La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión recibió, el 26 de abril del 2022, una propuesta de decreto por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, para facultar a la Secretaria de la Función Pública (SFP) a realizar las compras consolidadas de todo el Gobierno Federal.
Además, la propuesta de decreto presentado por el mandatario nacional pretende transferir a la SFP la potestad que en la actualidad tiene la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para nombrar a las personas titulares de las Unidades de Administración y Finanzas o equivalentes en todos los entes de la Administración Pública Federal.
“Con ello, se evitarán posibles actos de corrupción o colisión de servidores públicos que afecten la administración de los recursos públicos”, puntualiza la iniciativa, que también argumenta que dejar dichas responsabilidades a cargo de la SFP, permitirá homologar la actuación de la operación administrativa de las entidades paraestatales, “con el objeto de que éstas atiendan la política de austeridad republicana y que el uso de los recursos públicos se ejerza de manera racional”.
“Por ello, desde un enfoque más preventivo que correctivo, es fundamental que las Unidades de Administración y Finanzas sean conducidas y coordinadas por la propia SFP. Al erigirse como ente garante y rector de la política general en materia de contrataciones públicas, fortalecerá el acompañamiento y vigilancia del manejo, custodia y aplicación de los recursos públicos en apego a los principios constitucionales de eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, transparencia y honradez”, sostiene la propuesta de decreto.
Si la iniciativa es aprobada, la SFP nombrará y removerá a las personas titulares de las Unidades de Administración y Finanzas o sus equivalentes, así como a las personas servidoras públicas de los dos niveles jerárquicos inmediatos inferiores, en todas las instituciones de la Administración Pública Federal y sus órganos desconcentrados, “con excepción de la Secretaria de la Defensa Nacional [SEDENA], la Secretaría de Marina [SEMAR] y las empresas productivas del Estado”.
Respecto de las compras consolidadas, el titular del Poder Ejecutivo Federal propone en su iniciativa de decreto, que la SFP esté facultada para consolidar las contrataciones de bienes y servicios de la Administración Pública Federal, “cuando de esa consolidación se deriven beneficios y ahorros para las finanzas públicas”.
Dicha facultad se trasladaría de la SHCP a la SFP, con la finalidad de participar en las negociaciones comerciales internacionales relacionadas con compras del sector público, coordinar las compras estratégicas y elaborar disposiciones que promuevan la participación de la proveeduría nacional.
“Esta facultad de consolidación de los procedimientos de compras gubernamentales regulados por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, coadyuvaría a reforzar la eficiencia en el combate a la corrupción desde la SFP, al poder intervenir para garantizar las mejores condiciones de calidad, precio y oportunidad en la adquisición de bienes y servicios en la Administración Pública Federal”, enfatiza la iniciativa.
Aunado a lo anterior, la propuesta de decreto del presidente López Obrador pretende reducir la estructura de los Órganos Internos de Control (OIC) del Gobierno Federal, entes encargados de vigilar que se fiscalice el gasto, se evalúe la gestión pública y se prevengan actos de corrupción.
El objetivo de la reforma es “cubrir con la infraestructura mínima indispensable las necesidades en la vigilancia, control y evaluación de la gestión pública”, por lo que el mandatario nacional propone que varios entes del Gobierno Federal compartan dichos organismos.
La propuesta presidencial argumenta que normalmente se ha interpretado que cada ente debe tener un órgano interno de control, mientras que la ley vigente permite que varios entes compartan un sólo OIC.
“De esta manera, la iniciativa desarrolla la posibilidad de agrupar a los órganos internos de control por sector, material o especialización. Lo anterior, según mejores prácticas, armonización del ejercicio de la función, racionalidad y austeridad republicana, la independencia para la toma de decisiones objetivas e imparciales”, insiste.
