La libertad y la impunidad comen en la misma mesa entre los diputados del Congreso de Baja California, donde partiendo de una premisa indispensable en todos los gobiernos que se jactan de ser democráticos, como lo es no coaccionar a los representantes populares en torno a sus opiniones y sufragio, se sienten con el ánimo y la tranquilidad de que pueden avalar cualquier abuso.
Lavarse las manos es una de las tácticas más comunes en el Congreso del Estado y, con el argumento de su independencia para legislar y votar, los diputados ponen precio a su conciencia, o bien, priorizan beneficiar los intereses particulares por encima del colectivo.
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Lo anterior viene a colación a raíz de la postura de algunos diputados, entre ellos el presidente de la Mesa Directiva, Juan Manuel Molina García, quien brindó una conferencia de prensa para responder a la petición del Partido Acción Nacional, que solicitó juicio político contra los 16 legisladores que avalaron la autorización para firmar un contrato con la empresa Next Energy, encargada de construir y operar la planta fotovoltaica que abastecería de electricidad al acueducto Río Colorado-Tijuana.
Desde diversos cargos del Ayuntamiento de Tijuana, el Congreso y el Poder Ejecutivo, Molina García, Julia Andrea González, Montserrat Caballero Ramírez, Gerardo López, Víctor Hugo Navarro, Rosina del Villar Casas, Miriam Cano Núñez, Fausto Gallardo, Ramón Vázquez Valadez, Víctor Morán Eva Gricelda Rodríguez, María Villalobos Ávila, Miguel Ángel Bujanda, Elí Topete Robles, Claudia Agatón Muñiz y Julio César Vásquez, continúan tomando decisiones en la vida pública del Estado, pese a que respaldaron proyectos altamente cuestionables y a sabiendas -aunque lo nieguen- que eran irregulares o incluso inconstitucionales.
Pero no se trata de generar escarnio hacia los actuales legisladores de la Cuarta Simulación -digo-, Transformación, sino de evidenciar un problema sistémico, pues esto mismo ocurrió en la XX Legislatura, la última con hegemonía panista y que aprobó los proyectos de desaladoras que resultaron ser un gran acto de corrupción que endeudaría por miles de millones de pesos al Estado por 30 años; el proyecto C5i -obsoleto y totalmente desfasado de las necesidades del Estado-, que costaría 800 millones de pesos; y finalmente, el “fraude constitucional” que fue la conocida como “Ley Bonilla”.
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Históricamente, los diputados han abusado de su fuero, pero más allá, de la libertad que tienen como representantes populares para beneficiarse de una forma descarada. No rinden cuentas a nadie, gastan libremente y sin procesos serios de fiscalización, y al final de su gestión, se quedan con computadoras, muebles y hasta macetas, sin llevar a cabo un proceso de entrega-recepción.
Por cierto, que alguien le explique a la secretaria de Honestidad y Función Pública, Rosina del Villar Casas, que ya inició la administración y que durante todos estos meses no ha movido ni un dedo para sancionar a funcionarios de la anterior, pese a señalamientos de la propia gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y otros funcionarios y expertos, sobre el daño patrimonial perpetrado en diversos proyectos de la administración del bachiller -porque no es ingeniero- Jaime Bonilla Valdez.
Incluso, dicen que es más difícil tener una audiencia o entrevista con Rosina que con la propia Marina del Pilar, cuando su cargo debería ser protagónico por los polémicos grandes pendientes de la pasada administración.
