Como es bien sabido, los conflictos de interés en las administraciones emanadas de Morena resultan ser comunes, y no se preocupan por cuidar las formas cuando se trata de beneficiarse con dinero público.
Como ya lo hemos plasmado en las páginas de ZETA, el ex fiscal Guillermo Ruiz Hernández, benefició a su amigo Salomón Cohen al arrendarle por 4 millones de pesos el edificio del World Trade Center para ahí instalar oficinas administrativas de la Fiscalía General del Estado (FGE), además de embellecerlo y equiparlo con dinero de los bajacalifornianos.
Lo mismo ocurrió con su esposa, Patricia María Magdalena Macfarland Ruiz, a quien el propio ex funcionario le arrendó un edificio ubicado en la Vía Rápida de Tijuana para albergar al equipo del área Antisecuestros, pese a que gran parte del equipo se mudó a trabajar al World Trade Center, lo que volvió innecesaria la renta mensual de 147 mil 136.50 pesos. Este recurso continuó erogándose durante 2021, a pesar que ya no era ocupado por personal de la FGE.
Pese a los conflictos políticos y jaloneos entre los actores del partido en el poder, los negocios tratan de preservarse, pues el inicio de la administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda y la llegada del nuevo fiscal Ricardo Iván Carpio, hacían pensar que ambos edificios dejarían de utilizarse por lo oneroso e innecesario que resultan.
Sin embargo, ambos inmuebles continúan recibiendo beneficios económicos: el primero es ocupado por Carpio -y algunas oficinas del Poder Judicial-, y el segundo fue contratado por la oficial mayor del Poder Ejecutivo y ex funcionaria de Jaime Bonilla Valdez, Rocío López Gorosave, quien decidió arrendar el edificio propiedad de la esposa de Ruiz Hernández por un lapso de seis meses, con la finalidad de instalar sus oficinas en dicho punto, para lo cual se destinarán nada menos que 147 mil 136 pesos mensuales.
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Parece que la actual administración no mira con malos ojos los despilfarros del pasado gobierno bonillista.
SEGUIMOS SIN DELEGADOS
Han transcurrido más de 134 días de administración municipal de Norma Bustamante Martínez, y aún no puede definir la totalidad de los delegados municipales, pues como es sabido, no encuentra la forma de que todos los regidores y las cuotas políticas estén cubiertas.
El martes 15 de febrero, el Cabildo de Mexicali confirmó en sesión extraordinaria que aceptaría la propuesta enviada por la alcaldesa, pero indicó, sólo se nombraría a 10, dejando vacantes cuatro nombramientos de tres hombres y una mujer.
Lo preocupante es que dichos cargos se ubican precisamente en las zonas donde más se requieren, como el Valle de Mexicali, donde comunidades como el Ejido Hermosillo y Estación Delta, continúan sin representantes municipales, por lo que nadie resuelve sus problemas de primera necesidad.
La administración de Bustamante se ha tropezado consigo misma, pues no cuenta con una oposición en ninguna de las bancadas, pero aún así se complica en cuestiones tan elementales como nombramientos y acciones básicas.
