En México, ningún ser humano o institución está facultado para ordenar la muerte o tomar la vida de otro ser humano, pero ocurre con una pasmosa y repulsiva normalidad.
Este 20 de abril de 2022, se cumplieron 34 años que el jefe de escoltas de Jorge Hank Rhon, Antonio Vera Palestina, y Victoriano Medina, otro de los guardaespaldas del dueño del Hipódromo Agua Caliente, salieron con armas y autos de la empresa hípica para matar al codirector fundador de ZETA, Héctor Félix Miranda.
Aproximadamente a las 09:00 horas de aquel miércoles, cuando Héctor descendía en auto por la calle López Velarde de la colonia Los Olivos, evidentemente indefenso y desarmado, fue emboscado por los empleados de Hank Rhon.
Mataron al columnista, huyeron y escondieron pistolas, rifles recortados y carros en los terrenos de la nación en los que impunemente su jefe construyó sus negocios y su casa.
Medina fue detenido en 1988, Vera estuvo prófugo y lo capturaron en 1990. Purgaron respectivamente 27 y 25 años de cárcel, salieron en 2015 y la semana entrante, ambos cumplirán siete años en libertad. Los asesinos disfrutan de su vida como hombres de la tercera edad, después de asesinar a “El Gato” Félix Miranda a los 47 años.
Salieron porque cumplieron la sentencia, pero hasta el último momento las autoridades carcelarias le negaron a Vera los beneficios de una libertad anticipada, ya que, de acuerdo con los análisis de su psicología, “… no presenta muestras reales de readaptación, presenta un comportamiento antisocial en el adulto y rasgos de un trastorno narcisista de la personalidad, con rasgos de un trastorno paranoide de la personalidad y rasgos de un trastorno conversivo. Esto es, que el reo tiene una tendencia marcada por una gran necesidad de admiración con sentimientos de grandiosidad y una falta de empatía con las personas que lo rodean”.
Pero dentro de la investigación del homicidio de “El Gato”, ni el móvil del crimen, ni la identidad del o los autores intelectuales, fueron considerados dentro del expediente que negligentemente las autoridades cerraron.
En 1989, una entrevista superficial, nunca en calidad de sospechoso o presunto responsable, y una negativa de relación con los hechos, fueron suficientes para que el patrón de los asesinos, el adinerado Jorge Hank Rhon, quedara fuera de la indagatoria, para que las autoridades optaran por ser omisas y decidieran no investigar, acusar ni castigar a quien ordenó la muerte.
Por lo que el señor de los caballos continuó apoyando a sus hombres en prisión, y al salir estos, manifestó que los recibiría con los brazos abiertos, pero sólo Vera, su también compadre, regresó a la protección de Grupo Caliente.
Previamente, mientras sus empleados purgaban su crimen, Hank fue detenido y liberado sin culpa por sus influencias y abogados por otros delitos: tráfico de especies en peligro de extinción en dos ocasiones; por tener en su propiedad 88 armas de uso exclusivo del Ejército, dos de estas involucradas en asesinatos; fue parte de una investigación por siete homicidios, incluido el de la novia de uno de sus hijos; además de que la fiscalía de Estados Unidos lo investigó por lavado de dinero, actos de corrupción, evasión fiscal y presunto involucramiento con el Cártel Arellano Félix.
El asesinato es un delito dolorosamente familiar en esta casa editora. Entendemos y compartimos de primera mano la realidad de las víctimas de estos crímenes porque no nos es ajena. Al igual que los padres, hijos y hermanos, amigos y vecinos de los cientos de personas cuyas vidas siguen siendo tomadas mensualmente en Baja California, en escenarios de total impunidad, rechazamos la comodidad de la indolencia y reclamamos justicia, “ni perdón, ni olvido”.
Conocemos la angustia, el coraje, la frustración e impotencia. Por eso, para quienes trabajamos en ZETA, la lucha contra la injusticia no es sólo parte importante de nuestra misión y visión empresarial. Es algo personal para quienes laboran en este Semanario.
La impunidad es el peor de los delitos, por las víctimas, la sociedad no puede dejársela fácil a las autoridades negligentes y omisas que abandonan su deber.
Nueve gobernadores con sus respectivos fiscales han pasado sin cumplir con su obligación de buscar al autor intelectual del homicidio, por eso, hoy repetimos las preguntas que desde la página negra de la columna Un Poco de Algo, les hace la imagen del fallecido Héctor Félix Miranda a los responsables. Esta vez, a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y su fiscal, Ricardo Iván Carpio Sánchez: ¿Podrá su gobierno capturar a los que ordenaron mi crimen? Y a Jorge Hank Rhon: ¿Por qué me asesinó tu guardaespaldas Antonio Vera Palestina?
Sin importar las influencias y el dinero, si alguien comete u ordena un asesinato sin ser castigado, puede volver a hacerlo, es obligación del Estado investigarlo, juzgarlo; debe pasar su vida en la cárcel y no caminar libre entre la sociedad ocupando cargos.
Como lo escribió Isabel Allende: “No hay nada tan peligroso como la impunidad, amigo mío, es entonces cuando la gente enloquece y se cometen las peores bestialidades, no importa el color de la piel, todos son iguales”.
