La consulta de revocación o ratificación del mandato presidencial del próximo domingo 10 de abril, tiene varios ángulos que se deben de rescatar de la propaganda; es necesario considerar pros y contras que permitan decisiones asertivas.
Según las encuestas conocidas, los porcentajes de aprobación del Presidente de México en abril del 2022, le son favorables en un rango del 55 al 60 por ciento. AMLO ha tenido mejores registros, pero reflejan las adversidades de gobernar 40 meses en un mundo y tiempos muy complejos.
Es promesa de campaña, siendo candidato López Obrador, tiene visión de largo plazo, es futurista, en la idea de que ocurre que el pueblo se equivoca y da mandatos donde los políticos en turno no cumplen compromisos de gobierno con la inteligencia, diligencia, eficiencia, ni honestidad deseada o esperada.
Es decir, se quiebran las promesas de campaña por incapacidad y no poder formar un equipo con aptitudes necesarias ante los retos del país. Una incongruencia entre los planes y los resultados. O una traición de políticos que apuntan objetivos demagógicos incumplidos, como aquella frase de Hank que prometía: “Convertiremos a Tijuana en un San Diego”.
Para la organización de la Revocación de Mandato, el INE cuenta con un presupuesto de mil 567.4 millones de pesos. Este gasto o inversión pudo ser hasta de tres mil 830 mdp. Sin embargo, se olvida que pudo haberse eliminado del todo este gasto, de no ser por la cerrada postura de la oposición PRI, PAN, PRD, MC, quienes se negaron a hacer coincidir la consulta simultáneamente con la elección legislativa intermedia de 2021. En tal supuesto o situación no hubiera costado ni un centavo la revocación de mandato. Pero la derecha opositora teme la popularidad del Presidente y -en bloque- argumentaron que se contaminarían los resultados.
Si sale la población a las urnas, las posibilidades de un voto favorable para continuar las obras que se planean en los próximos 32 meses: Refinería Dos Bocas, Tren Maya, corredor de Tren Transístmico y dinamizar el Aeropuerto Felipe Ángeles.
En caso de que pierda la consulta, está previsto que el Presidente de la Cámara de diputados, lo releve el resto del sexenio. Los críticos de la revocación hablan de que es un ejercicio de ego político, sin tener mejores argumentos, y que el gasto generado podría ser útil en medicamentos, apoyo al campo, prioridades educativas, hospitalarias, etc.
Calculemos o imaginemos los costos de los errores de gobiernos sin freno ¿Cuántos grandes negocios privados, han sido y son financiados desde el erario público? Nada más el Fobaproa y mil más.
El nuevo mecanismo de consulta democrática emite su aprobación o desaprobación ciudadana. Está pensado en crear una cultura democrática de participación directa, para ejercer el derecho político de rectificar o confirmar sus decisiones, ante un buen o mal desempeño detectado a medio camino de un gobierno o líder. Buscar que los ciudadanos dispongan de esa libertad permanentemente, es todo un acierto ante élites profunda y sofisticadamente ladronas. La corrupción está generalizada en todos los partidos, y habrá que poner mejores y mayores frenos; la revocación es simbólica y no basta.
Ante élites políticas enfermas, esquizofrénicas, amnésicas, arrogantes, prepotentes, ineptos, demagógicos, tiranos, represivos, desorganizados, corruptos, es una medida política insuficiente pero un paso inicial y oportuno. Debe destituirse a tiempo y antes de que hagan más daño sus ambiciones enfermas. ¿Cuánto cuestan o han costado los graves errores de gobiernos que no se frenan democrática y constitucionalmente? Esa es la virtud más relevante de la revocación.
Las élites saben a lo que van al gobierno; van a fingir que gobiernan, pero con una doble moral, van a enriquecerse. Ejemplos sobran. Esa percepción ya es generalizada. Si hubiera existido esta y otras indispensables plataformas de consulta democrática en gobiernos municipales, estatales, o federales, no se hubiera ido el buey a la barranca. No se hubieran creado condiciones para el despojo, miserias y violencias.
Las élites políticas, avaladas siempre por el poder económico, se han ganado a pulso la desconfianza: con sus corruptelas crearon la descomposición del país; lo han demostrado históricamente, y los costos de los errores de los últimos años de sus períodos de gobiernos, son desastrosos.
Es otro tema vinculado, pero los castigos a los funcionarios corruptos son una farsa monumental; estos son tratados como nenas consentidas, inhabilitados, mandados a la “banca”. Mientras no haya verdaderos diputados que legislen sobre el robo público, y no se decomise lo robado que es muchísimo y en paraísos fiscales, respiraremos podredumbre. Los Duarte, Kikos y Bonillas, y decenas de gobernadores y ex presidentes, siguen burlándose de las Leyes.
M.C. Héctor Ramón González Cuéllar es académico del Instituto Tecnológico de Tijuana.
Correo electrónico: profe.hector.itt@gmail.com
