La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es fundamental para que el titular del Ejecutivo revierta la legislación eléctrica de 2013. Analistas alertan riesgo de recesión en México
Con una votación fragmentada, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó el proyecto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, que propone la constitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), promulgada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador en marzo de 2021 tras su aprobación en el Legislativo.
Sin embargo, no se alcanzaron los 8 votos necesarios para declarar la invalidez de la Ley, pese a que hasta siete ministros consideraron inconstitucionales algunos artículos de la LIE -impugnados en la discusión de dos controversias constitucionales (44/2021 y 45/2021) y una acción de inconstitucional (64/2021).
Además de Loretta Ortiz Ahlf, Yasmín Esquivel Mossa, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y del presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, votaron a favor del proyecto en la mayoría de sus planteamientos, aunque en algunas ocasiones profirieron argumentos distintos a los establecidos en el proyecto elaborado por Ortiz Ahlf.
En contraste, los ministros Javier Laynez Potisek, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández, Luis María Aguilar Morales, Ana Margarita Ríos Fajart y Alberto Pérez Dayán se pronunciaron por la inconstitucionalidad. Coincidieron en que la LIE debía analizarse conforme a la Constitución y la Reforma Energética de 2013 que está vigente.
El ministro Luis María Aguilar consideró que la libre competencia se ve comprometida por la LIE, la cual establece que los despachos de las centrales eléctricas “no será resultado de un proceso competitivo” como determina la Constitución, toda vez que la reforma impulsada por AMLO privilegia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el despacho de sus plantas generadoras al sistema nacional eléctrico.
Norma Lucía Piña Hernández sostuvo que el objeto de la Corte es “respetar y hacer respetar” la Constitución. Señaló que “ningún control respecto a normas inferiores” puede ignorar el mandato de sustentabilidad energética para la protección del medio ambiente, establecido en el Artículo 25 Constitucional
“Un sistema normativo -como propone la LIE- que inhibe claramente los esfuerzos de reducir la dependencia a combustibles fósiles en la producción de energía y como sistema, se constituye como una medida regresiva para la transición a un modelo de desarrollo bajo en carbono al que estamos obligados en términos constitucionales”, afirmó.
Ríos Fajart indicó que “no es papel” de los ministros cuestionar a la Constitución, “porque eso nos desdibujaría como sus intérpretes”. Se manifestó a favor de los órganos reguladores, como el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) “porque son los responsables directos de encaminarnos hacia los objetivos constitucionales a partir de su bagaje de conocimientos técnicos y de la fortaleza de su diseño constitucional”.
El presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, votó a favor del proyecto de Loretta Ortiz luego de considerar que el análisis a las normas que inciden en los derechos a la competencia económica y libre concurrencia, deben hacerse con un test de proporcionalidad y no a través de peticiones de principios. “Si nos parece adecuado, si nos parece correcto, si nos sorprende o no nos sorprende, si pensamos que es mejor esto o aquello, tenemos que dar argumentos técnicos de constitucionalidad”, argumentó.
“Las normas al nuevo esquema de prioridad en el despacho en función de contratos de entrega física, al sistema de precios unitarios y al sistema de centrales y contratos legados, en la medida que están diseñados para favorecer a la CFE por encima de otros participantes en el mercado, tienen una clara incidencia en este derecho. Esto no significa que por ese solo hecho tales preceptos sean inconstitucionales, la competencia económica, como cualquier otro derecho, no es absoluta, y mucho menos en una actividad como la industria eléctrica, en la que algunos compontes corresponden a un área estratégica de desarrollo que corresponde exclusivamente al Estado”, complementaría.
La disertación del asunto comenzó el 5 de abril, sesión en la que, previamente, ocho ministros consideraron que Loretta Ortiz Ahlf no estaba impedida de participar en la discusión y votación. Ello, ante el reclamo de parcialidad hacia el gobierno, pues la hoy ministra fue diputada por el Partido del Trabajo (2012-2015) y votó en contra de la Reforma Eléctrica vigente.
Con el resultado de la sesión, la Corte no emitirá jurisprudencia sobre la validez de la LIE. Al no derogarse la Ley, no tendrá efectos generales, “eso va a llevar que los particulares se amparen y ahí las reglas de votación (permitirán) que algunos ganen amparos, pero no tendrá efectos generales, sino para las empresas o personas que lo tramiten”, explicó el abogado Juan Marcos Gutiérrez.
“Esta mayoría simple de ministros sería suficiente para posteriormente, conceder a más de 200 empresas que impugnaron la reforma, ya que estos juicios de tramitan por separado y sólo requieren seis votos en Pleno y tres en Sala; sin embargo, no es un hecho que los amparos ya concedidos por jueces de primera instancia llegarán a la SCJN”, observó.
LAS PRESIONES
Horas antes de que la Corte retomara la discusión del proyecto de Ortiz Ahlf, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, acudió a las instalaciones del máximo tribunal del país, en una acción vista como un intento de cabildear a favor.
Previamente, el Presidente López Obrador había reprochado que los ministros “hacen pura fundamentación legal”, sin considerar la corrupción de la Reforma Eléctrica de 2013, y había asegurado que la discusión revelaría si los ministros están por el interés público o son abogados patronales. “Que no vengan con ese cuento de que la Ley es la Ley. No, lo que se va a demostrar es si son abogados que defienden el interés público, o son abogados patronales”, reiteró el político tabasqueño.
A días de que la Cámara de Diputados comience la discusión del dictamen de la iniciativa en las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Energía, y posteriormente en el Pleno, la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, envió una carta a la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, para advertir que la Reforma Eléctrica pone en riesgo 10 mil millones de dólares de inversionistas estadounidenses y violaría disposiciones del T-MEC.
“Desde hace mucho tiempo, el gobierno de Estados Unidos ha expresado serias preocupaciones sobre una serie de cambios administrativos, regulatorios y legislativos en las políticas energéticas de México que violan estas obligaciones fundamentales, incluidos los cambios de 2021 a la Ley de la Industria Eléctrica”, indicó.
En la misiva, fechada el 31 de marzo, la funcionaria norteamericana expuso: “Desafortunadamente, si bien hemos tratado de ser constructivos con el gobierno mexicano al abordar estas preocupaciones, no ha habido cambios en la política en México”, e instó a suspender las acciones que consideró “preocupantes”.
Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA, estimó que la aprobación de la iniciativa de Reforma Eléctrica podría generar una recesión económica en México, pues afectará a la inversión. Previó que el país tendrá un crecimiento económico de 1.2% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2022, pronóstico inferior al 2.2% que se esperaba anteriormente.
DIPUTADOS PODRÍAN DISCUTIR REFORMA LA PRÓXIMA SEMANA
El dictamen de la reforma constitucional a los artículos 25, 27 y 28, que los integrantes de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Energía analizarán en próximos días, prácticamente deja sin cambios la iniciativa presidencial.
Llama la atención que al referir los 26 foros del Parlamento Abierto sobre la Reforma Eléctrica (enero-febrero 2022), el documento recoge prácticamente sólo opiniones en favor de la visión del titular del Poder Ejecutivo, dejando de lado los señalamientos hechos por los partidos de oposición.
Según el dictamen al que ZETA tuvo acceso, la reforma de AMLO propone que el Cenace se reincorpore a la CFE, institución que quedaría a cargo de los procedimientos para despachar la energía, considerando que las centrales eléctricas de la CFE proporcionarán “al menos” el 54% de la energía requerida por el país. El sector privado tendrá el 46%.
La reforma también prevé suprimir la Comisión Nacional de Hidrocarburos, cuya estructura pasará a la Secretaría de Energía. Señala que la electricidad mediante permisos de autoabastecimiento no será reconocida, y se cancelarán los certificados de energías limpias.
Además, no se otorgarán concesiones para explotar el litio, pues “corresponde exclusivamente a la nación el área estratégica de la electricidad, consistente en generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica.
Entre los pocos cambios hechos a la iniciativa presidencial, destaca la incorporación del Artículo 8 transitorio, el cual establece que se reconocen los contratos de generación distribuida existentes (de pequeña escala) y se mantienen las condiciones vigentes para nuevos contratos hasta por 0.5 MW, y de 1 MW para organizaciones sin fines de lucro y ayuntamientos.
El miércoles 6 de abril, Rubén Moreira Valdez, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, expresó que el bloque opositor (PAN-PRI-PRD) denominado “Va por México” busca que sus 12 propuestas se integren al dictamen. De otro modo -dijo el panista Elías Lixa Abimerhi- la reforma “simplemente no va, no importa cómo la planteen”, por lo que la oposición no estaría a favor de discutir la iniciativa en Semana Santa.
