Tras una huelga de hambre iniciada el miércoles 23 de febrero, en la primera semana de marzo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio acceso a la vinícola Aborigen al certificado de sello digital para expedir Certificados Fiscales Digitales por Internet (CFDI), así como timbrar nóminas.
El abogado Alberto Hurtado Ortiz, representante de la vinícola, se mantuvo en huelga de hambre intermitente frente a las instalaciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Tijuana, protestando por la disposición que, según su dicho, impedía a siete empresas vitivinícolas facturar ventas y timbrar nóminas.
Previo a destrabar el problema, explicó que el 28 de febrero venció el plazo para cerrar el ciclo fiscal y con ello timbrar su nómina. Al vencer el plazo, se consideró como gasto no deducible “por el que deberá pagar un impuesto sobre la renta, no sólo ilegal, sino inmoral”.
Agregó que las otras seis empresas no quisieron hacerlo público ni revelar sus nombres por temor a represalias. En el caso de Aborigen, Hurtado sostuvo que desde agosto de 2021 se le restringió el uso del sello, pese a haber presentado dos instancias de aclaración, por lo que, desde aquella fecha hasta la primera semana de marzo, se vio impedido de facturar ventas, lo cual se tradujo en falta de ingresos que le permitieran sufragar su gasto de operación; tampoco pudo timbrar sus nóminas.
Si bien el citado sello digital puede ser restringido para su uso por las autoridades fiscales por diferentes motivos, se debe permitir la aclaración, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 17-H bis del Código Fiscal de la Federación.
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Presentada esta aclaración, las autoridades deben permitir al causante que utilice provisionalmente su sello (incluso en el supuesto de que la aclaración sea rechazada), esto es, entre el periodo existente entre dicha resolución y el aviso de cancelación del certificado digital.
El abogado puntualizó que debido a que esta situación impidió a la empresa realizar su actividad de manera cotidiana, perjudicando no sólo la economía de sus trabajadores, sino la regional -al suspender las compras de insumos-, se están analizando las acciones a tomar.
ZETA solicitó vía correo electrónico al SAT una postura respecto a la denuncia pública del abogado Hurtado Ortiz, sin embargo, al cierre de edición no hubo respuesta.
