Actualmente en el Presupuesto de Egresos se destina 2.5% del PIB, insuficiente para mejorar la atención médica, por lo que se requieren más recursos, considera especialista
Como “una nueva locura, una nueva improvisación” calificó el ex secretario de Salud y actual diputado federal, Salomón Chertorivski Woldenberg, el proceso de federalización de servicios salud que empezó a implementar el Gobierno Federal con estados que ya aceptaron transferir sus hospitales al programa IMSS Bienestar.
Lamentablemente, “esto va a volver a ser un fracaso y, cada día que pasa y tratan de inventar nuevas cosas, lo que sucede es que muere gente que no debía morir”, señaló el integrante de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.
En el caso de Baja California, a mediados de marzo la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda manifestó que no se ha recibido la propuesta formal de parte del Gobierno Federal y, cuando esta se obtenga, será analizada.
La decisión de este nuevo esquema parte del desconocimiento del sistema de salud mexicano y sus complejidades, como el que haya diferentes regímenes en los subsistemas. En este caso, en los servicios de salud de los estados y el IMSS Bienestar.
“¿Hay alguna modificación en sus tabuladores? ¿Son los tabuladores del IMSS Bienestar y no los del sistema de salud estatal los que operarán con la federalización?”, interrogó el legislador, al señalar que el personal sanitario requiere esa información.
El también ex secretario de Salud federal (2011-2012) precisó que IMSS Bienestar es un programa primordialmente rural, de primero y segundo nivel de atención, en unidades básicas, que sólo opera en 19 entidades federativas, por lo tanto, “no tiene la experiencia, no tiene las capacidades, el conocimiento para poder administrar y operar un sistema de manera integral”.
Además, dijo, “no es más de una decena de miles de trabajadores, todos muy buenos, muy competentes, (mientras) el sistema de salud de las entidades federativas debe tener alrededor de 400 mil personas al día de hoy”.
Y advirtió, lo que va a suceder es que una institución que se dedica a manejar un programa va a tener la responsabilidad de operar todo, cuando desde hace mucho tiempo tuvo que haber sido al revés, haberse descentralizado y los hospitales del IMSS Bienestar ser operados por los gobiernos estatales. Pero “esto no sucedió por un tema sindical”.
En entrevista con ZETA, Chertorivski Woldenberg consideró que con el nuevo cambio existe el riesgo de que “la cobertura -que ya era muy amplia en nuestro país- se siga dilapidando”. En ese sentido, recordó que al eliminar el Seguro Popular para crear el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), se perdieron 15 millones de personas afiliadas entre 2018 y 2020.
Al hacer un recuento histórico sobre la descentralización de los servicios de salud, concluida en 1996, Chertorivski Woldenberg explicó que se dio bajo la premisa de que en México los gobiernos subnacionales tienen mejores capacidades para administrar y operar los hospitales y la atención de salud directa con las familias.
“Hoy estamos retrocediendo a un país que se imaginan todavía en los 1960”, pese a que las capacidades de las entidades federativas crecieron de manera muy importante.
Por otro lado, expuso que en los últimos dos años se destruyó el sistema de planeación, compra y distribución de medicamentos, pues anteriormente, el 80% de las compras públicas se hacían de manera consolidada.
“Eran más de 500 funcionarios del IMSS y el ISSTE que se dedicaban durante todo el año a hacer la planeación para después lograr hacer las compras. Los estudios de demanda, que son complejísimos, los de oferta”, sin embargo, dicho sistema entró desde febrero de 2021 a una oficina en la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
“Por supuesto iba a fracasar, y en este momento, hasta que no se repare el mecanismo con la gente profesional, es muy difícil que podamos tener la recuperación del sistema”, advirtió el entrevistado.
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INCERTIDUMBRE LABORAL
Mediante sendos convenios, la administración de Andrés Manuel López Obrador formalizó con los gobiernos de Nayarit (7 de diciembre de 2021), Tlaxcala (4 de febrero de 2022) y Colima (25 de febrero), el proceso de federalización de la salud para la población sin seguridad social.
Once estados más han aceptado transferir sus hospitales y centros de salud al IMSS Bienestar, la meta es que en 2024, todas las entidades federativas adopten voluntariamente este modelo; sin embargo, el Gobierno Federal no ha hecho público un plan que detalle cómo se hará el proceso, dado que los subsistemas de salud estatales, tienen regímenes laborales distintos al del IMSS Bienestar.
De fondo, existe incertidumbre respecto a si van a garantizarse los derechos laborales de los trabajadores de los estados cuando se incorporen al IMSS Bienestar, según la perspectiva de Blanca Águila Lima, secretaria general de la Sección 27 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) en Tlaxcala.
El sindicato ha expresado su oposición sobre la extinción del organismo descentralizado que es su fuente de trabajo, lo cual podría derivar en un paro estatal, por lo que el 1 de mayo saldrán a las calles a manifestar su inconformidad.
En una reunión con sus agremiados el 21 de abril de 2022, la también diputada local por el Partido Revolucionario Institucional denunció que la actual administración “quiere pasar (a los trabajadores) nomás de golpe y porrazo en un esquema de ilegalidad y opacidad”.
Respecto a la promesa de que la nueva federalización traería la basificación de miles de trabajadores, Águila Lima consideró que si “el Presidente tiene la obligación y la voluntad, ya hubiera liberado el presupuesto para basificar a las personas”. Pero a diferencia del sexenio anterior, en el que tres años consecutivos (2014, 2015 y 2016) hubo basificación en Tlaxcala, en lo que va de la Cuarta Transformación, “no se ha visto nada”.
El 24 de marzo, en su visita a aquella entidad del centro del país, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, declaró a El Sol de Tlaxcala que al estar enfocados en el mejoramiento de la atención médica, “no han llegado al proceso en que serán definidas las condiciones laborales de cada trabajador, ya sea por tipo de contrato, por categoría, por antigüedad o por régimen pensionario, cada uno decidirá qué le conviene más”.
En Nayarit, la Sección 31 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, aseguró que Gobierno del Estado, el secretario de Salud y el director de Servicios de Salud respetarán el régimen laboral, pensionario y demás derechos consagrados en la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado y las Condiciones Generales de Trabajo, ya que no se extingue el organismo público descentralizado, denominado Servicios de Salud del Estado de Nayarit.
En esa entidad federativa, el sindicato está siendo “cuidadoso” para asegurar la implementación del programa de salud IMSS Bienestar, sin que ello implique una transferencia de recursos humanos.
“Te van a preguntar si te quieres quedar en la Secretaría de Salud con todos tus derechos y obligaciones, o si te quieres aventurar a ir IMSS Bienestar de manera individual, obviamente te vas bajo las condiciones de IMSS Bienestar”, manifestaron representantes sindicales en aquel Estado del occidente del país.
Señalaron que, al ser un programa a implementar, los trabajadores del Estado laborarán junto con el personal que contrate IMSS Bienestar, respetando la plaza, inscripción y prestaciones.
La organización sindical señaló que la implementación y entrada en vigor del nuevo programa será gradual, conforme al avance de cinco subconvenios, que “no hay plazos fatales”, aunque no detalló las temáticas relacionadas a estos.
En ese contexto, trabajadores han referido que aquellos que cuentan con edad suficiente y/o años de servicio, tienen la opción de jubilarse.
IMSS BIENESTAR PARA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL
Según información del Seguro Social, desde el 1 de abril, el proceso de federalización arrancó con un programa piloto en Nayarit que se extenderá a Tlaxcala y Colima, para atender a la población sin seguridad social.
En Nayarit, 261 centros de salud estatales y 16 hospitales con 4 mil 627 trabajadores pasarán a formar parte del IMSS-Bienestar. De abril a diciembre, el IMSS-Bienestar invertirá mil 438.4 millones de pesos, de los cuales poco más de un tercio (558.2 millones de pesos) se destinará al servicio de nómina de mil 629 profesionales de la salud, entre los que se encuentran 68 médicos especialistas. En tanto, 450.2 millones se destinarían a equipamiento, la mayoría de atención de primer nivel, y 430 millones de pesos a infraestructura.
En el caso de Tlaxcala, pasarán 13 hospitales y 203 centros de salud al IMSS Bienestar. De abril a diciembre se invertirán 841.5 millones de pesos para mejorar las unidades médicas y el abastecimiento de medicamentos.
En el mismo periodo, se invertirán 533.3 millones para atender las necesidades de 145 centros de salud y seis hospitales de Colima que pasarán a IMSS Bienestar. También incluye la compra de 3 mil 611 equipos de primer nivel y la contratación de 691 integrantes de personal de enfermería, de medicina general, especialistas y paramédicos.
IMSS Bienestar es un programa del Seguro Social que surgió en 1979 como IMSS Coplamar, para brindar salud a población en extrema pobreza y profunda marginación. En 1984 se descentralizaron 911 Unidades Médicas Rurales de 14 estados, y cinco años después, cambió su nombre al de IMSS Solidaridad.
A lo largo del tiempo, conforme se determinó en cada sexenio, fue cambiando su denominación (IMSS Solidaridad, IMSS Oportunidades, IMSS Prospera y ahora IMSS Bienestar).
Según el Seguro Social, el Instituto tiene presencia en 19 estados de la República Mexicana, donde atiende a 11.6 millones de personas. Cuenta con 80 hospitales rurales, 3 mil 622 unidades médicas rurales, 184 brigadas de salud, 140 unidades médicas móviles, 45 centros de atención rural obstétrica y 70 albergues.
Judith Senyacen Méndez Méndez, coordinadora del Área de Salud y Finanzas Públicas del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, AC, explicó que actualmente este subsistema de salud reporta el menor gasto per cápita en México, y atiende alrededor de 50 afecciones de un catálogo universal, ya que IMSS Bienestar está enfocado mayormente a la atención primaria (primer nivel). Es decir, a intervenciones ligadas a la salud pública (vacunas y exámenes de detección), por lo que se requeriría saber de qué manera se ampliará el catálogo de intervenciones, dado que el Insabi (antes Seguro Popular) atendía alrededor de 2 mil 800. Mientras que IMSS e ISSSTE atienden cerca de 8 mil, y Petróleos Mexicanos cubre más de 8 mil cirugías estéticas, dependiendo del contrato de cada trabajador.
Si bien, en el Presupuesto de Egresos 2022 el presupuesto de IMSS Bienestar incrementó alrededor del 67%, existen partidas que hacen referencia al pago de servicios a IMSS e ISSSTE, “que lo que creemos, que es este pago por la atención que dieron el IMSS e ISSSTE en los primeros años de pandemia de COVID-19 a población sin seguridad social”.
Entonces, gran parte del presupuesto del IMSS Bienestar se va a gasto corriente, otra parte a deuda, y “en realidad, no había un incremento de recursos físicos, humanos o la atención”.
En entrevista con ZETA, Méndez Méndez consideró necesario que el Gobierno Federal dé a conocer a detalle el plan para federalización de los sistemas estatales, y si es un proceso encaminado a la universalización.
“Que haya un plan, fases, tiempo, objetivo, y vaya de la mano de un presupuesto”, ya que dada la brecha que existe en el sector salud, no basta con hablar de eficiencia o de eliminar la corrupción, “se requiere inyectarle más recursos a la salud”, lo cual no se ha hecho.
La especialista apuntó que México destina 2.5 puntos de su Producto Interno Bruto (PIB) a salud, cuando el mínimo son 6 puntos, de acuerdo con estimaciones de la Organización Mundial de la Salud. Países latinoamericanos como Argentina destinan entre 8 y 9 puntos de su PIB, y Chile, entre 6 y7 puntos. En suma, “no es coherente hablar de que tengas todas esas buenas intenciones y esas políticas sin un presupuesto asignado”.
Sin embargo, “mientras sigas teniendo una presión presupuestaria que te jala recursos (como el sistema de pensiones en México), de qué manera vas a poder inyectarle a otros sectores como salud”, cuestionó.
El presupuesto insuficiente al área de salud ha propiciado que los hogares más perjudicados sean los de menores ingresos, los cuales han tenido que destinar más dinero de sus ingresos a la compra de medicamento o atención a la salud. “Sólo por la pandemia de COVID-19, el gasto de bolsillo tuvo un aumento de hasta 40%” en los hogares mexicanos, refirió Judith Méndez.
