Morena hace solicitudes de recusación para que Margarita Zavala y Edna Díaz no participen en la sesión acusando conflicto de interés. Pese a que la Dirección de Asuntos Jurídicos determinó que “no se alcanza a percibir la figura de conflicto de interés” legisladores de la 4T pretenden que las solicitudes sean votadas en el pleno.
Tras un primer diferimiento de media hora, inició la segunda sesión de este 17 de abril de 2022 en la Cámara de Diputados, en la que se prevé discutir la reforma eléctrica constitucional, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Se prevén 80 oradores que argumentarán a favor o en contra, sin que haya reservas a debatir; por lo que la votación de la también llamada “Ley Bartlett” podría darse durante la noche de este domingo o madrugada del lunes.
A San Lázaro llegaron 498 diputados de la LXV Legislatura. Ante el rechazo de la alianza “Va por México”, conformada por PRI-PAN-PRD se prevé que Morena, PT y PVEM no logren tener 57 votos de la oposición para conseguir las dos terceras partes de la Cámara de Diputados (334 votos) necesarias para hacer cambios constitucionales.
Al inicio de la sesión se había confirmado que el único priista que votará a favor de la iniciativa presidencial es Carlos Miguel Aysa Damas, hijo del exgobernador de Campeche Carlos Miguel Aysa González, cuyo nombramiento como embajador de México en la República Dominicana está por ser aprobado por el Senado de la república.
Esta mañana trascendió que un legislador del Partido Verde Ecologista (PVEM) se rebelará a su bancada y votará en contra de la reforma eléctrica, para luego sumarse a la de Movimiento Ciudadano (MC).
En el salón de plenos de la Cámara de Diputados, la morenista, Lilia Aguilar Gil pidió que no participen en la sesión Margarita Zavala Gómez del Campo y Edna Díaz Acevedo por conflicto de interés, argumentando que en el caso de Zavala su cónyuge y ex presidente Felipe Calderón Hinojosa recibió alrededor de 9 millones de pesos de Iberdrola.
El presidente de la Mesa Directiva Sergio Carlos Gutiérrez Luna dijo que ambos casos turnarán al área técnica para que en el transcurso del día se dé un dictamen jurídico sobre las bases de la solicitud de recusación en estos casos.
Ante la insistencia de los morenistas y petistas para que no participe Zavala Gómez del Campo se leyó una misiva de la legisladora en la que señala que no existe un conflicto de interés “ni siquiera potencial”. Refiere que en 2016, cuatro años después de concluir el mandato presidencial, Calderón Hinojosa fue consejero independiente de una empresa de generación de energía renovable en Estados Unidos.
“Empresa independiente de Iberdrola”.
Zavala afirmó que su esposo “nunca ha trabajado en Iberdrola”, y reiteró que no existe un conflicto de interés ni siquiera potencial. En tanto, la opinión técnica de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados indicó que “no se alcanza a percibir la figura de conflicto de interés”, según se leyó en la sesión de este domingo.
Luego de que legisladores de oposición manifestaron su inconformidad por la discusión de ambos casos en una maniobra para dilatar la votación de la también llamada “Ley Bartlett” porque Morena no ha reunido los votos suficientes para que ésta sea aprobada, Gutiérrez Luna pidió un receso para que la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política analicen cómo proceder ante las solicitudes de recusación.
Antes, en un clima de confrontación, legisladores oficialistas que llevaban banderas de México y un muñeco del presidente Andrés Manuel López Obrador gritaban “traidores, traidores”. Mientras que los de la oposición respondían “No va a pasar”.
Afuera del recinto legislativo elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México, del grupo de antimotines, reforzaron la seguridad en las inmediaciones de San Lázaro.
¿QUÉ ES LA REFORMA ELÉCTRICA?
El dictamen que este domingo está discutiendo el pleno de la Cámara de Diputados pretende revertir la reforma energética de 2013, que entonces impulsó el presidente Enrique Peña Nieto. Prevé modificar los artículos 4, 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo el argumento de que se ha beneficiado a empresas privadas a costa de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El dictamen indica que el artículo 27 Constitucional el “litio y demás minerales considerados estratégicos para la Transición Energética, no se otorgarán concesiones”, pues éste se considerará como un bien nacional.
En el artículo 28, el dictamen mantiene como lo propuso López Obrador, que la CFE será responsable de la electricidad y del Sistema eléctrico Nacional, así como de su planeación y control; será autónoma en el ejercicio de sus funciones y en su administración, y estará a cargo de la ejecución de la Transición Energética en materia de electricidad, así como de las actividades necesarias para ésta.
La CFE generará al menos 54 por ciento de la energía eléctrica que requiere el país, mientras el sector privado participará hasta en el 46 por ciento. El servicio público de abastecimiento de energía eléctrica será prestado exclusivamente por la CFE, la que podrá adquirir energía eléctrica del sector privado.
En los artículos transitorios, el dictamen también dejó la propuesta de AMLO para que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) se reincorpora a la CFE; la cual quedará a cargo de los procedimientos para despachar sus centrales por mérito económico dando prioridad a las centrales eléctricas de la CFE.
“Los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad con el sector privado, se cancelan, así como las solicitudes pendientes de resolución”, indica el artículo V del citado dictamen, acorde también con la propuesta del titular del Ejecutivo.
El dictamen también indica que la generación procedente de las modificaciones a los permisos de Autoabastecimiento que fueron otorgados en contravención a lo establecido en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica no será reconocida, ni adquirida por la CFE.
La generación excedente de los Productores Independientes de Energía, derivada de permisos sobrepuestos al permiso original de la central, tampoco será reconocida ni adquirida. Las solicitudes de permisos pendientes de resolución no serán autorizadas, refiere el texto.
También conforme a la propuesta del titular del Ejecutivo federal, el dictamen mantiene la cancelación de los Certificados de Energías Limpias. “El Ejecutivo Federal instrumentará mecanismos que contribuyan a la eficiencia energética, la reducción de las emisiones y el incremento de la utilización de energías limpias, en los procesos de generación y consumo de energía eléctrica”.
El porcentaje de la energía eléctrica que se reconoce a la inversión privada es la que se generaba al amparo de los permisos y contratos cancelados a las empresas que operaban a las centrales de los Productores Independientes de Energía, sin considerar atribuidos excedentes; las centrales Eléctricas construidas a partir de la reforma energética del 2013; las centrales Eléctricas de Autoabastecimiento auténtico que hayan operado conforme a los términos establecidos en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica; y, las centrales adjudicatarias de las subastas de largo plazo.
“Estas centrales eléctricas podrán seguir generando electricidad y competir para ofertar los menores costos de producción, para que sea adquirida por la CFE a través del Cenace, en el corto y largo plazo, para beneficio de los usuarios finales. La CFE celebrará contratos de cobertura financiera bilateral de largo plazo, para la adquisición de energía eléctrica y capacidad generada por el sector privado”, señala el documento al que tuvo acceso ZETA.
Entre los pocos cambios que se hicieron en el dictamen destaca el que se reconocen los contratos de generación distribuida existentes y se mantienen las condiciones vigentes para nuevos contratos hasta 0.5 megawatt. Mientras que, los ayuntamientos y organizaciones del sector social sin fines de lucro podrán celebrar contratos para el autoconsumo con la generación distribuida, hasta por 1.0 megawatt cumpliendo los requisitos que establezca la CFE.
Además de establecer que a la entrada en vigor del decreto, la CFE procederá a establecer un esquema tarifario del servicio público que permita reducir las tarifas de alumbrado público, de bombeo de agua potable, saneamiento y doméstico; asimismo, revisará las que correspondan a las instituciones de salud y educación pública, con el objeto de que su suministro se preste en condiciones asequibles.
En el artículo 4 Constitucional se establece que toda persona podrá acceder al uso y suministro de energía eléctrica suficiente y asequible como condición previa para el goce de los derechos humanos que establece esta Constitución. El Estado garantizará las condiciones y la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a la energía eléctrica.
Además, el dictamen señala que el Estado queda a cargo de la Transición Energética y utilizará de manera sustentable todas las fuentes de energía de las que dispone la Nación, con el fin de reducir la emisión de gases y componentes de efecto invernadero para lo que establecerá las políticas científicas, tecnológicas e industriales necesarias para esta transición, impulsadas por el financiamiento y demanda nacional como palancas de desarrollo.
