La organización no gubernamental Artículo 19 presentó el informe anual sobre libertad de expresión, acceso a la información y respeto de derechos humanos en México, titulado ‘Negación’, en el que se concluye que durante el año 2021 se consolidó la tendencia a negar e invisibilizar problemáticas relacionadas con los derechos humanos desde el discurso público.
Leopoldo Maldonado Gutiérrez, director de la oficina regional para México y Centroamérica de Artículo 19, expuso que esta negación se traduce en desinformación oficial, estigmatización pública de la prensa, discrecionalidad en la asignación de la publicidad oficial, engaños en el sistema de transparencia, violencia contra la prensa, brecha digital, y violaciones a los derechos humanos, que vulneran la libertad de expresión.
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El director regional de la ONG agregó que durante dicho periodo se reforzó la concentración de la comunicación social desde la conferencia de prensa matutina presidencial, donde la desinformación oficial es el mecanismo empleado para anular a cualquier otro discurso que se le oponga a sus interlocutores, a través de dichos y datos difíciles de confirmar.
Como ejemplo, Maldonado Gutiérrez indicó que las respuestas a 30 solicitudes de información dirigidas a la Oficina de la Presidencia de la República relacionadas con declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, en 50 por ciento de los casos este sujeto obligado se declaró incompetente, mientras que en 27 por ciento indicó no haber localizado información documental relacionada con la solicitud, y, en un 3 por ciento señaló que se había declarado la inexistencia de la información.
Conforme a la estigmatización a la prensa, el informe de la ONG refiere que durante las conferencias de prensa matutinas presidenciales, por lo menos en 71 ocasiones, un promedio de casi seis ocasiones al mes, el propio titular del Ejecutivo Federal u otros integrantes del Gobierno denostaron a la prensa.
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En el informe se expuso que durante 2021 la ONG registró siete asesinatos y un total de 644 ataques contra la prensa vinculados al ejercicio periodístico, lo que resulta en promedio en una persona periodista agredida por su labor cada 14 horas.
Asimismo, Artículo 19 documentó que de estos ataques el Estado mexicano estuvo involucrado en dos de cada cinco agresiones, mientras que los temas más vinculados a la violencia contra periodistas fue la corrupción y la política, con 285 agresiones.
Según la ONG, durante los tres años de Gobierno del presidente López Obrador suman ya mil 945 ataques contra la prensa, entre los cuáles se encuentran 33 asesinatos de periodistas y dos desapariciones. Como comparativo, la Administración de Enrique Peña Nieto registró en el mismo periodo, un total de 19 asesinatos de periodistas en posible vínculo con su labor, así como mil 053 ataques.
Artículo 19 documentó que durante los primeros tres años del Gobierno de López Obrador representan casi un 85 por ciento más de ataques contra la prensa que los primeros tres años del anterior sexenio, marcando el periodo más violento contra la prensa del que se tenga registro.
El informe de Artículo también expone la discrecionalidad del gasto de publicidad oficial, lo que es un obstáculo para la pluralidad mediática. Datos preliminares refieren que La Jornada, Televisa y TV Azteca representan el 33 por ciento de la totalidad del gasto de comunicación social de la actual Administración.
Por otra parte, señala que la narrativa oficial de comunicación centrada en las conferencias de prensa matutinas del presidente López Obrador, sirve como un espacio de deslegitimación del mensajero institucionalizada a través de la sección ‘Quien es quién en las mentiras’ y de desinformación, donde se exponen dichos que no son verificables.
Además, la organización identificó que el año pasado continuó la tendencia de regularización del espacio digital, a través de procesos opacos y poco participativos para aprobar iniciativas en detrimento de los derechos digitales.
Entre los ejemplos más claros de estas tendencias se encuentran la propuesta para crear el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT) y la aprobación de los lineamientos por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para regular la neutralidad de la red.
El informe de Artículo 19 indicó que la narrativa descalificadora imitada por diferentes niveles de gobierno, también ha derivado en el debilitamiento significativo de las instituciones encargadas de velar por la prevención y protección de la violencia.
La propia Secretaría de Gobernación (SEGOB) reconoció que de 2017 a 2021 se cometieron nueve homicidios de personas que contaban con medidas otorgadas por el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Por otra parte, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) quedó acéfala por 18 meses, y recibió en 2021 un presupuesto 62.8 por ciento menor al solicitado, que contrasta con el incremento de 70 por ciento recibido por la Guardia Nacional en 2022.
La ONG también denunció la utilización facciosa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para defender personas funcionarias señaladas de violar derechos humanos de periodistas. Artículo 19 consultó a 35 comunicadores respecto a la confianza para presentar una queja o solicitar apoyo a la CNDH. Sin embargo el 56 por ciento afirmó no confiar en dicho órgano constitucional autónomo.
Aunque existen algunos avances en el tema de violaciones a los derechos humanos, el informe advirtió que las políticas continúan planteándose de manera disociada, ya que el Gobierno Federal usa fechas y espacios que se asocian con la represión por parte del Estado para avanzar una narrativa de compromiso con los derechos humanos y diferencia con gobiernos anteriores. No obstante, las violaciones a derechos humanos continúan, e incluso algunas de ellas aumentaron en la actual Administración.
Por último, Artículo 19 dio a conocer la actualización para 2022 de su Agenda Mínima 3.0, una lista de 36 acciones urgentes en materia de libertad de expresión e información, entre las cuales destacan:
-Eliminar el uso discrecional y arbitrario de la publicidad oficial como recurso de control indirecto de las líneas informativas de medios de comunicación
-Eliminar las restricciones legales al ejercicio de la libertad de expresión
-Desarrollar una política pública de protección integral para garantizar el ejercicio de libertad de expresión de las y los periodistas.
-Asegurar la protección de las y los periodistas ante la pandemia de COVID-19.
-Combatir la impunidad de las agresiones contra la prensa y garantizar el derecho a la verdad.
-Abstenerse de promulgar legislaciones restrictivas de los derechos digitales y de utilizar mecanismos de censura en internet.
-Equilibrar la protección de los datos personales, la privacidad y el derecho al honor con el ejercicio de la libertad de expresión e información en internet.
-Promover y garantizar el derecho de acceso a internet sin discriminación; garantizar el ejercicio de la libertad de expresión para las mujeres en el entorno físico y digital.
-Controlar el uso de herramientas de vigilancia y garantizar el acceso a la información a las poblaciones en situación de vulnerabilidad.
