El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDH), Miguel Ángel Mora Marrufo, informó que el organismo autónomo abrió un expediente de oficio por la muerte de cinco internos del penal de Tijuana.
“Esa investigación está en trámite, no podemos comentar nada porque estamos en el proceso en el que la autoridad tiene que contestar el informe justificado”, señaló Mora Marrufo.
Antes de eso, en enero de 2022, la CEDH emitió tres recomendaciones por la falta de atención médica y medicamento, de alimentación digna, de personal y de custodia; en los centros penitenciarios de Baja California. Mismas que fueron construyéndose desde hace dos años.
Ya se está trabajando con autoridades del Poder Ejecutivo, el Congreso y el Poder Judicial, porque una parte de las quejas es por la falta de ejecución penal y la emisión de sentencias, así como por el acompañamiento a la defensoría. Las recomendaciones “ya están aceptadas y estamos en la etapa de cumplimiento y seguimiento, habremos de esperar para poder manifestar si hay avances en ese sentido”
En dichas recomendaciones, la CEDHBC consideró como víctimas a 12 mil 770 personas privadas de la libertad porque las deficiencias estructurales del Sistema Estatal Penitenciario obstaculizan las condiciones para hacer efectivos sus derechos.
Publicidad
__
Al 1 de junio de 2021, el Sistema Penitenciario contaba con 980 miembros de la Policía de Seguridad y Custodia Penitenciaria, que son insuficientes para la población de personas privadas de la libertad. “La falta de personal genera una carga excesiva de trabajo y constituye un riesgo para su integridad y seguridad personal; segundo, las condiciones no dignifican a los oficiales de custodia”.
Además, “es menester que los oficiales de custodia cuenten con el equipo reglamentario necesario”, toda vez que personal de custodia señaló la falta de equipo táctico anti-motines y de protección, así como de radiotransmisores portátiles cuya operatividad actual es deficiente y obstaculiza la comunicación entre ellos.
La CEDH también documentó que en los Centros Penitenciarios de Tijuana, Mexicali y Ensenada existe “un problema grave de hacinamiento y sobrepoblación, al encontrarse rebasados en un 176.6%; 138.5% y 109.26% respectivamente”. Mantienen condiciones insalubres, por la falta de agua, de luz y ventilación, así como por encontrarse fauna nociva.
En tres centros penitenciarios (Tijuana, Mexicali y Ensenada) viven de 8 a 20 personas en un espacio de 12 a 16 metros cuadrados aproximadamente.
La CEDH refiere que las estancias en el Centro Penitenciario de El Hongo II constituyen dormitorios de gran capacidad, “por lo que la autoridad penitenciaria debe garantizar la privacidad y seguridad con mayor diligencia, para evitar el riesgo de intimidación o violencia; ya que se trata de 50 a 60 personas privadas de la libertad por estancia”.
En El Hongo “no hay privacidad, el baño y la regadera se encuentran ubicadas en un área que permite la visibilidad para las demás personas privadas de la libertad que viven en la misma estancia y en la estancia de enfrente”
El hacinamiento, aunado a que las personas permanecen largos períodos en esas condiciones crea “un ambiente de peligro latente propicio para actos violentos, abusos sexuales y físicos”, indicó la CEDH.
La CEDH también documentó falta de medicamentos o insumos médicos, lo que genera que los familiares de las personas privadas de la libertad compren lo necesario. Cuando no existe dicha red de apoyo el proceso para tener acceso a una atención médica es más lento y en algunos casos no se brinda atención médico de segundo nivel en instituciones de salud pública.
En diciembre de 2019, Fernando, un interno del Centro Penitenciario “El Hongo” sufrió una parálisis cerebral que afectó su motricidad. El 10 de julio de 2020, Fernando fue al Hospital General de Tecate para valoración por el área de medicina interna, siendo contra referido sin que se le brindara la atención médica de segundo nivel por falta de camillas y personal suficiente en el nosocomio.
El 24 de julio de 2020, fue trasladado a una estancia “sin las condiciones adecuadas conforme al diseño universal y de accesibilidad que requería con base a su discapacidad motriz; asignando a otra persona privada de libertad el cuidado de Fernando”.
Posteriormente, el director del penal solicitó la atención médica, mediante oficio notificado el 10 de agosto del mismo año, sin haber recibido respuesta. El 17 de noviembre de 2020, Fernando falleció por complicaciones derivadas del diagnóstico de “Hemiparesia derecha y deterioro cognitivo y motor secundario, con pronóstico malo para la vida”.
En otro caso, el 28 de noviembre de 2020, Misael fue agredido físicamente por otra persona privada de la libertad que vivía en su misma estancia. Un día después, con motivo de una jornada médica, es diagnosticado con trauma abdominal cerrado y el 30 de noviembre, debido al deterioro de sus signos vitales, el médico solicita que sea excarcelado de urgencia, por lo que se comunica con la Cruz Roja, sin embargo, le piden que espere indicaciones del Centro Regulador de Urgencias Médicas.
Misael es excarcelado para atención médica de segundo nivel en el Hospital General de Rosarito hasta el 5 de diciembre de 2020, lugar donde es sometido a cirugía, siendo dado de alta el 17 de diciembre. Un día después, debido al deterioro en su salud se comienza a gestionar nuevamente su excarcelación de urgencia, pero el CRUM únicamente señalaba que no había camas disponibles ni personal médico suficiente.
El 22 de octubre de 2020 se diagnostica a Leonardo con “pancitopenia”, por lo que se comienza a gestionar la atención médica de segundo nivel. El 18, 19, 20, 21 y 22 de diciembre el estado de salud de Leonardo se tornó más crítico, sin embargo, la respuesta del CRUM fue en el mismo sentido que en el caso de Misael.
La Coordinación Estatal Médica solicitó la intervención de la CEDH para gestionar la atención médica de segundo nivel para Misael y Leonardo, quienes se encontraban privados de su libertad en el centro penitenciario de Tijuana. No obstante, ese mismo día falleció Misael por tromboembolia cardiopulmonar, y horas después, Leonardo murió debido a una pancreatitis hemorrágica, refiere el documento de la Recomendación 2/2022.
En cuando a la alimentación, la CEDH documentó que personas privadas de la libertad se enfermaron por ingerir alimentos en mal estado. Además, los alimentos son insuficientes y la dieta es limitada.
En ese sentido, el organismo autónomo documentó que el 23 de enero de 2021, los residentes del cuatro pasillos de un edificio del centro penitenciario de Mexicali, iniciaron una huelga de hambre para que sus peticiones fueran atendidas, coincidiendo con las manifestadas por la población que vivía en el CP “El Hongo”. L
La manifestación se intensificó provocando una alteración al orden, en el que Nicolás, Policía de Seguridad y Custodia Penitenciaria, resultó lesionado.
Meses después, el 13 de abril, en el Centro Penitenciario de Tijuana, personas que se encontraban privados de su libertad en el edificio 1, comenzaron a gritar: “tenemos hambre”, al mismo tiempo que sacudían las rejas de sus respectivas estancias.
