Juez cuarto de distrito en Baja California, observó que el presidente de la república pudiera replicar que se esté utilizando una ley en su perjuicio, en caso de que la consulta para decidir si se le revoca el mandato o permanece en el cargo no le fuera favorable
El juez cuarto de distrito en materia de amparo y juicios federales en Baja California, Francisco Caballero Green, refirió que el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, pudiera alegar que la Revocación de Mandato no aplica en su caso, si la consulta del 10 de abril no le favorece y termina por ser vinculatoria.
Explicó que en razón “del principio garante de que no se puede aplicar la norma retroactivamente en perjuicio de persona alguna”, López Obrador “estaría legitimado legal y constitucionalmente para hacer ese planteamiento ante un tribunal y decir (que) aun y cuando se alcanzó el 40% del padrón electoral”, en dado caso no sería procedente que se le revocara el mandato, pues la normatividad en la materia se emitió después de que él asumió el poder.
Caballero Green participó este miércoles 6 de abril en sesión del grupo Unidos por Tijuana, en la que en calidad de invitado especial ofreció una ponencia titulada Aspectos Legales de la Revocación de Mandato y sus Alcances, ello en alusión al proceso en curso desde el 4 de febrero y el cual concluirá con la jornada del próximo domingo, tendiente a establecer si el presidente de la república debe renunciar por pérdida de confianza o continuar en el cargo.
Recordó que para que el proceso cobre validez, sea que se vote a favor de que AMLO dimita a o de que permanezca en la presidencia, tiene que participar 40% de las personas inscritas en la lista nominal de electores, lo que según detalló el jurista, equivale a 37.3 millones de votantes.
Por lo que respecta al carácter vinculatorio de la consulta, sin asumirse como una de ellas, manifestó que hay personas que han sido muy categóricas en señalar que la Revocación de Mandato “es una farsa” y en esos términos cuestionan la relevancia de acudir a las urnas el 10 de abril, toda vez que el presidente “podría argumentar en su favor que se le está aplicando una norma en su perjuicio de manera retroactiva”, según citó.
Asumió que en tal caso, ya será decisión del propio López Obrador recurrir al precepto constitucional. “El único legitimado para hacerlo será él, si lo quiere hacer o no, si quiere plantear esa cuestión ante un tribunal será él”.
Mencionó que de acuerdo con un estudio, para alcanzar el umbral vinculatorio en el total de mesas receptoras a instalarse los asistentes tendrían que votar ininterrumpidamente de las 8:00 a las 18:00 horas, “sin que les lleve más de tres minutos el ejercicio democrático”.
En cuanto a que el Instituto Nacional Electoral no dispuso que se instalara la misma cantidad de casillas que en las últimas elecciones federales (celebradas en 2021), pues sólo habilitará 57 mil 517, Caballero Green señaló que en una Acción de Inconstitucionalidad, presentada ante la Suprema Corte, se planteó “la invalidez de algunos artículos de la Ley Federal de Revocación de Mandato en el sentido de que no se establecía con precisión el tema presupuestal”.
Recalcó que a fin de cuentas “no se declaró la invalidez” de esas disposiciones, de manera que “los entes públicos van a funcionar en base a la disposición de los recursos públicos que haya y de los que se pueda disponer”.
Sobre la partida presupuestal para organizar el ejercicio de participación ciudadana (lo cual implica la instalación de mesas receptoras), observó a pregunta de ZETA que “la letra de la norma no está en el sentido de que tiene que asegurar con el presupuesto necesario para que se pueda realizar el proceso de Revocación de Mandato”.
Agregó que, alcance o no con el presupuesto disponible, “el INE tendrá que hacer lo necesario para que se pueda cumplir con la norma legal y hacer accesible este ejercicio democrático a todos los ciudadanos o a la mayoría de los ciudadanos”.
Por parte de Unidos por Tijuana, grupo presidido por Álvaro Montaño Rubio y en el que Adriana Ruvalcaba E. funge como secretaria, el presidente aseveró que el costo del proceso revocatorio equivale a lo que se va a destinar en “tratar de desaparecer” una institución como el Instituto Nacional Electoral.
“Para allá veo enfocado el ejercicio del presidente, porque ya lo anunció el secretario de Gobernación (Adán Augusto López Hernández) en Sonora y en Coahuila y eso es muy delicado, porque es el funcionario número uno a nivel nacional, el que debe vigilar la gobernabilidad y que él esté casi casi incitando a violentar la ley (promoviendo que AMLO permanezca en el cargo), en su investidura y utilizando recursos públicos, nos manda un mensaje muy delicado y lo dijo claramente, que los funcionarios del INE ya se van”, remató Montaño Rubio.
