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jueves, noviembre 21, 2024
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La protegida, la acosada

Foto: Tomada de Internet

El tan presumido enroque de jueces realizado por el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Alejandro Isaac Fragozo López, destapó la precariedad del sistema, el rezago en los Juzgados y los intereses particulares del representante del Poder Judicial. De manera unilateral, Fragozo movió a jueces de sus órganos jurisdiccionales sin explicar los lineamientos que se siguieron para la reasignación de Juzgados (hasta ahora no ha entregado un presunto estudio que dijo haber realizado para ello). El argumento fue “para atacar el rezago e inhibir las prácticas de corrupción de algunos juzgadores dentro del Poder Judicial”, pero nunca señaló quiénes eran los corruptos ni los incumplidos. Privilegió a unos jueces con rezago en sus áreas a otros Juzgados donde los casos se encontraban al día y viceversa, como en el caso de la enjuiciadora Lourdes Molina, que, de no tener quejas ante el Consejo de la Judicatura y un despacho con cero rezagos, fue removida del Juzgado Décimo Mercantil, al Primero Civil de Tijuana. La jueza expuso su inconformidad con el cambio al no haber considerado los resultados por Juzgado y juzgador, sin embargo, se presentó a trabajar al nuevo Juzgado y, dos semanas después, fue suspendida por tres meses, “mientras se desahoga una investigación” al supuestamente haber cometido faltas administrativas. Una de estas, haber declarado a través de ZETA su inconformidad. En el otro extremo, se encuentra la juzgadora Josefina Magaña, quien tiene una decena de quejas interpuestas en su contra, promovidas por abogadas y abogados litigantes ante el Consejo de la Judicatura. Ella despachaba en el Juzgado Tercero Familiar y fue reasignada al Segundo Familiar; prácticamente la movieron a la oficina de enfrente. Los inconformes con la jueza Magaña, quienes llevan casos con duración de hasta seis años en litigio, se han pronunciado exigiendo al órgano jurisdiccional aplicar sanciones a Magaña, sin embargo, no se le ha abierto un solo proceso de investigación por sus presuntas faltas administrativas. Ahora sí que, una jueza protegida, y la otra acosada con una suspensión, por inconformarse.

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Redacción Zeta
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