca ha contemplado ese tema como una de sus prioridades, por lo que realmente no tuvo una operación o intervención activa, pero tanto Juan José Pon como Velardez, le vendieron la idea que representaba un desastre legislativo, pese a que el proyecto fue ampliamente analizado en mesas de trabajo con colectivos de la comunidad LGBTTTIQA, por los representantes del Parlamento Juvenil (de donde se originó la iniciativa) y comparado con las definiciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al grado de convertirse en una de las legislaciones más vanguardistas a nivel nacional. Pon y Velardez, pues, “bloquearon” la información e incluso intentaron dar marcha atrás al tema del aborto. Ambos son considerados los alfiles del conservadurismo dentro del gabinete de Ávila Olmeda.
