La falta de regulación ante el primer ejercicio de revocación de mandato promovido por simpatizantes del Presidente Andrés Manuel López Obrador, permite que la promoción registrada como “de particulares”, pueda hacerse con recursos públicos triangulado o incluso con dinero de procedencia ilícita, comentó el representante del PRI, Joel Blas Ramos, ante el Instituto Nacional Electoral (INE).
El pasado fin de semana, una serie de carteleras instaladas en diversos puntos de Mexicali, Baja California, presentaron la imagen del Presidente Andrés Manuel López Obrador, con un breve mensaje de promoción en favor de lo que han identificado como una “ratificación” de su gestión a poco más de la mitad de su mandato, cuando la realidad es un proceso de revocación de mandato por pérdida de confianza, impulsado por los mismos simpatizantes del vino-tinto.
Las carteleras instaladas en comunidades ubicadas alrededor del Centro Cívico de Mexicali, presentaban un breve mensaje donde resaltaba la figura presidencial y las siglas AMLO, en referencia al mandatario nacional, invitando a votar este próximo 10 de abril y propagar el hashtag #QueSiga.
En el mensaje no refieren mayores detalles sobre el proceso de revocación de mandato o invita a la ciudadanía a informarse; se limita a promover su imagen y el voto en favor de la continuidad de López Obrador de una forma sencilla.
Los abogados electorales Joel Blas Ramos y Rogelio Robles Dumas, comentaron que la imagen es un acto claro de propaganda y para el primer jurista mencionado, representa una violación a la Ley Electoral, la cual también es aplicable para los procesos de revocación, la cual prohíbe este tipo de promoción abierta de los funcionarios públicos.
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Para Blas Ramos, el INE tiene la obligación de revisar este tema, toda vez que la falta de regulación en la materia podría generar que se utilicen recursos públicos e incluso de procedencia ilícita, para promover la imagen del Presidente, bajo el argumento de que los particulares pueden emitir su juicio abierto y directo.
Agregó que a raíz de la campaña de “López Obrador es un peligro para México”, promovida por el Consejo Coordinador Empresarial a nivel nacional, los organismos electorales optaron por endurecer la fiscalización y restricciones en torno a estos mensajes promovidas por el sector privado, pues -entre otras cosas- se podía violar el principio de imparcialidad.
“El INE tiene que promover al menos dos foros sobre el debate; entre el que se quede o que lo haga de manera anticipada, te dice que el INE tendrá que difundir y propiciar dos debates de revocación de mandato, a quién va a invitar (pues invitas a los partidos). Aquí habrá que ver quién asume la posición a favor de la revocación y quien en contra; no sé cómo lo convocaría, pero sí es una de las obligaciones que tiene… pero por temas presupuestales lo van a invitar también”, refirió el abogado Rogelio Robles Dumas, quien agregó que la Ley de Revocación de Mandato establece que la única prohibición en torno a la promoción es para no comprar espacios en radio y televisión, pero además consideró que solo se sanciona a las instituciones públicas.
Por dichas carteleras, el PAN presentó una denuncia ante el INE donde se exigen una serie de medidas cautelares para remover dichas carteleras que representan una promoción propagandística; un día después se sumó el PRI en prácticamente los mismos términos.
Por su parte, María Luisa Flores Huerta, presidenta del Consejo local para la Revocación de Mandato, dijo que no podría emitir posturas sobre hechos que pudieran configurarse como una irregularidad o que sean materia de investigación.
“Ninguna propaganda deberá exaltar a ningún funcionario y deberá generarse por actividades propias y deberá usarse la imparcialidad de los recursos públicos. En esta época no se puede realizar difusión propaganda gubernamental salvo en temas de Salud, Protección Civil y Educación”, refirió la funcionaria, quien aseguró que no cuentan con elementos para revisar recursos privados que promuevan algún elemento del proceso electoral que se lleva a cabo en estos momentos.
Agregó que desde el 4 de febrero iniciaron con las acciones de promoción de la Revocación de Mandato que se llevará a cabo el próximo 10 de abril, donde se instalarán mil 776 casillas y donde participarán ocho mil 830 funcionarios de casilla, entre titulares y suplentes.
