El abogado y las esposas de los agentes consideran que, ya sea por omisión o dolo, la inoperancia de la administración del Poder Judicial del Estado, a cargo de Marcos Pérez, les ha causado un gran daño, pues les han pospuesto hasta cinco veces las audiencias de sus esposos
Un año y medio aproximadamente es lo que han pasado tras las rejas tres elementos de la extinta Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI), acusados del delito de secuestro, hecho que ha movilizado a familias y elementos policíacos para exigir justicia, pues consideran que fueron inculpados y que los verdaderos responsables ya se encuentran fuera del Estado.
Gladys Rodríguez, Yareli Torres y Edna Pamela Machaín, son las esposas de Salvador Zepeda Solano, Jesús Alberto Castañeda Nario y Leonardo David Ornelas Barrios, los tres elementos que permanecen presos desde septiembre de 2020, a quienes, de acuerdo al dicho de las esposas, “solo una nota con sus nombres que fue pegada en el rancho Los Venados, propiedad de la víctima, es lo único que los vincula al hecho delictivo”.
La FGE acusa el señalamiento de las víctimas u otra serie de elementos, los cuales han sido rechazados por la defensa.
El abogado J. Guadalupe Vázquez recibió a ZETA en sus instalaciones, ubicadas en el Centro Cívico de Mexicali, donde se hizo acompañar de las esposas de los uniformados; afirmó que -a su consideración- el Poder Judicial ha actuado de manera omisa y las consecuencias han sido severas para los detenidos, pues no han podido demostrar su inocencia.
“Estamos agendados para el 22 de (febrero) para llevar una audiencia intermedia, y llevar el sobreseimiento de uno de ellos, Leonardo Ornelas. En este caso se llegó con media hora de anticipación, inclusive se ingresó ropa para mis representados, la cual debe estar autorizada por el tribunal (con ropa particular);es el caso que estuvimos hasta las 10:30, ya con el permiso y con la policía procesal y cuando se nos permite de haberse fijado, ingresamos. Ya mis representados como Salvador, Jesús Alberto y Leonardo, se encontraban vestidos; únicamente en la sala virtual esperamos a que iniciara la audiencia”, refirió el abogado molesto, pues la última audiencia se pospuso hasta el mes de junio porque -según el juez- el defensor no se localizaba. Esto pese a que tenía más de media hora esperando en la antesala.
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Acusó directamente al administrador del Centro de Justicia llamado Marcos Pérez, por cometer una serie de errores que han provocado el retraso de las audiencias en varias ocasiones.
“Fueron cinco veces que nos aplazaron el sobreseimiento y muchos meses perdidos para dar resolución a eso; y ahora con esta audiencia, pues la intermedia era para diciembre, no se llevó a cabo y la mandaron para febrero, y no se volvió a llevar a cabo y ahora para junio”.
“Pareciera que lo están haciendo adrede; lo único que queremos es que ya se acabe y que el abogado pueda demostrar que son inocentes”, refirió Gladys Rodríguez, quien agregó que un juez federal ya les concedió que la FGE les entregue el 30 por ciento del sueldo de sus esposos, pero hasta la fecha la institución mantiene retenidos los pagos.
Según lo referido por las mismas mujeres, han solicitado audiencia con la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y el fiscal Ricardo Iván Carpio, pero ninguno de los dos los ha recibido. Solo en el caso del Poder Ejecutivo fueron atendidos por un funcionario -afirmaron- de muy bajo rango, que les dijo que atenderían el caso de manera urgente, lo cual no ocurrió.
“¿Por qué a otros casos sí les han hecho caso? ¿Qué diferencia tenemos nosotros? Y seguimos. Sí voy a seguir luchando porque ya se me hace mucho tiempo que no nos volteen a mirar que nos traten como si fuéramos una vil basura, porque así nos han tratado al decir que somos las esposas de los agentes; y no tengo miedo a las represalias contra mí y mi persona, ese miedo ya lo enterré”, refirió Yareli Torres, entre llantos.
