“La injusticia es el mayor de los crímenes que puede cometerse”
-Platón
Jimena Reyes, la directora para las Américas de la FIDHE, presentó la comunicación de que su organización e IDHEAS enviaron a la Fiscalía la carpeta de investigación sobre la supuesta estructura criminal en la Fiscalía General del Estado de Nayarit y crímenes de lesa humanidad que habrían sido cometidos por desaparición forzada.
Este informe documenta el hallazgo, entre junio del 2017 y mayo del 2020 de 30 fosas clandestinas con al menos 140 cuerpos de personas desaparecidas en el Estado de Nayarit. A raíz de esta información, explicó Reyes que existen bases razonables para considerar que se cometieron actos constitutivos de crímenes de lesa humanidad competencia de la Corte Penal Internacional y que fueron cometidos mediante la estructura criminal que operaba en el seno de la Fiscalía de Nayarit.
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El Fiscal de la entidad, Edgar Veytia, desde 2013 y hasta su detención en 2017, recibió en septiembre del 2019 en Estados Unidos una condena de 20 años de prisión y cinco más bajo “vigilancia” por colaborar con narcotraficantes. La sentencia fua dada a conocer por la Juez Carol Barley en la Corte de Distrito Este de Brooklyn, ubicada en Nueva York, mismo lugar en el que siguió el juicio de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera hace unos meses.
Las organizaciones convocantes consideran que la intervención de la Corte Penal Internacional podrá fomentar investigaciones y enjuiciamientos efectivos. En un comunicado conjunto señalaron que reconocen que es fundamental que el Estado Mexicano reconozca la grave crisis de derechos humanos y de lesa humanidad que se viven en el país y que actúe en consecuencia. México asumió el compromiso de atender puntualmente las recomendaciones del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. Por su parte Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación declaró ante los medios de comunicación nacionales que: “asumimos el compromiso del que el informe que presenta el Comité será atendido puntualmente por el Estado Mexicano”.
El diagnóstico de crisis forense no dice cuántos cuerpos hay sin identificar. El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, señaló que estas cifras dejan ver como el aumento de violencia ha tenido un gran impacto en la sociedad, particularmente en materia de desapariciones forzadas y homicidios.
El aumento de violencia en los últimos 15 años en el país ha dejado al menos 52,000 personas fallecidas que no han sido identificadas por las diferentes instituciones forenses, y de este número, el 60% yace en fosas comunes de cementerios públicos; esto ha ocasionado un agravamiento crítico en los servicios forenses de todos los estados del país, lo que ha generado una afectación innegable en los derechos humanos de las víctimas.
P.D.– Envío un saludo afectuoso al Sr. Lic. Carlos Carballo Ibarra, amable lector de esta columna.
Benigno Licea González es Doctor en Derecho Constitucional y Derecho Penal. Fue presidente del Colegio de Abogados “Emilio Rabasa”, A. C.
Correo: liceagb@yahoo.com.mx
