El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó al Gobierno de Honduras que arreste a Juan Orlando Hernández Alvarado -presidente de dicho país centroamericano, en un primer período de mandato que comenzó el 27 de enero de 2014 y finalizó el 27 de enero de 2018, fecha en que inició su segundo período, que concluyó el 27 de enero del 2022-, para su eventual extradición.
El pasado 27 de enero, Iris Xiomara Castro Sarmiento, juró protesta como la mujer presidenta en la historia de la República de Honduras, para el período 2022-2026, luego de ganar las elecciones del 28 de noviembre del año pasado, con una coalición liderada por su partido, Libertad y Refundación (Libre).
La Cancillería hondureña dijo en su cuenta de la red social Twitter, que había notificado a la Corte Suprema de Justicia de la nación centroamericana que la Embajada estadounidense había pedido formalmente la detención de un político hondureño, de 53 años de edad, con fines de extradición.
La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras no identificó al político, sin embargo, el actual vicepresidente del país centroamericano, Salvador Alejandro César Nasralla Salum, confirmó a la agencia estadounidense The Associated Press (AP), que el requerido es Hernández Alvarado.
Hasta el momento, el ex mandatario hondureño no se ha pronunciado en público respecto del tema. Sí lo hizo cuando el pasado 7 de febrero, del Departamento de Estado de Estados Unidos reveló públicamente que había impuesto restricciones a la visa de Hernández Alvarado para entrar a dicho país, como parte de una lista de funcionarios sospechosos de corrupción o de socavar la democracia en Centroamérica.
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Entonces, el ex presidente de Honduras escribió una carta abierta en la que dijo que se enteró por los medios de comunicación y las redes sociales de la decisión del Gobierno de Estados Unidos. Además, señaló que su Administración se enfrentó de manera valiente contra el crimen organizado en todas sus formas.
El ex mandatario del país centroamericano indicó, también, que durante su Gobierno se redujo en un 83 por ciento el tránsito de droga por Honduras, pasando de 87 por ciento antes de que asumiera el cargo en 2013, a solo el 4 por ciento en el 2020.
Hernández Alvarado enfatizó que le sorprendía que la decisión, según él, se basara en reportes de medios de comunicación, así como en declaraciones de narcotraficantes y asesinos confesos que fueron extraditados por su Gobierno o tuvieron que huir y entregarse a las autoridades de EE.UU.
El senador estadounidense Bob Menéndez, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, pidió a principios de febrero, al Gobierno del presidente Joseph Biden, que le revocara la visa a Hernández Alvarado y lo designara como “importante traficante extranjero de narcóticos”, en virtud de la Ley de Designación de Capos Extranjeros de Narcóticos (Kingpin), lo que ilegaliza que las compañías e individuos estadounidenses hagan negocios con él.
El 30 de marzo del 2021, el juez federal Kevin Castel, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, sentenció al ex diputado Juan Antonio “Tony” Hernández Alvarado -hermano del entonces presidente de Honduras, a cadena perpetua, más 30 años, por crímenes de narcotráfico y de recibir millones de dólares (mdd) de sobornos recibidos por parte del crimen organizado.
“Sobre la base de la libre elección de Tony Hernández de dedicarse a una vida de tráfico de drogas durante 12 años, una sentencia de cadena perpetua es muy merecida”, declaró el juez federal Kevin Castel.
Los fiscales del caso pidieron cadena perpetua para “Tony” Hernández por dirigir “una asociación delictuosa de narcotráfico auspiciada por el Estado” hondureño, junto con el presidente de Honduras. También quieren que el hermano del mandatario hondureño devuelva 138.5 millones de dólares de “dinero de sangre”, producto de sus operaciones de narcotráfico, y pague una multa adicional por 10 mdd.
Durante la conclusión de un juicio que duró un año y medio, los fiscales mencionaron de forma reiterada al presidente hondureño, acusándolo de aceptar sobornos por parte de traficantes de drogas, tal como sucedió con el reciente juicio al supuesto narcotraficante Geovanny Fuentes Ramírez.
Sin embargo, tanto el entonces presidente Hernández Alvarado, como la Casa Presidencial de Honduras desmintieron dichas acusaciones en ruedas de prensa y a través de sus cuentas en la red social Twitter. El mandatario hondureño aseguró que se trataba de mentiras por parte de narcotraficantes y asesinos que quieren reducir sus sentencias.
Aunque el entonces presidente de Honduras no enfrentaba cargos en Estados Unidos, había sido calificado en dicho país como “co-conspirador” en el caso de su hermano. Asimismo, un grupo de senadores estadounidenses presentó en esas fechas un proyecto que pedía a Joe Biden impusiera sanciones contra Hernández Alvarado.
Asimismo, los legisladores de la Cámara alta de EE.UU. solicitaron al Gobierno de Biden determinara si el entonces mandatario hondureño era un “traficante de narcóticos especialmente designado”, lo que significaría que sus bienes podrían quedar congelados y se le prohibiría la entrada a Estados Unidos.
Según los fiscales estadounidenses, Hernández Alvarado recibió varios pagos de narcotraficantes a cambio de garantizarles la protección del Gobierno hondureño. Dicho dinero sirvió para financiar campañas electorales y comprar votos de políticos del Partido Nacional, entre ellos el del entonces presidente de Honduras.
No obstante Peter Brill, abogado de “Tony” Hernández, dijo que las acusaciones de EE.UU. contra su cliente por narcotráfico eran un claro intento de implicar al entonces mandatario hondureño e intervenir en Honduras para cambiar el Gobierno y violar la soberanía del país centroamericano.
“Este caso es otro en una larga fila de desventuras de intervención en política exterior llevada a cabo por el gobierno de Estados Unidos, esta vez para cambiar un régimen a los niveles más altos en Honduras”, escribió Brill.
LIGAN AL PRESIDENTE DE HONDURAS CON EL “CHAPO” GUZMÁN
El 7 de octubre del 2019, Amilcar Alexander Ardón, ex alcalde del municipio hondureño de El Paraíso, en el Departamento de Copán, y ex traficante de droga, ratificó que el capo sinaloense Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”, le entregó un millón de dólares a “Tony” Hernández Alvarado, en 2013, para la campaña presidencial del entonces presidente de Honduras.
El dinero -que estaba en fajos de billetes de 50 mil y 100 mil dólares- se habría puesto sobre la mesa en una reunión en el municipio que Ardón gobernaba y habría sido entregado ahí a “Tony” Hernández Alvarado, según lo dijo el ex alcalde de El Paraíso, durante la audiencia que se llevó a cabo ante el juez federal Kevin Castel, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
Según el testimonio del ex alcalde, “El Chapo” al parecer le dijo a un socio suyo, llamado “Don Amado”, que fuera a buscar los fajos de dinero a su automóvil. Después fueron colocados en la mesa. El capo sinaloense también pidió el número de teléfono a “Tony” Hernández Alvarado. En la reunión estaba Ardón, su hermano, Otto Salguero, Ronald Salguero, Melvin Pinto y Mario Calix, entre otros.
El 2 de octubre del 2019, el fiscal federal adjunto, Jason Richman, testificó durante otra audiencia, que el capo sinaloense dio un millón de dólares en sobornos a cambio de protección, al ex diputado hondureño, hermano de Juan Orlando Hernández Alvarado, entonces presidente de Honduras.
El ex legislador hondureño fue detenido en un aeropuerto de Miami, Florida, en noviembre del 2018, y estaba acusado de cuatro delitos de narcotráfico, posesión de armas de fuego y mentir a las autoridades.
El Gobierno estadounidense aseguró durante la primera audiencia en la Corte, que el acusado, miembro del Congreso de Honduras de 2014 a 2018, estuvo involucrado al menos desde 2004, y durante más de 10 años, en procesar y distribuir cargamentos de cocaína que llegaban a su país en avión, lanchas, y hasta en submarino.
Según Geoffrey Berman, fiscal del Distrito Sur de Manhattan, “Tony” Hernández Alvarado también estuvo involucrado en al menos dos asesinatos de narcotraficantes rivales, entre 2011 y 2013. Asimismo, parte de la cocaína que transportaba era etiquetada con sus iniciales “TH”.
La justicia estadounidense indicó que el dinero de la droga enriqueció al acusado y financió campañas de varios candidatos de su Partido Nacional, incluidas las del ex presidente Porfirio Lobo Sosa, quien gobernó el país centroamericano del 2010 al 2014.
Según la Fiscalía del Distrito Sur de Manhattan, “Tony” Hernández Alvarado “gastó aproximadamente 1.5 millones de dólares en ganancias de drogas”, para apoyar la campaña presidencial de su hermano, reelecto en unos cuestionados comicios en 2017.
“Esto es menos serio que Alicia en el País de las Maravillas […] El fiscal no dijo eso, nunca dijo que el presidente recibió nada […] La alegación en sí es 100 por ciento falsa, absurda, y ridícula”, respondió el entonces mandatario hondureño en su cuenta de la red social Twitter.
Por su parte, “El Chapo” fue condenado a cadena perpetua, más 30 años de prisión, y el pago de 12 mil 166 millones 191 mil 704 dólares, el 17 de julio del 2019, por el juez federal estadounidense Brian M. Cogan, en la sala 8D de la Corte del Distrito Este de Nueva York.
