“Más allá de una estrategia disuasiva, México requiere de una estrategia para combatir la impunidad, para perseguir a los asesinos, a los narcotraficantes y hacer justicia, el ejercicio pleno del estado de derecho, sin concesiones para ninguna organización criminal (…)”.
Insiste el Presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando informa -mensualmente- sobre el tema de la seguridad, que “avanza estrategia para pacificar el país”, sin embargo, en 39 meses de su Gobierno, a mitad del periodo pues, ya ha rebasado la cifra de homicidios dolosos registrados durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, y está a 43 mil casos, de sobrepasar también la de los seis años de Enrique Peña Nieto.
Efectivamente, en un recuento realizado por la editora Rosario Mosso Castro, del semanario ZETA, se revela que las muertes violentas en 39 meses de Gobierno de López Obrador, ascienden a 110 mil 143, mientras que las registradas entre 2006 y 2012, cuando gobernó el país Calderón, se contabilizaron en 102 mil 856, contra los 153 mil 318 homicidios dolosos registrados en el mandato peñanietista.
De continuar el promedio mensual de 2 mil 800 asesinatos en México, cuando hayan pasado seis meses del cuarto año de Gobierno de López Obrador, alcanzará la cifra fatal del sexenio del último Presidente de la República emanado del PRI.
Los 10 estados con mayor inseguridad, siendo el parámetro la comisión de homicidios dolosos, mayormente relacionado su móvil con el narcomenudeo, el narcotráfico o el crimen organizado, son:
Publicidad
__
1.- Guanajuato, 12 mil 325.
2.- Baja California, nueve mil 476.
3.- Estado de México, ocho mil 938.
4.- Jalisco, ocho mil 223.
5.- Chihuahua, ocho mil 115.
6.-Michoacán, siete mil 864.
8.- Sonora, cinco mil 218.
9.- Guerrero, cinco mil 053.
10.- Veracruz, cuatro mil 687.
Los números de muertes violentas se acumulan preocupantemente, aunque el Presidente siempre insiste en tener otros datos, refiere disminuciones en algunos estados a los cuáles ha enviado batallones del Ejército Mexicano, como es el caso de Tijuana, ciudad catalogada entre las más violentas ya no digamos de México, sino del mundo, y a donde hace unos días llegaron 400 elementos del Ejército, para patrullar la ciudad e inhibir la comisión de delitos, especialmente el homicidio, pues a mediados de marzo, en esa frontera se contabilizaron 14 muertos en un solo día, y 12 en otro.
La estrategia del Presidente parece radicar solo en la utilización del Ejército Mexicano en operativos disuasivos, ignorando la facultad que autoridades civiles como la secretaría de seguridad y protección ciudadana tienen para combatir la criminalidad, o la de la fiscalía general de la República para procurar justicia. La Guardia Nacional, es evidente por la entrada de los refuerzos de la Sedena, ha quedado rebasada.
Este clima de inseguridad y violencia es el reflejo de la impunidad que gozan los grupos del narcotráfico y la criminalidad organizada, que cometen atroces delitos, como fusilar a 17 personas (la versión oficial indica que encontraron ADN de 11) en un velorio en Michoacán, desaparecer los cuerpos, burlar a la justicia y continuar en la vida delictiva. O como el caso del 12 de marzo en Tijuana, asesinar a 14 personas y abandonar sus cuerpos por toda la ciudad, pero, además, haber dejado seis fallecidos. “Fallaron” respondió un investigador, la intensión era matarlos y la cifra de muertos ese día, habría sido de 20.
Y dependiendo del Estado es el cártel, aunque en la mayoría de los casos provienen de una de dos ramificaciones criminales centrales, o defendiendo intereses del cártel de Sinaloa, o en mortal representación del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Los operativos hasta ahora emprendidas en aquellas ciudades que concentran los mayores índices de inseguridad, no son, sin embargo, para aprehender a los asesinos, sino para disuadirlo, con la presencia militar, de cometer el delito en el tiempo que son vigilados. Y pues sí, puede que se disminuya el número de homicidios cuando la presencia del Ejército es basta, pero cuando esos batallones son enviados a otras ciudades, los índices regresan a la normalidad criminal, el efecto cucaracha, le decían en sexenios anteriores.
Más allá de una estrategia disuasiva, México requiere de una estrategia para combatir la impunidad, para perseguir a los asesinos, a los narcotraficantes y hacer justicia, el ejercicio pleno del estado de derecho, sin concesiones para ninguna organización criminal, y determinante frente a cualquier delincuente. de otra manera, la cifra mortal continuará a la alza, como ha sucedido, en relación a los últimos dos sexenios, en los primeros 39 meses de gobierno, del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
