Especialistas recalcan que el déficit de Los Cabos en estos momentos podría ser superior a los 10 millones metros cúbicos de agua, esto por el crecimiento poblacional provocado por el desarrollo turístico. Aunque académicos se oponen a recurrir a desalinizadoras como “la opción”, el presidente municipal insiste en invertir en estos proyectos, pese al daño ambiental que traen para las comunidades
El alcalde de Los Cabos, Óscar Leggs Castro, solicitó al Congreso del Estado una ampliación de la desaladora del principal destino turístico de Baja California Sur, esto como medida para contrarrestar el déficit de agua que hay en el municipio.
A través de mesas de trabajo en el Poder Legislativo se aborda la posibilidad de aprobar una aplicación de compra de agua por dos años a la desaladora de Los Cabos, lo que permitiría 400 Litros por Segundo (LTS) extra en las colonias.
Además de esta ampliación, el presidente municipal contempla que antes de terminar su administración inaugurarán la nueva planta desaladora. Agregando la extensión de contrato que pide al Congreso del Estado, asegura, el municipio podría contar con 650 LPS.
No obstante, Óscar Leggs reconoció que esto no es suficiente para abatir el déficit, ya que según estudios, se requiere de 1,100 LPS para que Los Cabos cuente con agua las 24 horas los siete días de la semana.
“Tienen que ser así los procesos; no es una desaladora que va a trabajar tres años, sino que son 20 años. Se hizo un convenio con ellos para comprarles el agua y todo aquello que se hace más allá de la administración se hace pasar por el Congreso del Estado para que se avale”, explicó.
Cabe recordar que, además, está en puerta el proyecto de la nueva planta desaladora de 250 LPS para Cabo San Lucas y el proyecto de Mejora Integral de Gestión (MIG), que el Ayuntamiento tiene contemplado para aumentar la cantidad de agua potable en el municipio.
Este proyecto fue aprobado el 30 de septiembre de 2020 por la XV Legislatura del Poder Legislativo en Baja California Sur. Se autorizó al Ayuntamiento de Los Cabos, en ese entonces encabezado por Armida Castro Guzmán, obtener dos líneas de crédito por más de cinco mil 200 millones de pesos, que deberán pagar en 25 años, para la construcción de la nueva desaladora.
Aunque se trata de un proyecto avalado por los tres niveles de gobierno y por el Congreso del Estado, activistas, académicos e investigadores recalcaron las afectaciones ambientales que una desaladora trae para la comunidad.
El consejero del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida (Freciudav), Juan Ángel Trasviña, enfatizó que una desaladora debe ser siempre la última opción. Argumentó que son plantan con un alto costo de producción y daños al ambiente.
