El abogado Juan Pablo Leyva, asegura que
la Compañía Industrial del Golfo de Cortés,
SA de CV es el verdadero propietario de 180
de las 220 hectáreas donde se ubica el
Aeropuerto de San Felipe, reclamo que ha
ostenido desde 2001, cuando inició la batalla
legal contra el Poder Ejecutivo. Juan José Pon,
asesor jurídico del Gobierno del Estado,
asegura contar con el título de propiedad del
inmueble, pero el ofendido indicó que será
anulado en otro juicio que se está llevando
a cabo
El 7 de marzo, el Gobierno del Estado anunció el reinicio de operaciones del Aeropuerto de San Felipe, gracias a una inversión de 24 millones de pesos para la ampliación de la pista de aterrizaje y rehabilitación de la torre de control que dirigía el sobrevuelo de avionetas que requerían los servicios -principalmente- para la carga de combustible.
Mediante un comunicado de prensa, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda dio a conocer la inversión y operación de la pista, cuya urgencia era brindar mayores comodidades de conectividad a los competidores de la conocida carrera de fuera de camino Baja 250, a celebrarse a finales de marzo e inicios de abril, pero José Luis Dagnino, presidente del Concejo Fundacional de San Felipe, considera que puede explotarse mucho más y considerarse un elemento para la detonación turística del puerto ubicado en el Alto Golfo de California.
Lo que nadie mencionó es que desde hace más de 20 años, el Poder Ejecutivo sostiene un proceso judicial para reconocer la propiedad de 180 de las 220 hectáreas que conforman el terreno donde se construyó el aeropuerto, en los años 70.
Compañía Industrial del Golfo de Cortés, SA de CV, es el nombre de la empresa que sostiene un proceso judicial y cuyo representante, Juan Pablo Leyva, afirma que está próximo a resolverse, luego de una serie de artilugios legales de los abogados estatales para retrasar -en la medida de lo posible- la sentencia que debe emitir el Juzgado Quinto, donde actualmente radica el proceso legal.
El último de estos movimientos jurídicos atípicos, asegura el quejoso, fue que la Secretaría General de Gobierno -cuando Amador Rodríguez Lozano la titulaba- presentó una inconformidad ante la justicia federal, con el objetivo de que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) les expidiera un título de propiedad de todo el terreno.
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El documento quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPC) en 2020, pero resulta incongruente, ya que desde 1947, el terreno pertenece a Compañía Industrial del Golfo de Cortés, SA de CV, lo que genera dudas sobre la veracidad o legalidad del título de propiedad que expidió SEDATU, toda vez que dicho inmueble no pertenecía al gobierno. Es decir, no se hizo un procedimiento de expropiación para recuperarlo.
95% DE VISITANTES, EXTRANJEROS: ARIAS DELGADO
El inmueble comprendido por más de 220 hectáreas se ubica al sur de la comunidad de San Felipe y cuenta con capacidad máxima para albergar 17 aeronaves y 25 helicópteros, además de recibir siete u ocho vuelos diarios en promedio.
La información fue proporcionada por Martina Patricia Arias Delgado, coordinadora administrativa de la Secretaría de Turismo, la cual aseguró que el Aeropuerto de San Felipe cuenta con una pista de mil 500 metros de largo y 30 de ancho, además de diez trabajadores, desde administrativos hasta vigilancia del inmueble.
En entrevista para ZETA desde el mismo Aeropuerto de San Felipe, la funcionaria expuso que, a raíz de las rehabilitaciones a la pista de aterrizaje emprendidas por el Gobierno del Estado, se podrán recibir aeronaves de mayor tamaño. Aunque en promedio, las unidades que utilizan sus servicios comprenden de un máximo de 20 pasajeros, en condiciones de emergencia han podido atender a unidades de hasta 50 personas, sin embargo, reconocen que la pista no está en condiciones para ello.
Agregó que el 95% de los servicios que brindan, son para residentes de Estados Unidos que encuentran un punto estratégico para la carga de combustible y para documentar cualquier información o internarse a México de manera legal; el resto son unidades de la Secretaría de Marina y, en un pequeño número, connacionales que visitan la zona o acuden a cargar combustible.
José Luis Dagnino, presidente del Concejo Fundacional de San Felipe, aseveró que desde que inició su construcción en 1980, el aeropuerto ha sido un proyecto muy benéfico que representa prosperidad. Si bien, reconoce que la urgencia de tenerlo listo desde el 7 de marzo, fecha en que reinició operaciones después de los procesos de rehabilitación emprendidos por el Estado, era para facilitar el arribo de visitantes por la carrera Baja 250, resaltó que existe un gran potencial, por lo que han iniciado gestiones para que exista una empresa comercial con la confianza en invertir en una flotilla de taxis o cualquier otro esquema que incremente la afluencia.
Recordó que en algún momento lograron recibir hasta 400 vuelos al mes, pero ahora apenas se alcanzan los 200.
Cabe señalar que la operatividad de dicho aeropuerto se mantiene durante el día, toda vez que por la noche resulta sumamente complicado operar, debido a la falta de luces que ayuden a orientar a los pilotos que surcan el cielo.
Arias Delgado aseveró que además del personal administrativo, el aeropuerto cuenta con personal del Instituto Nacional de Migración (INM), elementos de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y Guardia Nacional, lo cuales pretenden proteger a la ciudadanía, pero también revisar que el material propiedad de los ocupantes no sean objetos ilegales, ni fuertes sumas de dinero.
DE GANARLO, TERRENO SERÍA NUESTRO CON TODA SU CONSTRUCCIÓN: LEYVA RODRÍGUEZ
La tarde del miércoles 23 de marzo, ZETA sostuvo entrevista con Juan Pablo Leyva Rodríguez, quien se reconoce a sí mismo como “investigador de tenencia de la tierra”.
Con avanzada edad y cabello cano, bromea sobre los 20 años que lleva en ese litigio y recuerda que cuando inició -en 2001-, contaba con un color de cabello mucho menos platinado.
En la plática que tuvo lugar en un restaurante del Centro Cívico, narró que desde 1996 fue contratado por los propietarios de la empresa arriba citada, para hacer evaluaciones de la tenencia de la tierra en todo el puerto de San Felipe.
Compañía Industrial del Golfo de Cortés, SA de CV cuenta con 12 mil 500 hectáreas en todo el futuro municipio de San Felipe, lo cual se conforma por cinco polígonos ubicados; entre ellos se localiza -según Leyva Rodríguez- el aeropuerto de la comunidad.
Desde 2001 defiende su causa, pero gracias a una serie de artilugios legales, el Poder Ejecutivo ha logrado postergar la sentencia. Sin embargo, en 2020 ocurrió una situación inesperada cuando el gobierno, mediante un amparo, exigió a la SEDATU entregarle un título de propiedad de toda la zona, por el cual -asegura Leyva- se pagó la cantidad de 80 millones de pesos.
Este documento fue entregado ante el Juzgado Quinto de lo Civil y se aceptó como prueba, lo que -a juicio del ofendido- no debía ser, ya que se había concluido la etapa de pruebas y estaban próximos a la sentencia.
La propiedad quedó inscrita en el RPPC, pero del mismo modo, el bien que los ofendidos reclaman consta de 1947 y también está inscrita en el Registro Público, por lo que ambos aparecen como propietarios del mismo. Sin embargo, Leyva Rodríguez presentó un juicio de nulidad contra la SEDATU, el RPPC y el Poder Ejecutivo, para comparar ambos títulos de propiedad, pero a juicio del abogado, el más antiguo debe tener un mayor valor.
“La otra cosa es la perversidad de los abogados del Estado, que alargan los juicios y patean el bote hasta donde sea posible, y en este caso adquieren de hecho predios que son propiedad privada. Simplemente se posesionan de ellos, de los juicios habrá gente que se canse”, refirió el jurista, para después declarar que el último avalúo determinó que todo lo que se encuentra en el predio del aeropuerto tiene un valor de 130 millones de pesos, pero con el tipo de cambio, la inflación, inversión y demás, no descarta que sea superior al estimado.
Agregó que en una exhaustiva revisión que ha realizado a lo largo de dos décadas, jamás ha detectado un solo documento con sustento o proyecto para demostrar que el tema se tomó con seriedad por parte de los gobernantes de la época, lo que demuestra que la construcción se hizo sin revisar la tenencia de la tierra en aquel momento, ya que la zona pareciera ser un terreno desincorporado de la nación, por la poca o nula presencia de infraestructura.
Leyva Rodríguez se dice a favor de la inversión en San Felipe y espera que como municipio sea próspero, pero en su opinión, la empresa debe reclamar lo que le corresponde, ya sea mediante juicio o a través de un acuerdo entre las partes.
CONTAMOS CON TÍTULO DE PROPIEDAD: JUAN JOSÉ PON
La mañana de ese miércoles, el consejero Jurídico del Poder Ejecutivo dio a conocer que cuentan con un título de propiedad que los acredita como dueños, y, por ende, se está en posibilidades de llevar a cabo remodelaciones de cualquier tipo.
“Existe un litigio, aún no se ha resuelto y estaremos esperando el momento procesal oportuno; está en un amparo, se encuentra en un amparo y nosotros tenemos un título que acredita la propiedad”, reiteró.
Al cuestionarle si les parece buena idea invertir 24 millones de pesos en una obra en litigio, respondió: “Tenemos un título de propiedad que nos acredita como los propietarios de este terreno”, no sin antes recordar que el procedimiento se encuentra bajo revisión en un Juzgado especializado en materia de amparo.
Por su parte, José Luis Dagnino argumentó que -al parecer- el proceso ya suspendido, y que lo importante es afrontar los retos inmediatos como la Baja 250 y la Semana Mayor, fechas en que esperan hasta 40 mil visitantes y donde la mayoría de los corredores de autos off road provenientes de diez países acuden vía aérea.
