Rafael Antonio Olvera Amezcua, principal accionista de la Sociedad Financiera Popular (SOFIPO) FICREA -una entidad regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)-, fue deportado, a las 10:00 horas de este miércoles 2 de marzo, por el Gobierno de Estados Unidos a México, con el fin de que responda a las al menos cinco órdenes de aprehensión federales y otras del fuero común que hay en su contra.
En México, Olvera Amezcua es acusado por ser el presunto responsable de defraudar, en 2014, a aproximadamente 6 mil 800 ahorradores, muchos de ellos de la tercera edad, por más de 6 mil millones de dólares, por lo que sería culpable de los delitos de fraude y violación a la Ley de Ahorro y Crédito Popular.
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El empresario fue entregado a elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), en el Puente Internacional de Juárez-Lincoln, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Ello luego de que el Gobierno de EE.UU. le negó asilo político, además de que perdió el juicio migratorio con el que pretendía ser reconocido como residente permanente en dicho país.
Olvera Amezcua será trasladado por vía aérea a la Ciudad de México, donde un juez determinará si es internado en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 1, El Altiplano -ubicado en Almoloya de Juárez, EDOMEX-, o en un reclusorio de la capital de la República.
Una de las órdenes de aprehensión libradas en contra del principal accionista de FICREA es por presuntamente disponer de 90 millones 423 mil 250 pesos de sus inversionistas para adquirir 11 inmuebles en Acapulco, Guadalajara, Ciudad de México y Estado de México.
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Otra orden de aprehensión contra Olvera Amezcua, es por supuestas transferencias ilícitas por más de 100 millones de pesos, y una más, por simular un préstamo de 33 millones 100 mil pesos, a la empresa Ideas Mobiliarium.
FICREA fue intervenida el 7 de noviembre de 2014 por la CNBV, después de que se detectaran irregularidades en sus reportes financieros. El 19 de diciembre de ese mismo año, el Gobierno Federal anunció el cierre y liquidación de la empresa, después de comprobarse numerosas operaciones fraudulentas.
Según las autoridades federales, del total de fondos aportados por miles de ahorradores, dos mil 700 mdp se usaron en transferencias al extranjero, compra de bienes muebles e inmuebles de uso no relacionado con las actividades de la sociedad, así como gastos personales de socios.
El 8 de enero del 2015, la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) emitió una “ficha roja” para localizar a Olvera Amezcua a solicitud de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), lo que implicaba que era buscado en 190 países.
Después, el 5 de octubre del 2015, un tribunal federal declaró en estado de quiebra a la microfinanciera, en vista de que el monto de sus activos era muy inferior a monto de las deudas con sus acreedores.
Ahorradores afectados por las operaciones irregulares de la financiera han exigido al Gobierno Federal la devolución íntegra de su dinero, argumentando que ellos entregaron sus ahorros a una institución autorizada y regulada por el Poder Ejecutivo, a través de la CNBV.
