Pese a que la Reforma Eléctrica constitucional impulsada por Andrés Manuel López Obrador fue aprobada con 47 votos a favor y 37 en contra, en las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Energía, su discusión y votación en el pleno de la Cámara de Diputados fue aplazada hasta el domingo 17 de abril.
Estaba previsto que la discusión y votación en el pleno de San Lázaro se llevara a cabo en la sesión del martes 12 de abril, sin embargo, Morena y partidos afines (PT-PVEM) cambiaron el calendario legislativo al no contar con los votos suficientes para aprobar la también llamada “Ley Bartlett”.
Al bloque oficialista le hace faltan al menos 57 votos para alcanzar las dos terceras partes de la Cámara de Diputados (334 votos) requeridas para cambiar la Constitución Mexicana. Sin embargo, no ha logrado obtener los 57 votos de la oposición (PAN-PRI-PRD), aun cuando López Obrador ha hecho llamados para que legisladores del PRI y PAN “se rebelen” y voten a favor de su iniciativa. Incluso, el titular del Ejecutivo adelantó que de no pasar, enviará una iniciativa para modificar la Ley Minera para proteger el litio.
La Alianza Va por México, conformada por PAN-PRI-PRD, ha pedido que se incorporen al dictamen de la Reforma Eléctrica sus 12 propuestas para poder validarla, sin embargo, en el documento no se incorporaron. A propósito, el diputado morenista Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, expuso que la oposición hizo públicas sus propuestas, pero no entregarlas formalmente como reservas.
El lunes 11 de abril, el morenista Ignacio Mier Velazco presentó tres reservas al Artículo 28 Constitucional, así como a los artículos Tercero, Cuarto y Décimo transitorios, y una adhesión al 4 Constitucional que -dijo- se basaron en 9 de los 12 puntos planteados por la oposición.
En el caso del Artículo 4 se plantea añadir que la energía eléctrica se considere un derecho humano y se garanticen el uso, suministro, suficiencia, precios bajos y la electricidad como precondición para el goce de los derechos humanos.
La reserva del Décimo transitorio señala que, a la entrada en vigor de la reforma de AMLO, la Comisión Federal de Electricidad establecerá un esquema tarifario de servicio público que permita reducir las tarifas de alumbrado público, de bombeo de agua potable y de servicio doméstico, y revisar las tarifas a instituciones de salud y educación.
Jorge Romero Herrera, coordinador del Partido Acción Nacional, acusó que la estrategia de Morena ha sido plantear reservas “dizque apoyándose” en la propuesta del bloque opositor, pero no corresponden a los 12 puntos de Va por México. Mientras su correligionario, Santiago Torreblanca, manifestó que tanto el dictamen como las reservas resultan “completamente contradictorias” y que la oposición no acepta que la CFE se convierta en un monopolio.
Durante los trabajos legislativos al inicio de la semana, los priistas -encabezados por su dirigente Alejandro Moreno Cárdenas- llevaron cobijas y maletas para acampar en San Lázaro, en aras de evitar que una manifestación a favor de la reforma de AMLO bloqueara los accesos del recinto, impidiéndoles participar en la sesión del pleno.
A decir del presidente de la Junta de Coordinación Política, Rubén Moreira, el sábado 16 volverán a hacer lo mismo para “evitar que alguien falte”.
Mientras que los perredistas Luis Espinoza Cházaro y Marcelino Castañeda aseguraron que la “Ley Bartlett no va” y la bancada del Sol Azteca seguirá votando en contra de la reforma eléctrica en el bloque Va por México.
El dictamen de la reforma eléctrica contempla modificar los artículos 25, 27 y 28 constitucionales. Propone que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) -que es un organismo autónomo- se reincorpore a la Comisión Federal de Electricidad dirigida por Manuel Bartlett Díaz.
De este modo, la CFE quedará a cargo de los procedimientos para despachar la energía al Sistema Nacional Eléctrico, considerando que las centrales eléctricas de la CFE proporcionarán “al menos” el 54% de la energía requerida por el país. El sector privado tendrá el 46%.
El despacho eléctrico dejará de hacerse conforme a la prioridad del menor costo y se dará prioridad a la energía generada por la CFE. La electricidad producida mediante permisos de autoabastecimiento no será reconocida, y se cancelarán los certificados de energías limpias. La reforma también prevé suprimir la Comisión Nacional de Hidrocarburos, cuya estructura pasará a la Secretaría de Energía, y no se otorgarán concesiones para explotar el litio.
Tras el aplazamiento de la discusión y votación en el pleno de San Lázaro, el Consejo Coordinador Empresarial indicó que “la decisión de aplazar la discusión es exclusiva de los legisladores”, y negó que esté negociando con el Congreso.
