El caso evidenció la fabricación de culpables por parte de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), a cargo entonces del ex fiscal Rommel Moreno Manjarrez. Nadie fue sancionado por ello
Luego de casi nueve años de impunidad, la Fiscalía General del Estado (FGE) corrigió uno de los principales casos de corrupción y fabricación de culpables exhibido mediáticamente en Mexicali, donde acusó a una persona de asesinar a su entonces pareja sentimental, quien en realidad estuvo internada en un centro de rehabilitación.
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El caso fue conocido públicamente como “la muerta viva”, debido a que Ana Luis Hernández Hinojosa nunca estuvo muerta, pero por su ausencia se le atribuyó la identidad de otra mujer, cuyo cadáver fue hallado acuchillado, golpeado y quemado, dentro de una construcción ubicada en el fraccionamiento Los Viñedos.
Su entonces novio, apodado “El Enano”, fue acusado formalmente por la entonces Procuraduría General del Estado (PGJE) por supuestamente haber perpetrado el crimen.
El caso se sustentó por testimonios de un taxista, de vecinos de su comunidad y de trabajadores del Servicio Médico Forense (Semefo). Pero los primeros dos resultaron ser totalmente falsos, toda vez que se identificó que declaraban que Ana Luisa había sido golpeada por Miguel y posteriormente fue asesinada dentro del inmueble, hecho que fue descartado ante la nueva evidencia.
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“El Enano” fue detenido y permaneció recluido por varios meses. La PGJE; mediante el entonces coordinador de Delitos contra la Vida, Christian Colosio Lule, se puso en contacto con la familia de Ana Luisa y le informó que su hija había sido asesinada. Y a través del reconocimiento físico se determinó que el cadáver correspondía a Ana Luisa. Esta fue la decisión, pese a que el cuerpo estaba calcinado y su rostro se había desfigurado por las llamas.
Meses después, Ana Luisa salió del centro de rehabilitación y se dio cuenta que estaba legalmente muerta, por lo que se comunicó con su familia y ahí se descubrió el embrollo.
El incidente se originó durante los últimos meses de la gestión de Rommel Moreno Manjarrez, pero el escándalo mediático se exhibió al arribo de la fiscal Perla del Socorro Ibarra Leyva, quien semanas después ordenó la audiencia de sobreseimiento.
Tras descubrirse la pifia y el evidente acto de corrupción de la PGJE, se inició una nueva investigación, donde se incluyeron pruebas de ADN para determinar la identidad de la víctima.
Fue así como reconocieron a Esmeralda Arroyo Juárez, originaria de Irapuato, Guanajuato, quien en vida sostuvo una relación sentimental con un integrante de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de nombre Rogelio Ramos Salas, el cual estuvo asignado al cuartel de Mexicali.
Durante nueve años Ramos gozó de impunidad, hasta que esta semana fue detenido por elementos de la Fiscalía de Guanajuato, quienes notificaron a su homólogo de Baja California.
Rogelio enfrenta una acusación directa por el asesinato de su ex pareja sentimental tras una disputa personal, a la que -presuntamente- ultimó dentro de las instalaciones castrenses, donde ambos residían.
El juez consideró que había suficientes elementos para considerarlo presunto responsable y otorgó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación. Eduardo Villa
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Luego de casi nueve años de impunidad, la Fiscalía General del Estado (FGE) corrigió uno de los principales casos de corrupción y fabricación de culpables exhibido mediáticamente en Mexicali, donde acusó a una persona de asesinar a su entonces pareja sentimental, quien en realidad estuvo internada en un centro de rehabilitación.
El caso fue conocido públicamente como “la muerta viva”, debido a que Ana Luis Hernández Hinojosa nunca estuvo muerta, pero por su ausencia se le atribuyó la identidad de otra mujer, cuyo cadáver fue hallado acuchillado, golpeado y quemado, dentro de una construcción ubicada en el fraccionamiento Los Viñedos.
Su entonces novio, apodado “El Enano”, fue acusado formalmente por la entonces Procuraduría General del Estado (PGJE) por supuestamente haber perpetrado el crimen.
El caso se sustentó por testimonios de un taxista, de vecinos de su comunidad y de trabajadores del Servicio Médico Forense (Semefo). Pero los primeros dos resultaron ser totalmente falsos, toda vez que se identificó que declaraban que Ana Luisa había sido golpeada por Miguel y posteriormente fue asesinada dentro del inmueble, hecho que fue descartado ante la nueva evidencia.
“El Enano” fue detenido y permaneció recluido por varios meses. La PGJE; mediante el entonces coordinador de Delitos contra la Vida, Christian Colosio Lule, se puso en contacto con la familia de Ana Luisa y le informó que su hija había sido asesinada. Y a través del reconocimiento físico se determinó que el cadáver correspondía a Ana Luisa. Esta fue la decisión, pese a que el cuerpo estaba calcinado y su rostro se había desfigurado por las llamas.
Meses después, Ana Luisa salió del centro de rehabilitación y se dio cuenta que estaba legalmente muerta, por lo que se comunicó con su familia y ahí se descubrió el embrollo.
El incidente se originó durante los últimos meses de la gestión de Rommel Moreno Manjarrez, pero el escándalo mediático se exhibió al arribo de la fiscal Perla del Socorro Ibarra Leyva, quien semanas después ordenó la audiencia de sobreseimiento.
Tras descubrirse la pifia y el evidente acto de corrupción de la PGJE, se inició una nueva investigación, donde se incluyeron pruebas de ADN para determinar la identidad de la víctima.
Fue así como reconocieron a Esmeralda Arroyo Juárez, originaria de Irapuato, Guanajuato, quien en vida sostuvo una relación sentimental con un integrante de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de nombre Rogelio Ramos Salas, el cual estuvo asignado al cuartel de Mexicali.
Durante nueve años Ramos gozó de impunidad, hasta que esta semana fue detenido por elementos de la Fiscalía de Guanajuato, quienes notificaron a su homólogo de Baja California.
Rogelio enfrenta una acusación directa por el asesinato de su ex pareja sentimental tras una disputa personal, a la que -presuntamente- ultimó dentro de las instalaciones castrenses, donde ambos residían.
El juez consideró que había suficientes elementos para considerarlo presunto responsable y otorgó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación.
