Los abogados Juan Antonio Araujo Rivapalacio y César Omar González Hernández, denunciaron, el 26 de mayo del 2022, ante la la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción (FECC), al también litigante Juan Ramón Collado Mocelo, además de sus hermanos, Antonio y María Julia, y, sus hijos, Juan Ramón y María del Mar Collado Dot, por haber faltado a la verdad en sus declaraciones.
Así como, también, a Alejandro Gertz Manero y a Juan Ramos López, titulares de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), respectivamente, además de a Manuel Granados Quiroz, Fiscal Especial de Control Competencial, y, a los agentes del Ministerio Público, María Eugenia Castañón Osorio, Araceli Velasco Santiago, y Celiflora Ruiz Luis.
Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur de la Ciudad de México, suspendió, el 19 de mayo del 2022, las órdenes de aprehensión contra tres abogados del despacho Araujo, González, Peimbert, Robledo y Carrancá, así como de un asesor financiero y representante de Grupo Afirme.
“La profesión de la abogacía se enfrenta hoy a un sistema que tiene su base en el más deleznable fin de la procuración de justicia: la Fiscalía General de la República se instituye como un despacho particular al servicio del doctor Alejandro Gertz Manero”, dijeron los denunciantes
“[…] quien la instrumentaliza de manera vil e ilícita, con los únicos propósitos de atender una agenda personal marcada por la venganza y el odio, utilizándola en forma facciosa para fabricar delitos en nuestra contra”, acusaron los abogados ligados a Julio Scherer Ibarra, ex titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia.
A los funcionarios federales acusados, Araujo Rivapalacio y González Hernández les atribuyen delitos contra la administración de la justicia, intimidación y violación a la Ley de Amparo, ya que les ocultaron las actuaciones de su investigación, rindieron informes falsos en amparos y desacataron una suspensión que los obligaba a darles acceso a la indagatoria en su contra.
La premisa de la denuncia de los litigantes es que Gertz Manero ha hecho un “despliegue arbitrario de poder”, en venganza por las publicaciones de la revista Proceso, a partir del 25 de septiembre del 2021, cuando dio a conocer que el titular de la FGR había comprado una casa en la colonia Lomas de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo, de la Ciudad de México.
Según Araujo Rivapalacio y González Hernández, como consecuencia, el titular de la FGR ha coaccionado a personas como Collado Mocelo o Paulo Díez Gargari -abogado que ha litigando el caso del Viaducto Bicentenario- para que denuncien a Scherer Ibarra, a quien Gertz Manero responsabiliza de las publicaciones.
“Como consecuencia de la falsa idea de que el licenciado Julio Scherer dirigió las publicaciones de Proceso, el fiscal Gertz ordenó el inicio de investigaciones en nuestra contra y otros para favorecer sus intereses personales de venganza, instruyendo la utilización de diversos imputados que se encuentran relacionados a procesos legales a cargo de la Fiscalía que dirige, con el propósito ilícito de fabricar delitos en nuestra contra”, acusaron los abogados.
“Salta a la vista que existe una indebida instrumentalización de la FGR, por parte del fiscal Alejandro Gertz Manero, para crear o fabricar asuntos de acuerdo a su agenda e intereses personales”, según indicaron los litigantes.
“[…] especialmente en la Fiscalía de Control Competencial, cuyo titular es Juan Ramos López, así como también es clara su intención de ejercer presión mediante mecanismos extorsivos o coercitivos sobre personas imputadas en carpetas de investigación, ofreciéndoles beneficios indebidos a cambio de una declaración guiada por él, acorde a sus intereses personales”, abundaron.
“[Gertz Manero y Ramos López] han coaccionado al señor Collado, amedrentándolo y ofreciéndole un criterio de oportunidad legalmente improcedente, a fin de que declare falsos en nuestra contra y así poder fabricar acusaciones y vengar las publicaciones de la revista Proceso”, insistieron.
En su querella, los dos litigantes también denuncian por el delito de falsedad en declaración a Collado Mocelo y a sus hermanos Antonio y Julia, así como a Juan Ramón y María del Mar Collado Dot, hijos del primero de ellos, por supuestamente mentir cuando dicen que fueron presionados para aceptar como abogados a Araujo Rivapalacio y a González Hernández, o que les exigieran su cartera de clientes.
Ambos litigantes también acusan que es falsa la fecha del poder notarial que Collado Mocelo le extendió a su hijo para que retirara un cheque en España y pagara 1 millón 381 mil 851 euros a un intermediario de los abogados, como parte de la supuesta extorsión.
Los denunciantes exhibieron copias e imágenes de conversaciones de la aplicación de mensajería WhatsApp, para señalar que fueron los Collado quienes los buscaron para ofrecerles clientes o para que se hicieran cargo de la defensa del ahora procesado.
Araujo Rivapalacio y César Omar González Hernández agregaron a su querella una imagen del poder notarial referido, para exhibir que fue emitido cuatro meses después de la fecha en que lo declaró Collado Mocelo a la Fiscalía General de la República.
La acusación fue enviada con copia al presidente Andrés Manuel López Obrador, así como a Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Mesa Directiva del Senado, y, a Sergio Gutiérrez Luna, de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, además de María del Rosario Piedra Ibarra, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Los términos de la denuncia son coincidentes con la que Scherer Ibarra presentó a finales de abril del 2022, en la misma FECC, contra Gertz Manero, por los delitos de tráfico de influencias, coalición de servidores públicos y asociación delictuosa.
FGR APELA FALLO A FAVOR DE ABOGADOS ALLEGADOS A SCHERER; PIDE CAMBIAR A JUEZ
La FGR solicitó, el 25 de mayo del 2022, que, de ordenarse la reposición del procedimiento, ya no sea el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna quien resuelva el caso de los tres abogados y un asesor financiero allegados a Scherer Ibarra.
Al apelar la no vinculación a proceso, la fiscal María Eugenia Castañón Osorio pidió a un tribunal unitario declarar impedido a Delgadillo Padierna para llevar la eventual audiencia, dada su “predisposición”, falta de “imparcialidad” y “profesionalismo”.
“Su resolución… ni fue imparcial, ni objetiva ni profesional, por lo que debe ser revocada y, en su lugar, debe emitirse otra conforme a derecho, sin devolverle la jurisdicción al A quo (juez de control), pues éste tiene impedimento para seguir conociendo del asunto”, señaló la fiscal.
“El juzgador hizo manifestaciones contrarias a la litis, ya que de forma injusta e insultante el juez señaló a la FGR de emplear versiones inverosímiles, que hubo una actuación de mala fe, que ocultó información, que se emplearon pruebas fabricadas, que se afirmaron falsedades, que se apostó al error judicial y que nuestro actuar había sido perverso indicando: ‘si en el actuar del Ministerio Público existe perversidad, se necesita a Dios como abogado’. Sin embargo la frase completa refiere que ‘el que tiene por juez a un acusador, necesita a Dios por abogado'”, abundó.
En su apelación, la FGR presentó nueve agravios o argumentos para tratar de revertir en segunda instancia el fallo en favor de los abogados Juan Antonio Araujo Rivapalacio, César Omar González Hernández e Isaac Pérez Rodríguez, y el asesor financiero David Gómez Arnau.
En sus nueve argumentos, la FGR no invoca un conflicto de interés del juez de control, como sí lo acusa Collado por el hecho de que René Juvenal Bejarano Martínez, tío de Delgadillo Padierna, salió de la cárcel en el 2005, defendido por el despacho Araujo, González, Peimbert, Robledo y Carrancá, cuyo socio es uno de los imputados en este asunto.
El primer argumento de la Fiscalía General de la República es que es falso que exista un efecto corruptor en la denuncia de Collado Mocelo contra los imputados, por el hecho de haber sido presentada bajo la solicitud de un acuerdo reparatorio y un criterio de oportunidad.
La FGR dijo que no ha tramitado ninguna petición de reparación del daño y en el caso del criterio de oportunidad establece que no ha sido otorgado a Collado Mocelo, además de que es un mecanismo que no es ilegal, contrario a lo que atribuye haber dicho al juez federal.
“El criterio de oportunidad fue solicitado por Juan Ramón Collado Mocelo, sin embargo, la Fiscalía no lo ha otorgado (tal y como fue expuesto en la audiencia), pero lo que sí debía hacer y lo hizo fue el investigar lo denunciado como es su obligación”, insistió la institución de procuración de justicia en sus alegatos.
“[…] ya que, de lo contrario, estaría convirtiéndose en cómplice de los denunciados. Por ello el Juez no tiene razón en vincular el criterio de oportunidad con la investigación”, señaló la fiscal Castañón Osorio, quien con dicho argumento pretende revertir el razonamiento bajo el cual el Delgadillo Padierna invalidó los 75 datos de prueba contra los imputados, por su supuesta falta de fiabilidad.
“Asimismo, a la aseveración hecha por el juzgador en el sentido que ‘la Fiscalía mantiene en la cárcel a Juan Ramón Collado Mocelo y por otro lado lo defiende’ es absolutamente injusto y más por un juez etiquetar a las víctimas y categorizarlas. El hecho que una persona sea imputada en un proceso penal, pero a la vez tenga la calidad de víctima en otro, no le resta credibilidad y/o fiabilidad a su testimonio”, agregó la fiscal.
El segundo argumento de la FGR es que no está debidamente motivada y fundamentada la invalidez de todo el proceso. Señala que no existe la figura jurídica de “imputación ficticia” que usó el juez federal al reprochar a la Fiscalía sus acusaciones contra Scherer Ibarra sin haberlo citado a la audiencia inicial.
“Por lo que hace a las menciones a Julio Scherer y a otras personas es porque aparecen en los datos de prueba que no pueden ni deben eliminarse y por ello es falso lo afirmado por el Juez, en el sentido de que el Órgano investigador haya realizado imputación directa, firme, categórica y mucho menos ficticia al sujeto en mención”, insistió.
Además, la fiscal dedica un agravio por cada uno de los cuatro delitos imputados y en el caso de la extorsión responde que el pago de 1.5 millones de dólares a Isaac Pérez Rodríguez no fue -como dicen la defensa de los imputados- siete meses después de contratar los servicios del despacho de Araujo Rivapalacio, al que Collado Mocelo ahora desconoce como su abogado defensor.
La FGR indica, también, que el contrato de prestación de servicios, con el que supuestamente encubrieron la extorsión, fue suscrito el 17 de febrero del 2020 y la entrega del cheque se realizó tres días después, en Madrid, España.
“Lo que no justifica la defensa es que si realmente eran los abogados de Juan Ramón Collado Mocelo y no había nada que ocultar, ¿por qué utilizó a diversas personas que no formaban parte de los abogados asociados de su firma?, siendo la única explicación de esto, los hechos narrados por esta Fiscalía, de los que se advierte que para lograr sus objetivos tenían diseñado todo un esquema para coaccionar al denunciante”, aseveró la fiscal.
El séptimo argumento es que el fallo del juez carece de fundamento, congruencia, legalidad, exhaustividad, inmediación e imparcialidad por no haber analizado cada uno de los 75 datos de prueba. El octavo es que no existe manipulación de pruebas ni actuación o prueba ilegal y, por tanto, es inexistente el supuesto efecto corruptor y sí existe el hecho calificado como delito y la probable participación de los imputados.
El último es que el juez federal Delgadillo Padierna hizo manifestaciones contrarias al litigio, al acusar a la FGR de mala fe, fabricación de pruebas y falsedades, cuando sólo debió valorar hechos, datos de prueba y argumentos.
“Señaló que la Fiscalía mantenía en la cárcel al denunciante y por otro lado lo defendíamos oficiosamente, y además agregó que la Fiscalía somos un ente que busca la autonomía, pero que quiere someter a otros poderes”, indicó.
“Lo anterior no es admisible bajo ninguna circunstancia ya que un impartidor de justicia lo que tiene que hacer es analizar los hechos, los datos de prueba y los argumentos expuestos por las partes y con ello resolver de forma justa, imparcial y congruente”, agregó.
“[…] lo cual viola lo dispuesto por los artículos 100 párrafo séptimo de la Constitución, lo que se sanciona en el artículo 110 fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se explica en los capítulos segundo al cuarto del Código de Ética del Poder Judicial de la Federación”, finalizó la FGR.
-Con información de Reforma.
JUEZ FUE “GROSERO” AL CANCELAR PROCESO CONTRA ABOGADOS LIGADOS A SCHERER, DICE FGR, QUE IMPUGNARÁ
La Fiscalía General de la República (FGR) se quejó, el 19 de mayo del 2022, de que Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur de la Ciudad de México, fue “grosero”, durante la audiencia en la canceló las órdenes de aprehensión contra tres abogados del despacho Araujo, González, Peimbert, Robledo y Carrancá, así como de un asesor financiero y representante de Grupo Afirme.
“Dicho Juez descalificó y agredió groseramente a la representación Social, negándose a tomar en cuenta más de setenta y cinco datos de prueba presentados por las víctimas y por la parte acusadora, que no habían sido objetados, desde que la contraparte recibió el expediente correspondiente”, indicó la FGR, en un comunicado.
“Y se dedicó prioritariamente a realizar la defensa del señor Julio ‘S’, que no estaba imputado; pero que sí existían una serie de pruebas que no habían sido refutadas, sobre su participación en los delitos de los que se imputó a diversos abogados”, agregó la institución de procuración de justicia.
Aunado a lo anterior, la Fiscalía General de la República informó que presentará de inmediato el recurso de apelación, que se hará público en los términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
“Asimismo, la FGR presentará queja ante el Consejo de la Judicatura Federal [CJF]; y, a petición del Ministerio Público, abrirá carpeta de investigación penal sobre el presente asunto”, agregó en su comunicado, la institución de procuración de justicia, cuyo titular es Federico Gertz Manero.
Delgadillo Padierna, Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur de la Ciudad de México, suspendió, el 19 de mayo del 2022, las órdenes de aprehensión contra tres abogados del despacho Araujo, González, Peimbert, Robledo y Carrancá, así como de un asesor financiero y representante de Grupo Afirme.
Ello por los delitos de extorsión, lavado de dinero, tráfico de influencias y asociación delictuosa, que había solicitado la Fiscalía General de la República, basado en las denuncias del también litigante Juan Ramón Collado Mocelo.
La FGR acusaba a los abogados Juan Antonio Araujo Rivapalacio, César Omar González Hernández, e Isaac Pérez Rodríguez, así como al asesor financiero David Gómez Arnau, de haberse coludido para extorsionar a posibles clientes con cantidades millonarias de dinero aprovechando la supuesta cercanía que tenían con altos mandos de la FGR y del Gobierno Federal, entre ellos, Julio Scherer Ibarra, ex titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia.
Después de 23 horas de audiencia, Delgadillo Padierna desestimó todos los argumentos que la FGR vertió para solicitar vincular a proceso a los imputados. Al emitir su resolución, el juez federal observó que la Fiscalía señaló a Scherer Ibarra como parte fundamental de la presunta asociación delictuosa.
Sin embargo, el ex funcionario federal no fue citado a comparecer, lo que el impartidor de justicia consideró como un intento de “imputación ficticia” contra el ex titular de la Consejería Jurídico de la Presidencia de la República, con lo que se violó su presunción de inocencia.
Delgadillo Padierna añadió que la FGR aceptó iniciar un procedimiento ilegal contra los investigados, porque sabía que el criterio de oportunidad solicitado por Collado Mocelo -durante la denuncia que dio origen a la imputación- era improcedente.
El Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur, firmó que la FGR no presentó ningún dato de prueba que lleve a determinar la existencia de un delito y la probable comisión del mismo por parte de alguno de los investigados.
En consecuencia, Delgadillo Padierna ordenó dar vista a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para que investigue y determine si Collado Mocelo o los fiscales encargados del caso, violaron los derechos humanos de Scherer Ibarra, de Araujo Rivapalacio, de González Hernández, de Pérez Rodríguez, y, de Gómez Arnau.
“No sólo investigan a Julio Scherer Ibarra, también lo hicieron con Santiago Nieto [Castillo], dichas personas no fueron llamadas a la audiencia de imputación y la FGR aprovechó la audiencia para mandarles una amenaza velada”, señaló Delgadillo Padierna.
“La Fiscalía General de la República se ha conducido con mala fe y mala intención […] Si en su actuar existe perversidad, se necesita a Dios como abogado”, agregó el juez federal durante la audiencia de cancelación del proceso.
A través del fiscal federal Manuel Granados Quiroz, la FGR afirmó, el 18 de mayo del 2022, ante el mismo juez, que Scherer Ibarra formó parte de un grupo delictivo que usó las instituciones del Estado, para extorsionar y traficar influencias, obteniendo un lucro millonario.
“Julio Scherer Ibarra formó parte de una asociación delictiva integrada por más de 3 personas que operó de noviembre de 2018 a julio de 2021 y que tenía la finalidad de despojar a Juan Collado Mocelo y apoderarse de la Caja Libertad”, dijo Granados Quiroz.
La FGR pidió que Araujo Rivapalacio, González Hernández, Pérez Rodríguez, y, Gómez Arnau, fueran vinculados a proceso por los delitos de extorsión, lavado de dinero, tráfico de influencias y asociación delictuosa.
Ello porque, supuestamente, por instrucciones de Scherer Ibarra, los imputados pretendieron obligar a Collado Mocelo a vender Caja Libertad a Banca Afirme -propiedad de Julio César Villarreal Guajardo, a quien el litigante señala como amigo del ex titular de la Consejería Jurídica presidencial-, como condición para otorgarle un acuerdo reparatorio que le permitiera salir de prisión.
Los 10 millones de pesos en efectivo que Collado Mocelo dice haber pagado a González Hernández o los 1.5 millones de dólares que entregó en España a Pérez Rodríguez, fueron pagos que según la FGR se hicieron a personas que traficaban influencias para el ex consejero jurídico presidencial.
La FGR agregó que también existe una responsabilidad penal en los servidores públicos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Nacional Bancaría y de Valores (CNBV), el Poder Judicial de la Federación (PJF) y de la propia Fiscalía, que se prestaron al tráfico de influencias de los supuestos emisarios de Scherer Ibarra.
Los fiscales federales presentaron un total de 75 datos de prueba para acreditar la implicación de los abogados y el asesor financiero, quienes finalmente comparecieron juntos hasta la cuarta ocasión en que fueron citados por la autoridad judicial.
El fiscal Granados Quiroz señaló que Agustín Acosta Azcón, abogado de Gómez Arnau, estaba impedido para participar en la audiencia, porque en sus oficinas de la colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc, de la capital de la República, se recibió una notificación de la UIF, que fue parte de la supuesta extorsión a Collado Mocelo.
Dicho documento es el que señalaba que el abogado no era investigado por la institución dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ni es parte de la Lista de Personas Bloqueadas. El fiscal federal también acusó a Acosta Azcón de litigar un asunto o asuntos relacionados con buques, “por encargo de Julio Scherer”.
Granados Quiroz también señaló a Alejandro Robledo Carretero, defensor de González Hernández, porque dijo que Scherer Ibarra lo colocó como titular de la Subsecretaría de Planeación, Prevención, Protección Civil y Construcción de la Paz de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal y dejó dicho cargo con la salida del ex consejero Jurídico.
Asimismo, el fiscal federal pidió dejar fuera de la audiencia a Diego Madrazo Labardini, defensor de Araujo Rivapalacio, por ser parte del mismo despacho de su defendido, ya que más adelante podría resultar imputado de un delito.
“Me parece vergonzoso que la fiscalía inicie con amenazas veladas. En efecto fui socio de Juan Araujo hasta el 2020 y no tengo relación con él. Me parece que es una amenaza velada”, respondió, en su turno, el abogado Acosta Azcón.
Por su parte, Robledo Carretero rechazó el señalamiento y dijo que Scherer Ibarra no lo puso en el cargo, ya que, según él, fue el presidente de la República quien le dio el nombramiento, además de que no renunció al mismo tiempo que el ex consejero Jurídico.
SCHERER GANA PARTIDA A GERZ; JUEZ NIEGA VINCULACIÓN A PROCESO DE ABOGADOS IMPUTADOS POR FGR
Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur de la Ciudad de México, suspendió, el 19 de mayo del 2022, las órdenes de aprehensión contra cuatro abogados del despacho Araujo, González, Peimbert, Robledo y Carrancá, así como de un asesor financiero y representante de Grupo Afirme.
Ello por los delitos de extorsión, lavado de dinero, tráfico de influencias y asociación delictuosa, que había solicitado la Fiscalía General de la República (FGR), cuyo titular es Alejandro Gertz Manero, basado en las denuncias del también litigante Juan Ramón Collado Mocelo.
La FGR acusaba a los abogados Juan Antonio Araujo Rivapalacio, César Omar González Hernández, e Isaac Pérez Rodríguez, así como al asesor financiero David Gómez Arnau, de haberse coludido para extorsionar a posibles clientes con cantidades millonarias de dinero aprovechando la supuesta cercanía que tenían con altos mandos de la FGR y del Gobierno Federal, entre ellos, Julio Scherer Ibarra, ex titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia.
Después de 23 horas de audiencia, Delgadillo Padierna desestimó todos los argumentos que la FGR vertió para solicitar vincular a proceso a los imputados. Al emitir su resolución, el juez federal observó que la Fiscalía señaló a Scherer Ibarra como parte fundamental de la presunta asociación delictuosa.
Sin embargo, el ex funcionario federal no fue citado a comparecer, lo que el impartidor de justicia consideró como un intento de “imputación ficticia” contra el ex titular de la Consejería Jurídico de la Presidencia de la República, con lo que se violó su presunción de inocencia.
Delgadillo Padierna añadió que la FGR aceptó iniciar un procedimiento ilegal contra los investigados, porque sabía que el criterio de oportunidad solicitado por Collado Mocelo -durante la denuncia que dio origen a la imputación- era improcedente.
El Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur, firmó que la FGR no presentó ningún dato de prueba que lleve a determinar la existencia de un delito y la probable comisión del mismo por parte de alguno de los investigados.
En consecuencia, Delgadillo Padierna ordenó dar vista a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para que investigue y determine si Collado Mocelo o los fiscales encargados del caso, violaron los derechos humanos de Scherer Ibarra, de Araujo Rivapalacio, de González Hernández, de Pérez Rodríguez, y, de Gómez Arnau.
“No sólo investigan a Julio Scherer Ibarra, también lo hicieron con Santiago Nieto [Castillo], dichas personas no fueron llamadas a la audiencia de imputación y la FGR aprovechó la audiencia para mandarles una amenaza velada”, señaló Delgadillo Padierna.
“La Fiscalía General de la República se ha conducido con mala fe y mala intención […] Si en su actuar existe perversidad, se necesita a Dios como abogado”, agregó el juez federal durante la audiencia de cancelación del proceso.
A través del fiscal federal Manuel Granados Quiroz, la FGR afirmó, el 18 de mayo del 2022, ante el mismo juez, que Scherer Ibarra formó parte de un grupo delictivo que usó las instituciones del Estado, para extorsionar y traficar influencias, obteniendo un lucro millonario.
“Julio Scherer Ibarra formó parte de una asociación delictiva integrada por más de 3 personas que operó de noviembre de 2018 a julio de 2021 y que tenía la finalidad de despojar a Juan Collado Mocelo y apoderarse de la Caja Libertad”, dijo Granados Quiroz.
La FGR pidió que Araujo Rivapalacio, González Hernández, Pérez Rodríguez, y, Gómez Arnau, fueran vinculados a proceso por los delitos de extorsión, lavado de dinero, tráfico de influencias y asociación delictuosa.
Ello porque, supuestamente, por instrucciones de Scherer Ibarra, los imputados pretendieron obligar a Collado Mocelo a vender Caja Libertad a Banca Afirme -propiedad de Julio César Villarreal Guajardo, a quien el litigante señala como amigo del ex titular de la Consejería Jurídica presidencial-, como condición para otorgarle un acuerdo reparatorio que le permitiera salir de prisión.
Los 10 millones de pesos en efectivo que Collado Mocelo dice haber pagado a González Hernández o los 1.5 millones de dólares que entregó en España a Pérez Rodríguez, fueron pagos que según la FGR se hicieron a personas que traficaban influencias para el ex consejero jurídico presidencial.
La FGR agregó que también existe una responsabilidad penal en los servidores públicos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Nacional Bancaría y de Valores (CNBV), el Poder Judicial de la Federación (PJF) y de la propia Fiscalía, que se prestaron al tráfico de influencias de los supuestos emisarios de Scherer Ibarra.
Los fiscales federales presentaron un total de 75 datos de prueba para acreditar la implicación de los abogados y el asesor financiero, quienes finalmente comparecieron juntos hasta la cuarta ocasión en que fueron citados por la autoridad judicial.
El fiscal Granados Quiroz señaló que Agustín Acosta Azcón, abogado de Gómez Arnau, estaba impedido para participar en la audiencia, porque en sus oficinas de la colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc, de la capital de la República, se recibió una notificación de la UIF, que fue parte de la supuesta extorsión a Collado Mocelo.
Dicho documento es el que señalaba que el abogado no era investigado por la institución dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ni es parte de la Lista de Personas Bloqueadas. El fiscal federal también acusó a Acosta Azcón de litigar un asunto o asuntos relacionados con buques, “por encargo de Julio Scherer”.
Granados Quiroz también señaló a Alejandro Robledo Carretero, defensor de González Hernández, porque dijo que Scherer Ibarra lo colocó como titular de la Subsecretaría de Planeación, Prevención, Protección Civil y Construcción de la Paz de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal y dejó dicho cargo con la salida del ex consejero Jurídico.
Asimismo, el fiscal federal pidió dejar fuera de la audiencia a Diego Madrazo Labardini, defensor de Araujo Rivapalacio, por ser parte del mismo despacho de su defendido, ya que más adelante podría resultar imputado de un delito.
“Me parece vergonzoso que la fiscalía inicie con amenazas veladas. En efecto fui socio de Juan Araujo hasta el 2020 y no tengo relación con él. Me parece que es una amenaza velada”, respondió, en su turno, el abogado Acosta Azcón.
Por su parte, Robledo Carretero rechazó el señalamiento y dijo que Scherer Ibarra no lo puso en el cargo, ya que, según él, fue el presidente de la República quien le dio el nombramiento, además de que no renunció al mismo tiempo que el ex consejero Jurídico.
‘¡QUÉ BÁRBAROS!’, DICE AMLO DE “PLEITO DE ABOGADOS” ENTRE SCHERER Y GERTZ
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo, el 5 de mayo del 2022, estar asombrado por el “pleito” que existe entre Julio Scherer Ibarra, ex titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República y Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo en Puebla, el titular del Poder Ejecutivo Federal expresó que en este caso hay que actuar con mucha responsabilidad y respeto, pero cuando existe conflicto entre abogados es de “bárbaros”.
“Todo esto hay que verlo con cuidado, porque hay diferencias que son publicas y notorias, y hay que actuar con mucha responsabilidad. Y con todo respeto también, cuando hay pleitos de abogados, ¡qué bárbaro!”, expresó el político tabasqueño.
El mandatario nacional aseguró que los abogados tienen “deformaciones profesionales”, al igual que politólogos o médicos y recordó el proceso que vivió en su juicio de desafuero cuando fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México, entre el 2000 y el 2005.
Sin embargo, López Obrador dijo que no ve elementos que comprueben la presunta corrupción de Gertz Manero. “De todas maneras vamos a ver lo que estás planteando [una investigación que comprobaría actos de corrupción] sobre lo mismo, sobre una transferencias”, indicó.
“Alejandro es dueño de una universidad desde hace mucho tiempo, así como la Universidad de las Américas de Puebla, él estaba en la Universidad y luego se dividieron y él se hizo cargo de la Universidad de las Américas de la Ciudad de México desde hace mucho tiempo”, comentó.
SCHERER DENUNCIA A GERTZ POR TRÁFICO DE INFLUENCIAS; “HOMBRE VENGATIVO Y ENVENENADO”, DICE
Julio Scherer Ibarra, ex titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, presentó, el 22 de abril del 2022, una denuncia contra Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), por los presuntos delitos de tráfico de influencias, coalición de servidores públicos y asociación delictuosa.
La denuncia, presentada ante María de la Luz Mijangos Borja, titular de la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción, adscrita a la FGR, incluye a Juan Ramos López, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF).
Además, Scherer Ibarra denunció por los mismos delitos al fiscal Manuel Granados Quiroz; a Adriana Campos López, Fiscal Especializada de Asuntos Internos de la Fiscalía General de la República; y, a María Eugenia Castañón Osorio, agente del Ministerio Público Federal (MPF).
En dicha denuncia, el ex funcionario federal responsabilizó a Gertz Manero de haber usado ilícitamente a la FGR para emprender una supuesta serie de acciones legales con motivos estrictamente personales. Lo califica de ser “un hombre convenientemente parcial, eminentemente vengativo y envenenado”.
“El fiscal general de la República, el doctor Alejandro Gertz Manero, el fiscal de Control Competencial, el señor Juan Ramos López y otros servidores públicos de la institución deben responder, como lo ordena nuestra Constitución, por las faltas, omisiones y violaciones sistemáticas graves a los derechos humanos, a la ley en perjuicio del suscrito y de otras personas, así como a los principios que debieron regir su actuar”, se lee en la denuncia.
“La ley me impone el deber de denunciar al constarme hechos probablemente constitutivos de delito. Tal como lo expuse en la carta del suscrito publicada el 20 de marzo del presente año en el semanario Proceso, en algunos casos he sido testigo y en otros víctima de hechos que involucran, de manera directa”, indicó el ex funcionario federal, en su denuncia.
[…] principalmente al hoy Fiscal General de la República, el Doctor Alejandro Gertz Manero y otros servidores públicos de dicha Fiscalía que pudieran constituir conductas delictivas, a través del uso faccioso de la Fiscalía, por intereses personales perversos”, anotó Scherer Ibarra.
“Como en la carta del suscrito publicada el 20 de marzo del presente año en el semanario Proceso, en algunos casos he sido testigo y en otros víctima de hechos que involucran de manera directa, principalmente, al hoy Fiscal de la República, Alejandro Gertz Manero, y a otros servidores públicos de dicha fiscalía que pudieran constituir conductas delictivas, a través del uso faccioso de la Fiscalía, por intereses personales perversos”, insistió en su denuncia.
Asimismo, Scherer Ibarra acusó que Gertz Manero usó facciosamente a la FGR en contra de Laura Morán Servín y a Alejandra Guadalupe Cuevas Morán, madre e hija, acusadas por el supuesto homicidio por falta de cuidado de su hermano.
“Sin poderlo probar, Gertz Manero las acusó de asesinar a su hermano por falta de cuidados. Las acusadas piensan, según entrevistas públicas, que la única motivación posible del odio del fiscal es que Federico Gertz Manero era prestanombres de su hermano, y ellas habrían podido intentar despojarlo de una gran parte de la fortuna que constantemente sigue aflorando”, acusó Scherer Ibarra en la denuncia.
El ex funcionario federal aseguró que no quiso participar en dicho caso por lo que hubo represalias en su contra y que incluso, el titular de la FGR le dijo: “usted pudo haber elegido entre un fiscal amigo o un fiscal enemigo”.
“A partir de que me negué a ser cómplice del delito de tráfico de influencias en el caso antes referido, el fiscal General me sentenció a ser su enemigo y destinatario del uso de la institución en mi contra y de mi familia”, enfatizó Scherer Ibarra.
“Ahora Gertz pretende relacionarme con hechos fabricados y producto de intercambios ilícitos con particulares en algunos casos de imputados relacionados con procesos de relevancia nacional para que interpongan denuncias en mi contra a cambio de obtener cancelaciones de órdenes de aprehensión o les sean aprobados criterios de oportunidad”, detalló en su demanda.
Por unanimidad, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), concedió, el 28 de marzo del 2022, dos amparos lisos y llanos a Laura Morán Servín y a Alejandra Guadalupe Cuevas Morán, madre e hija, acusadas por el supuesto homicidio por falta de cuidado de Federico Gertz Manero, hermano del titular de la FGR.
Tras la concesión del amparo, los ministros ordenaron la libertad inmediata de Alejandra Guadalupe Cuevas Morán, quien según el conteo de su familia había permanecido presa durante 527 días. Asimismo, quedó sin efectos la orden de aprehensión en contra de Morán Servín, al no estar acreditado el delito que se les atribuía.
“La dignidad de la familia que Gertz Manero quiso destruir prevaleció a pesar de la infamia y hoy están en libertad, gracias a una resolución unánime de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no obstante que el titular de la FGR se valió de recursos de la federación en un litigio entre particulares y de que los extorsionó junto con su fiscal de Control Competencial, Juan Ramos López”, denunció el ex funcionario federal.
Aunado a lo anterior, Scherer Ibarra señaló tener conocimiento de que se integran dos carpetas de investigación en su contra, con los números FED/FEAI/FEAI-CDMX/0000122/2022 y FGR/FECOC/UEIDCSPCAJ/SP036/2021, a partir de tres denuncias que han presentado en su contra los abogados Paulo Diez Gargari, Juan Ramón Collado Mocelo y Ángel Martin Junquera Sepúlveda.
En dichas indagatorias, según agregó Scherer Ibarra, se pretende sustentar que a través de despachos de abogados privados, él gestionó supuestos beneficios de personas que se encontraban bajo investigación. Se trataría de un presunto tráfico de influencias que el ex funcionario federal “niega categóricamente” haber cometido.
Por último, Scherer Ibarra dijo que de ser considerado como víctima de un delito, “por ser quien resiente directamente la afectación producida por la conducta delictiva (soy un sujeto dañado por el hecho de que se siga una investigación en mi contra, cuando se tiene impedimento legal para ello, a través de intercambios ilícitos y la fabricación de hechos)”.
“NO VAMOS A METERNOS”, DICE AMLO DE ACUSACIONES DE SCHERER CONTRA CORDERO Y GERTZ
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró, el 21 de marzo del 2022, que no se metería en las acusaciones de Scherer Ibarra contra Olga Sánchez Cordero Dávila, ex titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y Gertz Manero.
“Decirles que eso tiene que ver con tribunales, con ministerios públicos, con juzgados, y nosotros no vamos a meternos en esas diferencias, no queremos participar en eso. Nosotros estamos dedicados de tiempo y alma a la transformación de México”, dijo el mandatario nacional, previo a la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA)
“Nos importa mucho el pueblo, todo el pueblo de México y en especial los pobres y eso es la transformación, que podamos vivir en una sociedad mejor y a eso me dedico todo el tiempo”, insistió el titular del Poder Ejecutivo Federal.
“Tampoco podemos evitar que haya diferencias que haya distintos puntos de vista, que haya confrontación política y que además haya escándalos, y sensacionalismo en los medios, además la vida es así, la condición humana. No debemos de sorprendernos de todo eso, nada más que el presidente está ocupado en otros asuntos y tengo que priorizar”, destacó el político tabasqueño.
NO VOY A CAER EN JUEGO DE HABLAR DE AFIRMACIONES FALSAS, RESPONDE SÁNCHEZ CORDERO
El 19 de marzo del 2022, Sánchez Cordero Dávila, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, aseguró que siempre ha actuado con honestidad y que las acusaciones que hizo contra ella Scherer Ibarra, son falsas, por ello no caerá en el juego de hablar más respecto al tema.
“Por lo que a mí respecta, no voy a caer en el juego de hablar de las afirmaciones falsas que hace sobre mi persona y del actuar en mi encargo como Secretaria de Gobernación para servir de distractor. De mi parte doy por cerrado este tema”, indicó la ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Dejemos que la Fiscalía y el Poder Judicial hagan su trabajo. Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”, agregó la ex titular de la SEGOB, en una serie de publicaciones realizadas en su cuenta de la red social Twitter.
Sánchez Cordero Dávila pidió a Scherer Ibarra, que los órganos de impartición y procuración de justicia hagan su trabajo. “Yo puedo decir con total tranquilidad que todo mi actuar siempre ha estado marcado por el amor a mi país, y la más absoluta honestidad en mis acciones para llevar adelante la transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador y que nuestro México requiere”, insistió.
SCHERER ACUSA CONSPIRACIÓN EN SU CONTRA POR PARTE DE SÁNCHEZ CORDERO Y GERTZ MANERO
El 19 de marzo del 2022, Julio Scherer Ibarra, ex titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, acusó a Gertz Manero y a Sánchez Cordero Dávila de actuar en su contra para “manchar su nombre”, con la difusión de información respecto a sus actividades y de hechos falsos.
En un testimonio publicado por el semanario Proceso, Scherer Ibarra afirmó que es un perseguido de Gertz Manero y a Sánchez Cordero Dávila, además de que señaló que ante el supuesto hostigamiento que había sufrido, decidió decir la verdad.
Scherer Ibarra atribuyó que había venganzas personales en su contra, surgidas a raíz del cargo que ostentó durante los tres primeros años de la Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En su escrito, el ex funcionario federal acusó que Gertz Manero y a Sánchez Cordero Dávila están detrás de la información que lo relaciona con una supuesta extorsión al abogado Juan Collado Mocelo, preso por diversos delitos.
“Desde su posición de poder, Sánchez Cordero y Gertz se valieron de la desesperación de Juan Collado para perseguirme e inventaron una falsa extorsión […] La ministra en retiro no se permitió sobreponerse al desengaño y desde entonces emprendió una investigación sobre mi persona y mis actividades profesionales”, manifestó Scherer Ibarra.
Asimismo, el ex funcionario federal relató que desde principios del sexenio, Sánchez Cordero Dávila quedó acotada en sus funciones como titular de la Secretaría de Gobernación, por disposición del presidente López Obrador.
Respecto a Gertz Manero, afirmó que él lo apoyó para que ocupara la titularidad de la Fiscalía General de la República y que al principio del Gobierno Federal encabezado por el presidente López Obrador, incluso creyó en su probidad y capacidad.
Sin embargo, Scherer Ibarra enfattizó que la publicación de un reportaje en el semanario Proceso, titulado ‘La Casa Secreta de Gertz Manero’, generó el enojo del titular de la FGR, ya que lo culpó de haber dado la información para la elaboración del texto.
“El reportaje de Proceso despertó en el fiscal una ira que hasta entonces desconocía y la descargó en mi contra”, describió Scherer Ibarra, quien también indic+p que desde entonces se generaron malentendidos con Gertz Manero, quien también lo culpó de la filtración del borrador respecto a diversas reformas al sistema de justicia.
“Entonces explotó el rencor que yo no podía imaginar y del que no ha habido vuelta atrás: vehemente, agregó a su lista de reproches que ‘sólo un favor’ me había pedido y que yo se lo había negado: impedir que su cuñada Laura Morán y la hija de ésta, Alejandra Cuevas Morán, obtuvieran un amparo por la acusación del homicidio de su hermano Federico Gertz Manero, de lo que él las acusa”, recordó.
“Lo pidió el Fiscal, sí, a sabiendas de que era un acto ilegal. Colérico como es, desencajado el rostro, conforme avanzaba en los reclamos por sus asuntos personales, le temblaban los labios, le temblaban las manos, le temblaba la voz”, detalló Scherer Ibarra.
TEXTO ÍNTEGRO DE SCHERER IBARRA PUBLICADO EN EL SEMANARIO PROCESO
Es del dominio público que Alejandro Gertz Manero contó con mi apoyo para ocupar la Fiscalía General de la República. Creí en su probidad y en sus capacidades como abogado. Estaba convencido de que correspondería al proceso de transformación que transita el país, salvaguardando con integridad la procuración de justicia sin distingos.
A finales de septiembre, un reportaje de Proceso despertó en el Fiscal una ira que hasta entonces desconocía y la descargó contra mi persona. Publicado con el título “La casa secreta de Gertz Manero”, bajo la firma de la reportera Neldy San Martín, me atribuyó haber facilitado información para la elaboración del texto.
Tras la publicación nos reunimos con Gertz el director del semanario, Jorge Carrasco, y yo. No fue capaz de entender que existe el periodismo independiente y que nada tuve que ver con el trabajo editorial de un medio de comunicación en el que sólo intervienen sus periodistas.
Cegado, el Fiscal optó por repasar una y otra vez un malentendido que había nacido de sus propias ganas de malentender.
Me acusó también de haber filtrado a la prensa un supuesto borrador sobre las reformas al sistema de justicia -al que comunicadores y analistas decidieron dar carácter oficial- cuando fue el mismo equipo del Fiscal el que subió a sus redes sociales dicho trascendido. Habían transcurrido dos años de aquel episodio en el que fui yo el único funcionario que lo acompañó a presentar las reformas ante el Senado, donde fuimos duramente criticados.
Entonces explotó el rencor que yo no podía imaginar y del que no ha habido vuelta atrás: vehemente, agregó a su lista de reproches que “sólo un favor” me había pedido y que yo se lo había negado: impedir que su cuñada Laura Morán y la hija de esta, Alejandra Cuevas Morán, obtuvieran un amparo por la acusación del homicidio de su hermano Federico Gertz Manero, de lo que él las acusa. Lo pidió el Fiscal, sí, a sabiendas de que era un acto ilegal. Colérico como es, desencajado el rostro, conforme avanzaba en los reclamos por sus asuntos personales, le temblaban los labios, le temblaban las manos, le temblaba la voz.
Al final de esa reunión, terminó desafiante: “Usted podía haber elegido entre un Fiscal amigo o un Fiscal enemigo”.
El Alejandro Gertz que conozco hoy pretende enviarme al territorio del miedo, el que convierte todos los ruidos en gritos, todas las sombras en amenazas y a todos sus “enemigos” en blancos de la “justicia”, su justicia.
Hace uso de la Fiscalía como si fuera su despacho privado y tiene a Juan Ramos López, su subprocurador, como abogado de cabecera para privilegiar el avance de sus asuntos personales por encima de las cuestiones emblemáticas del Gobierno, como el combate a la corrupción y la persecución a la delincuencia organizada, donde no alcanzan a verse los resultados concretos que le fueron encomendados.
Hoy simplemente me pregunto si podrá el Fiscal, obsesionado con el poder, desprenderse de su despotismo, su egoísmo y su prepotencia para dejar de utilizar sus atribuciones como instrumento de su megalomanía.
Recuerdo una cita de La Pareja, libro de mi padre, en el que relata una conversación entre mi abuela Paz García y mi bisabuelo, presidente de la Suprema Corte de Justicia, Don Julio García:
“Cuando tus hijos sean grandes, diles que es de tal manera abrumador el poder de un Presidente de la República que no puede permitirse un solo enemigo personal”. Lo mismo pensaría para un Fiscal íntegro.
Desde el inicio del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se dieron diferencias con la Secretaria de Gobernación. El Presidente decidió que el asunto prioritario en la Segob sería el esclarecimiento del caso Ayotzinapa y, por decisión suya, se limitaron las atribuciones en materia de seguridad en esa dependencia.
Como es de dominio público, la responsabilidad en los asuntos de seguridad descansó en el entonces Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, y la Secretaría a cargo de Olga Sánchez Cordero se vio acotada en sus áreas de competencia respecto a la “supersecretaría” que operó en tiempos de Enrique Peña.
Por otra parte, la interlocución con la Fiscalía y el Poder Judicial recayó esencialmente en mi persona, en calidad de Consejero Jurídico de la Presidencia.
La Ministra en retiro no se permitió sobreponerse al desengaño y desde entonces emprendió una investigación sobre mi persona y mis actividades profesionales.
En un amplio documento, Sánchez Cordero presentó una serie de fabulaciones respecto a mi relación con despachos como el de Rivera Gaxiola, Kalloi, Fernández, Del Castillo, Quevedo, Lagos y Machuca, así como el bufete Araujo, González, Peimbert, Robledo y Carrancá Abogados, entre algunos otros.
No es un misterio que en diferentes momentos de mi actividad profesional trabajé con estos despachos: consta en mi curriculum vitae. Sin embargo, la ex Secretaria pretendió infamarme al insinuar que hice de la cercanía y el servicio al Gobierno un muy redituable e ilegítimo modo de vida.
El calumnioso documento llegó a mis manos por conducto de Miguel Alemán Magnani, quien se acercó a mi oficina para tratar de salvar la quiebra de Interjet. En cuanto tuve conocimiento de su existencia, yo mismo lo hice del conocimiento de mi jefe, el Presidente López Obrador, quien le restó importancia y me recomendó hacer lo propio.
“Son chismes”, dijo.
Otro caso que han fabricado para dañar mi reputación es el de la pareja de Inés Gómez Mont y su marido, Víctor Manuel Álvarez Puga.
Como en el caso Collado, familiares de la señora Gómez Mont también buscaron un criterio de oportunidad para terminar con la persecución que existe en contra de ella.
Por instrucciones del Fiscal Alejandro Gertz, su mano derecha y subprocurador, Juan Ramos, se reunió con Felipe Gómez Mont y le ofreció un criterio de oportunidad a cambio de implicarme -nuevamente- en una supuesta trama de extorsión a esas personas.
Desde la vileza que son capaces, quienes han emprendido esta campaña en mi contra, filtraron a un columnista la calumnia de que recibí una casa en Acapulco de parte de una señora a la que jamás he visto, y de su marido, con quien no he tenido nunca trato alguno.
Sólo que, esta vez, la integridad de los implicados no hizo posible obsequiar los deseos del Fiscal y la ex Ministra: la familia Gómez Mont se negó categóricamente a ser parte de esa infamia.
Detrás de las acusaciones en mi contra respecto a una supuesta extorsión al abogado Juan Collado están los intereses de Olga Sánchez Cordero y de Alejandro Gertz Manero, cómplices en el afán por manchar mi nombre.
La primera vez que supe del criterio de oportunidad que la defensa de Juan Collado buscaba obtener para sacarlo de la cárcel fue en voz del Presidente López Obrador, quien había recibido la propuesta a través de la propia Sánchez Cordero, cercanísima a la familia Collado.
Fue el Presidente quien me enteró que Antonio Collado -a través de Sánchez Cordero- ofrecía el 25 por ciento de los recursos que su hermano Juan tenía congelados en Andorra (90 millones de euros) para entregarlos al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) como parte de un acuerdo reparatorio.
El Presidente rechazó la propuesta, pero Sánchez Cordero intermedió con una nueva propuesta: poner a su disposición la trama completa de los llamados “videoescándalos” con los que personajes cercanos a Collado intentaron desprestigiarlo en la época en que fue Jefe de Gobierno de la CDMX.
Cuando el Presidente me consultó esas dos ofertas, llevadas a la mesa por Olga Sánchez, le comenté que no debería aceptarlo por dos razones: que los videos no estaban relacionados con los delitos imputados a Collado y que difícilmente los recursos congelados en Andorra pertenecían exclusivamente al abogado.
Tiempo después, acompañado por mi mujer en una semana de descanso, caminaba por un centro comercial cuando se me acercó una muchacha que me sorprendió preguntando si yo era Julio Scherer.
-Mi nombre es Mar Collado, soy hija de Juan Collado -se presentó ella.
Me pidió que la recibiera en mi oficina junto a su hermano y accedí. Esta vez ofrecieron entregar el 100 por ciento de los 90 millones de euros, más de 2 mil millones de pesos que podrían ir a parar al Indep.
A pesar de mis reservas, yo mismo se lo comenté al Presidente. Su postura fue clara: el asunto debía atenderlo la Fiscalía General de la República.
Así se lo comenté a Mar y a Juan Ramón Collado Dot, con una sugerencia: no recurrir a intermediarios. Les dije que buscaran a Alfredo Higuera Bernal, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), para que los recibiera.
Los hijos me entregaron una carta firmada por el propio Juan Collado -junto con una Virgen de Guadalupe- dándome las gracias por el apoyo. En ella, el padre solicitaba que su abogado defensor, Javier López, fuera quien se encargara de los trámites.
Mi única participación en el caso de Juan Collado fue recibir y escuchar a sus hijos, siempre a petición suya y siempre remitiéndolos a la Fiscalía.
La verdadera extorsión fue de Sánchez Cordero y del Fiscal Gertz al hacer pensar a Collado que lo ayudarían a cambio de mentir.
Fue Sánchez Cordero, bajo sus propios intereses, quien llevó a su amigo Antonio Collado con Alejandro Gertz Manero para ofrecerle un criterio de oportunidad con el que su hermano podría obtener la libertad a cambio de denunciarme e inventaron una falsa extorsión.
Tiempo después el propio Javier López me contó de ese acuerdo perverso para perjudicarme, del que no quiso ser parte.
El abogado Paulo Díez Gargari ha intentado involucrarme en una concesión del Viaducto Bicentenario.
Díez es socio de Pedro Topete Vargas en una empresa llamada Infraiber, que en la administración de Enrique Peña recibió un contrato millonario por la supervisión de peaje de todas las carreteras concesionadas del Edomex. En 2013, el contrato fue dejado sin efectos.
Díez asegura que fui yo quien eligió al titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SCT para resolver que el Viaducto Bicentenarios se mantuviera en control del Edomex.
En la SCT, tanto el secretario Jiménez Espriú, como el secretario Jorge Arganis, eligieron a sus jurídicos. En nada intervino el Presidente y, por lo tanto, tampoco mi persona.
FGR PIDE 40 AÑOS DE CÁRCEL PARA ABOGADOS ACUSADOS DE EXTORSIÓN POR COLLADO; LUEGO SE DESISTE
El 7 de abril del 2021, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a José Rivas González, Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, órdenes de aprehensión contra cuatro abogados del despacho Araujo, González, Peimbert, Robledo y Carrancá -cercanos a Scherer Ibarra-, de los delitos de extorsión, lavado de dinero, tráfico de influencias y asociación delictuosa.
La FGR acusaba a los abogados Juan Antonio Araujo Rivapalacio, César Omar González Hernández, e Isaac Pérez Rodríguez, de haberse coludido para extorsionar a posibles clientes con cantidades millonarias de dinero aprovechando la supuesta cercanía que tenían con altos mandos de la FGR y del Gobierno Federal, entre ellos, el ex titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia.
Sin embargo, el 11 de abril del 2022, la Fiscalía General de la República se desistió de las solicitudes de órdenes de aprehensión que presentó en contra de tres abogados del despacho Araujo, González, Peimbert, Robledo y Carrancá. También pidió desistirse de la audiencia inicial en la que se imputaría a David Gómez Arnau, asesor financiero y representante de Grupo Afirme.
AMLO REVELA QUE DESTITUYÓ A SÁNCHEZ CORDERO Y A SCHERER POR “DISCREPANCIAS” ENTRE AMBOS
El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló, el 28 de febrero del 2022, que él mismo sugirió al abogado Juan Ramón Collado Mocelo, reparar un “desfalco” millonario ante la Fiscalía General de la República (FGR), para poder salir de la cárcel.
A pesar de que el mandatario nacional aseguró que no ha tenido injerencia en el proceso contra el litigante -procesado por delincuencia organizada y lavado de dinero-, reconoció que hizo un planteamiento, pensando en la familia del acusado y, también, en el ingreso de ese dinero a las arcas públicas.
“Nada más la recomendación, por la familia, creo que hasta me mandaron una carta o algo así. Me llegó, en su momento, un planteamiento de que querían llegar a un arreglo o algo así, entonces mi respuesta fue: en la Fiscalía reparen el daño”, reconoció el político tabasqueño.
“Creo que todavía hay en [la Secretaría de] Hacienda [y Crédito Público] un planteamiento sobre eso, porque se trata de una institución financiera. Una devolución de recursos de lo que él supuestamente desfalcó o tiene en el extranjero, para proteger también a los clientes”, insistió el mandatario nacional.
“Pero yo sí creo que, si hay reparación del daño, ayuda, además, nos apoya a nosotros porque entran ingresos, entran ingresos al Gobierno [Federa]”, indicó López Obrador. “¿Sigue en pie ese ofrecimiento para Collado?”, le preguntó un reportero, durante la conferencia de prensa matutina presidencial.
“Yo diría que sí, que devuelvan el dinero; lo mismo el señor de [Petróleos Mexicanos] PEMEX, [Emilio Ricardo] Lozoya [Austin], que devuelvan el dinero, eso es lo más importante y también va a haber un castigo, pero se toma en cuenta que ya se reparó el daño”, agregó el político tabasqueño.
“En todos estos casos mi planteamiento ha sido el que se procure la reparación del daño, que devuelvan el dinero, para ser claros. Si hay pruebas de que hubo desvío de recursos, independientemente del castigo jurídico o legal que deben recibir estas personas, que se tome en consideración la devolución del dinero es lo que he recomendado”, respondió el presidente.
Además, el titular del Poder Ejecutivo Federal explicó que Collado Mocelo podría beneficiarse de un mecanismo similar al que se ofreció a Alonso Ancira Elizondo, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), quien deberá pagar, en varias exhibiciones, alrededor de 200 millones de dólares, por concepto de reparación del daño.
“Cuando este señor Ancira ya había firmado que iba a devolver 200 millones de dólares, de repente declaró que no iba a devolver nada, y desde aquí yo, de manera abierta, franca, le recomendé que no les hiciera caso a sus abogados o a la gente que le ofrecía apoyo, pensando de que así no iba a pagar nada, que no hay cosa más importante en le vida que la libertad y la conciencia tranquila”, refirió López Obrador.
“Afortunadamente entendió y ya dio el primer abono de 50 millones. Pues es lo mismo que le diría al señor [Collado Mocelo]. Si él cometió un error y está demostrado y tiene ese dinero en el extranjero, que repare el daño, que repare el daño y que busque un acuerdo, eso es lo que yo le recomendaría”, detalló el político tabasqueño.
Por otra parte, el mandatario nacional se pronunció a favor de que se investiguen las acusaciones sobre una presunta extorsión, realizadas por Collado Mocelo, en la FGR, contra un grupo de abogados, cercanos a Julio Scherer Ibarra, ex titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República.
“Que se aclare y que el que nada debe, nada teme y el Fiscal debe de actuar en función de las pruebas que tenga, pero no se puede señalar a alguien si no hay pruebas”, expresó el mandatario nacional, quien rechazó, además, que Scherer Ibarra haya renunciado a su cargo en Presidencia, como consecuencia de la denuncias ante la FGR.
El político tabasqueño reveló que Olga María Sánchez Cordero Dávila, entonces titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), tenía “discrepancias” con Scherer Ibarra, por lo que decidió reemplazarla por Adán Augusto López Hernández, ex gobernador de Tabasco.
“No, no, no, no, no hay ningún vínculo, no tiene que ver en nada [con la investigación en la FGR]. No había buena relación con la secretaria de Gobernación y yo necesitaba que me ayudara para atender asuntos de tipo político, de relación con gobernadores”.
“Incluso con el Poder Judicial, con la Fiscalía [General de la República], de asuntos de Estado como Ayotzinapa, o los amparos, y necesitamos relaciones en lo básico, cuando está de por medio el interés general, con el Poder Judicial. Necesitaba yo a una gente como Adán para resolver”, dijo el mandatario nacional.
“y buscando que los equilibrios se decidió también lo de la Consejería Jurídica para resolver problemas. La licenciada Sánchez Cordero es una muy buena persona, una profesional, pero había discrepancias, y yo necesito tener a quien me ayude por entero y que se dedique, en armonía, con la Consejería Jurídica, a atender problemas”, explicó el político tabasqueño.
Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, la primera mujer en la historia en ocupar la titularidad de la SEGOB, presentó, el 26 de agosto del 2021, su renuncia a dicho cargo y su solicitud de reincorporación como senadora propietaria, ello con la intención de presidir la Mesa Directiva de la Cámara alta.
Según el diario Reforma, en diciembre del 2020, el abogado Collado Mocelo envió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador, para pedirle que el entonces consejero jurídico presidencial, Julio Scherer Ibarra, fuese el intermediario para negociar un proceso reparatorio con la FGR.
“No había buena relación con la Segob y yo necesitaba que me ayudara para atender asuntos de tipo político, de relación con gobernadores", dijo el presidente López Obrador al explicar las razones para sustituir a Olga Sánchez Cordero.
Más, en: https://t.co/qT9gWLRuzn pic.twitter.com/BPPKP7MgkY
— Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) February 28, 2022
JULIO SCHERER Y SANTIAGO NIETO NIEGAN DENUNCIAS DEL ABOGADO JUAN COLLADO
Julio Scherer Ibarra, ex titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, aunque rechazó “inferencias de mala fe”, reconoció, el 27 de febrero del 2022, haberse reunido con Juan Ramón y María del Mar Collado Dot, hijos del abogado Juan Ramón Collado Mocelo, quien denunció al ex funcionario federal por extorsión, asociación delictuosa, lavado y tráfico de influencias.
“En efecto, recibí a los hijos del señor Collado a solicitud expresa de ellos. Turné el asunto a la Fiscalía General de la República por ser de su competencia. No conozco personalmente al señor Collado, ni estoy enterado de las conversaciones de éste con sus abogados. Todo lo demás, son inferencias de mala fe”, indicó Scherer Ibarra, en su cuenta de la red social Twitter.
Por su parte, Santiago Nieto Castillo, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) .quien renunció a dicho cargo el 8 de noviembre del 2021-, rechazó, el 27 de febrero del 2022, que durante su gestión hubiera cerrado un expediente en contra del abogado Collado Mocelo, quien afirmó haber pagado 10 millones de pesos en efectivo para ello.
“[…] señalo categóricamente que durante mi gestión al frente de la #UIF no se cerraron expedientes vs ninguna persona. De hecho, institucionalmente presenté dos denuncias contra Juan Collado una el 04/07/19 y la otra el 03/09/20”, afirmó el ex funcionario federal, en su cuenta de Twitter.
Collado Mocelo -quien está preso en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México-, fue imputado con el delito de defraudación fiscal, por supuestamente no pagar 36 millones de pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), sobre los ingresos obtenidos por el abogado litigante en el ejercicio fiscal del 2015.
Desde la cárcel, el abogado denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR), el 19 de octubre del 2021, al ex titular de la Consejería Jurídico de la Presidencia de la República, así como a tres abogados y un operador financiero presuntamente vinculados a Scherer Ibarra, por los delitos de extorsión, asociación delictuosa, lavado y tráfico de influencias.
La denuncia indica que Scherer Ibarra ofreció a Collado Mocelo, excarcelarlo a través de un acuerdo reparatorio, pero de forma simultánea, un grupo de abogados -quienes fueron socios del ex funcionario federal en un despacho- le pedía vender Caja Popular Libertad -de la cual es socio- a Banco Afirme, propiedad de Julio César Villarreal Guajardo, en 900 millones de pesos, aunque su último avalúo de la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM) era de más de 3 mil 570 mdp.
Según el testimonio de Collado Mocelo, los abogados Juan Antonio Araujo Rivapalacio, César Omar González Hernández e Isaac Pérez Rodríguez -cercanos al ex funcionario federal-, así como David Gómez Arnau -financiero y representante de Grupo Afirme-, le aseguraron que dicho empresario es amigo de Scherer Ibarra.
Araujo Rivapalacio y González Hernández defendieron a Collado Mocelo durante un tiempo y más tarde a Alonso Ancira Elizondo quien, “coincidentemente”, salió de la cárcel con un acuerdo reparatorio en el que también aparece el “compromiso” del empresario coahuilense para vender sus acciones de Altos Hornos de México (AHMSA) a una subsidiaria de Grupo Villacero, también del citado Villarreal Guajardo.
“Realizaron hechos que tenían como fin utilizar al Estado Mexicano y sus respectivas instituciones, a efecto de que les entregara diversas cantidades de dinero y otros bienes de mi propiedad […] crearon una red de complicidades para obtener beneficios económicos”, señala la denuncia del abogado.
Según lo informó el diario Reforma, el domingo 27 de abril, dicho documento es la base del caso con el que la FGR pretende que sean vinculados a proceso los citados abogados. Sin embargo, el rotativo detalló que Scherer Ibarra es el único contra quien la FGR no judicializó el caso.
En su denuncia Collado Mocelo relata que el ex titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República ofreció al litigante promover su excarcelación a cambio de 2 mil millones de pesos como reparación del daño, lo que cancelaría las acusaciones de delincuencia organizada y lavado que lo llevaron a la cárcel. El primer pago iba a ser el año pasado, por 300 millones de pesos, y en los tres años siguientes los restantes mil 700 millones.
Collado Mocelo vinculó la gestión de Scherer Ibarra con ofrecimientos de los abogados del despacho Araujo, González, Peimbert, Robledo & Carrancá, para despojarle de sus propiedades. No obstante, el socio de la Caja Popular Libertad pagó a dichos litigantes, 10 millones de pesos a cambio de que la UIF, cuyo titular era Nieto Castillo, cerrara una investigación en su contra.
Además, siempre según Collado Mocelo, los abogados le pidieron 3 millones de dólares, de los cuales pagó la mitad, para defenderlo desde su captura en julio del 2019. “Me dijeron que el pago era el único camino a la libertad”, afirmó el también litigante en su denuncia.
Asimismo, Collado Mocelo acusó en su denuncia de hechos, que hubo presión para que la Caja Popular Libertad, de la cual era socio, pasara a manos de Grupo Afirme, de Villarreal Guajardo. “Libertad por libertad”, le advirtió el abogado Araujo Rivapalacio.
Aunado a lo anterior, el litigante denunció que Scherer Ibarra le exigió que redactara una denuncia contra los “enemigos” de la Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, “desde la llegada de Vicente Fox [Quesada] al poder y los videoescándalos, hasta la fecha”.
En total, Collado Mocelo dice haber desembolsado 41 millones de pesos por los servicios de Araujo Rivapalacio y su socio César González Hernández. Es decir, que además del costo por la gestión ante la UIF (10 mdp), los abogados le cobraron por separado unos honorarios de 31 millones 144 mil 200 pesos, mediante un cheque de un millón 381 mil 851 euros con 68 centavos, entregado en España.
“Con esa denuncia, Collado ha solicitado un ‘criterio de oportunidad’ a la FGR que encabeza Alejandro Gertz [Manero], y está en pláticas para definir el monto de una reparación del daño. En su relato ante la Fiscalía, Collado asegura que Araujo le había ofrecido en 2018 una alianza de trabajo, ‘ya que Scherer tendría control de todo el aparato judicial, el cual podría ser utilizado en favor de mis clientes’”, indicó Reforma.
“En mayo de 2019, Collado realizó la boda de su hija y entre sus invitados se encontraban el ex presidente Enrique Peña [Nieto], el líder petrolero Carlos Romero Deschamps, ministros, y otros políticos y gobernantes del PRI. Dos semanas después de la boda llegaron avisos de que la UIF lo estaba investigando. En junio, Araujo y sus abogados resolvieron el problema con la UIF. Le pidieron 20 millones de pesos, pero sólo les entregó 10 millones”, abundó el mismo rotativo.
“A fines de junio de 2019 Collado se fue a España, y un mes después Araujo le pidió que retornara de ‘urgencia’ a México. El 9 de julio de ese año fue detenido cuando salía de una comida con Romero Deschamps. A partir de entonces, según su dicho, vinieron las gestiones con Araujo y sus abogados y después directamente con Scherer, según la denuncia presentada en octubre pasado”, finalizó el citado diario.
¿QUIÉN ES OLGA MARÍA SÁNCHEZ CORDERO DÁVILA?
Olga María Sánchez Cordero Dávila fungió, desde el 1 de diciembre de 2018, como titular de la SEGOB, siendo la primera mujer que ocupa dicho cargo. También fue ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde enero de 1995, hasta noviembre del 2015.
Estudió la Licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Es doctora Honoris Causa por la Universidad Autónoma de Morelos (UAEM) y por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). También es la primera mujer Notaria Pública en Ciudad de México, cargo por el cual tiene licencia.
¿QUIÉN ES JULIO SCHERER IBARRA?
Hijo de Julio Scherer García, periodista y fundador del semanario Proceso, Julio Scherer Ibarra es abogado de profesión por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Durante las elecciones de 2018, fue elegido como coordinador de campaña del entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, para los estados de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, en la Tercera Circunscripción Electoral.
Asimismo, Scherer Ibarra es autor de los libros ‘La guerra sucia de 2006: los medios y los jueces’, ‘Impunidad: La Quiebra De La Le’ y ‘El dolor de los inocentes’, además de haber formado parte del Consejo de Administración del semanario Proceso, del cual dimitió en 2019, para unirse al Gobierno Federal.
Sin embargo, el 2 de septiembre del 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la renuncia de Julio Scherer Ibarra, como titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, y nombró en dicho cargo a María Estela Ríos González, quien trabajó con el político tabasqueño desde que fue Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
“Quiero dar a conocer que el licenciado Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico del Ejecutivo Federal ha decidido dejar el cargo y el encargo porque va a reincorporarse a sus actividades como abogado”, anunció el político tabasqueño.
López Obrador calificó a Scherer Ibarra como su “hermano”, que le ayudó y dijo que forma parte del proceso de trasformación a México. “Por todo eso, creo que dijo que ‘ya ayudé bastante’ y a otra cosa mariposa. Entonces le agradecemos mucho”, dijo el presidente, para para luego dedicarle un aplauso.
