Ante el hecho de que la cartera vencida del Instituto Nacional de Vivienda rebasa los 285 millones de pesos, autoridades exhiben incapacidad de respuesta ante la demanda de vivienda que se incrementa constantemente en la entidad y se mantiene entre los índices de migración más altos de México. En este sentido, las denuncias por abusos en el cobro estallaron, así como los señalamientos por incompetencia de la instancia para resolver la problemática
La necesidad de casas y la deuda histórica con el Instituto Nacional de Vivienda (INVI) en Baja California Sur detonó protestas y denuncias en contra las autoridades a cargo de subsanar este pendiente en el Estado. Acusan haber sido víctimas de intimidaciones, además de que no hay respuesta satisfactoria a la demanda.
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Ciudadanos que solicitaron mantener su nombre en el anonimato, dieron a conocer que estaban siendo presionados por las autoridades del INVI para pagar adeudos atrasados en mensualidad “muy altas”.
Semanas atrás recibieron citatorios por parte de la institución, donde les solicitan presentarse para fijar convenios y así ponerse al corriente con los atrasos.
Acusan que fueron tratados de “mala manera”, con amenazas de desalojo si no aportaban un pago de 15 mil a 20 mil pesos más mensualidad de 2 mil pesos, dependiendo del atraso.
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Las y los denunciantes subrayan que no se niegan a pagar, sin embargo, exponen que durante la pandemia algunos perdieron sus empleos y otros no han podido recuperar el nivel de vida que mantenían antes de la crisis sanitaria.
En este contexto, recalcan, es imposible sostener las mensualidades y los abonos que las autoridades que llegaron al INVI hace cuatro meses les exigen.
EXIGEN VIVIENDA, INVI NO RESUELVE: CIUDADANOS
Continuando con las manifestaciones y señalamientos, un grupo de habitantes de La Paz se presentó en instalaciones del Teatro de la Ciudad para exigir una respuesta a las solicitudes de vivienda que han hecho a la directora del INVI, Fernanda Villarreal González.
Aunque pertenecen a Antorcha Campesina, no vistieron colores de la organización ni portaron las tradicionales banderas de cada manifestación, con el objetivo de que no se opaque la demanda que mantienen desde hace más de una década y que nadie les ha resuelto.
Ricardo Mendoza Madrigal, dirigente de Antorcha Campesina en Baja California Sur, señaló que no les agrada la intención de la directora de clasificarlos como ciudadanos que no necesitan vivienda.
“La denuncia es porque se rompe el canal de diálogo, nosotros entregamos un pliego petitorio de muchas familias, tanto de Los Cabos como de La Paz. El contexto que nos tiene hoy aquí es el asunto de la vivienda. Hay muchas familias que, como se denuncia, están rentando, están hacinadas”, dijo.
Manifestó estar de acuerdo en que existen canales oficiales para dialogar, sin embargo, reclamó que les sigan negando audiencias y no se avance en las solicitudes trámites de construcción o les den alguna otra alternativa.
Expuso que representan a 600 familias que necesitan un terreno y un hogar: 300 en La Paz, en colonias como La Pasión, y 300 en Los Cabos, en colonias como Gastélum.
Si bien, no es una demanda nueva, el tema se ha planteado desde hace varias administraciones.
Mendoza se pronunció en contra del discurso de la 4T, en el que se menciona que están a favor del pueblo y en la práctica hay prejuicios en contra de las y los ciudadanos que asisten organizados y forman parte de una asociación civil como Antorcha Campesina.
“El discurso es algo amañado, no estamos de acuerdo en que se pretenda decir que la gente quiere las cosas regaladas. Es gente trabajadora, dispuesta a acceder a un programa de vivienda acorde a su necesidad”, agregó.
Las y los afectados aseguran que harán su trámite individual, sin embargo, ante negativas anticipadas en las declaraciones de la titular del INVI, donde exhibe que no tienen capacidad para atender la demanda, subrayó que es necesaria la organización.
“Queremos que sea una realidad y vamos a seguir insistiendo. Ya tenemos varios meses, ha habido algo de nula atención, de batearnos. Ahora no traemos ni cartulinas, ni banderas”, comentó.
Ante la situación de la cartera vencida, esperarán a ver el mecanismo de atención concreta por parte del INVI. No obstante, anticipa que no permitirán que los encajonen con la excusa de deudas históricas.
“Imagínense a qué dinámica nos va a llevar el que vayan recuperando algún terreno, alguna casa para poder asignarlo a alguna gente. Eso es condenar a los que tienen alguna necesidad ahorita que están agobiados, que tienen la necesidad de resolver los altos costos de renta o que están hacinados”, declaró.
Por último, indicó que no recurrirán a invadir terrenos para resolver la problemática, sin embargo, entiende por qué hay ciudadanos que terminan optando por esto, como sucede en Los Cabos.
NO DESPOJAREMOS A NADIE: DIRECTORA
Entre las discusiones, medios de comunicación cuestionaron a la directora del INVI, Fernanda Villarreal González, sobre las advertencias de despojo en contra de deudores.
Ante las cámaras, la funcionaria garantizó que la instancia que ahora representa no le quitará su casa a ninguna de las personas que presentan atrasos con las mensualidades.
No obstante, advirtió que sí buscarán mecanismos para que se regularicen con las cuentas. A pesar de la posición de la instancia, reconoció que no tienen formas legales para lograr que las personas paguen los préstamos de vivienda que se les ha otorgado.
“Nosotros vamos y nos acercamos a solicitarle a la gente que pase para regularizar sus créditos y desvirtúan la información”, declaró.
Datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) indican que en Baja California Sur hay más de 17 mil familias viven en hacinamiento.
Asimismo, la Subsecretaría de Protección Civil ha informado previamente que en los últimos censos detectaron a más de 60 mil personas habitando en zonas de riesgo y alto riesgo. Esto, dice la funcionaria, es un indicador de la necesidad de vivienda que existe en la entidad.
“En ningún momento estamos queriéndoles quitar la vivienda. Al contrario, estamos para ser esos facilitadores que puedan ayudarles a todas estas personas a regularizar sus patrimonios”, concluyó Villarreal.
CARTERA VENCIDA REBASA LOS 285 MDP
Antes las acusaciones que manifiestan que el INVI está siendo ineficiente, Fernanda Villarreal González respondió que la situación de la cartera vencida les impide avanzar en la construcción y compra de terrenos nuevos para familias en necesidad.
Por ello, buscan presionar para la regularización de la cartera vencida que hoy rebasa los 285 millones de pesos, deuda histórica que data de administraciones atrás.
Tan sólo en La Paz, la deuda rebasa los 85 millones de pesos; en Comondú es de más de 52 millones de pesos, 52 millones de pesos en Mulegé y en Loreto de 42 millones de pesos.
Añadió que Los Cabos es el municipio con menor adeudo, debido a que es donde mejor se paga, esto al ser cuestionada respecto a si las invasiones juegan un factor para que las personas soliciten menos la intervención del INVI que en otros sectores del Estado.
“Yo les hago un llamado solidario a todos los acreditados en el Instituto de Vivienda para que pasen con nosotros, que se acerquen, que no se dejen llevar por malos entendidos o comentarios, nosotros no los vamos a sacar ni despojar, pero sí queremos ayudarles para que sus patrimonios estén en orden, para que dejen un patrimonio a sus familias”, afirmó.
Reiteró que es imperante la necesidad de nuevos hogares construidos con dignidad, que soporten las condiciones climáticas que golpean a Baja California Sur cada año, sin embargo, reconoce que están limitados.
Públicamente exhibió que se requieren muchos millones de pesos para “hacerle cosquillas” al rezago. Si las personas pagan, entonces podrán adquirir más terrenos y avanzar con trámites pendientes.
“Lamentablemente la administración pasada no atendió este rezago, al contrario, se fue haciendo más grande durante seis años. La brillante idea que tuvieron fue un cuarto de 4×4, que no cuenta con los estándares dignos de vivienda”, acusó.
Ante tal escenario, una de las estrategias que tiene en puerta el INVI es la recuperación de casas que no estén habitadas, para entregarlas a personas que se encuentren en lista de espera.
Asimismo, comentó que han creado incentivos para revisar las circunstancias particulares de cada familia que presenta atraso. Incluso hay instrucciones para que personas con discapacidad tengan la posibilidad de liberarse de sus créditos.
