Andrés Manuel López Obrador fue electo en 2018 para cumplir con un mandato constitucional en la Presidencia de la República, que en este caso, equivale a poco menos de un sexenio, dados los cambios en la reforma electoral de 2014, que adelantó al 1 de octubre la toma de posesión del Presidente de 2024 en adelante.
López Obrador fue electo, pues, para durar en el cargo cinco años y diez meses. No más, no menos.
Pero el capricho y la evidente e infinita necesidad de estarse revalidando ante el pueblo, llevaron al Ejecutivo a primero proponer, después promover y finalmente llevar a cabo, una consulta popular de Revocación de Mandato que, en la desfachatez del poder, terminó siendo un ejercicio de la promoción para ratificación de un poder, que, de manera legítima y constitucional, ya tiene la Presidencia de la República.
Aparte de onerosa, más de mil millones de pesos el ejercicio, a los únicos que les interesó la propuesta fue al mandatario y a sus seguidores. La sociedad en general ha sido más apática, y eso se ha notado tanto, que en las últimas semanas, desde la esfera gubernamental de Morena, se han lanzado literalmente a la calle para convencer a los seguidores a que voten este 10 de abril en la consulta popular.
El ansia de demostrar que el Presidente sigue con la aprobación electoral que logró en 2018 (más de 30 millones de votos), ha llevado a los gobiernos de Morena, incluido el de la República, pero sin dejar fuera a los de los estados, los municipios y varios congresos estatales, a violentar las leyes que ellos propusieron y aprobaron.
Por ejemplo, mantenerse alejados de la promoción del voto para la consulta popular, o no tener actos oficiales de programas sociales que puedan interpretarse como una prenda de validez para conminar a acudir a las urnas para mantener al gobierno, que de suyo tenemos hasta el 1 de octubre de 2024.
Tanto López Obrador como la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo y otros gobernantes como el sonorense Alfonso Durazo, ya fueron alertados de la prohibición de realizar actos con programas sociales durante lo que se conoce como veda electoral, propuesta y aceptada para que aquellos que ostentan el poder, no influyan con sus acciones de gobierno en el ánimo del electorado.
Otros funcionarios también están bajo investigación del Tribunal Electoral, como el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien el fin de semana anterior, utilizó un avión de la Guardia Nacional para, junto con el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado y el Comandante General de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, trasladarse a dos ciudades del Norte para protagonizar actos a favor de AMLO en la consulta popular del próximo domingo.
De ello hay muchas pruebas. Videos, fotografías, audios. Del secretario de Gobernación haciendo un llamado a no dejar solo al Presidente y arengando a “la revolución de las conciencias”; del dirigente de Morena gritando “No está solo, no está solo”. Todo en días laborales y con transporte oficial, es decir, haciendo campaña en plena veda electoral, con recursos públicos.
La desfachatez de los morenistas llega al nivel de “desmentir” lo que se ve en videos, se escucha en audios o se observa en imágenes: que están utilizando recursos públicos para la causa electoral del Presidente.
Una causa electoral, además, sin sentido, dado que, insisto, fue electo para gobernar el país poco menos de un sexenio.
La figura de Revocación de Mandato, instaurada por supuesto en esta administración morenista, debe ser una herramienta de la sociedad, no un objeto de capricho político electoral de quien ya gobierna el país y la mayoría de las entidades federativas. Hacer uso del aparato de gobierno y la organización electoral sólo para refrendar algo que de suyo y por un periodo determinado ya posee, no sólo es de una frivolidad terrible, sino de un dispendio innecesario ante las condiciones económicas y de desarrollo en el país.
Aparte que resulta ser un distractor político para gobernantes, funcionarios y legisladores, que en lugar de estar poniendo esfuerzo, dedicación, compromiso y mente en solucionar o por lo menos atenuar los problemas del país, como la inseguridad, por ejemplo, distraen no sólo un avión de la Guardia Nacional para que el titular de la Secretaría de Gobernación y el dirigente de Morena hagan campaña a favor del Presidente, sino también al General Luis Rodríguez Bucio, quien en lugar de andar en actos político-electorales, debería concentrar sus esfuerzos en instaurar operativos para el combate a la inseguridad provocada por los cárteles de la droga y el crimen organizado, que tienen sumido a México en un charco de sangre que alcanza todos los rincones de este territorio.
Pero así ha resultado Morena: un partido que gobierna entre la desfachatez y el capricho, mayormente azuzado por el ansia del control electoral de una nación que va de crisis en crisis, mientras el Presidente se aferra al poder por el poder.
