Lo que para la corporación de seguridad pública municipal tiene como fin salvaguardar la integridad de los ciudadanos y no un fin recaudatorio, para quienes incurren en esa falta puede representar un costo de 11 mil 546 pesos, aunado al pago de grúa y detención durante 12 horas. En lo que va del año, las multas sólo por manejar en estado de ebriedad alcanzan los 2.9 millones de pesos
El operativo permanente de alcoholímetro implementado los fines de semana en Ensenada, ha duplicado el número de personas sancionadas por manejar en estado de ebriedad, lo que por ese solo concepto arroja multas por el orden de los 2 millones 921 mil 138 pesos.
La multa por infringir el Reglamento de Tránsito -manejar en estado de ebriedad, a partir de .40 en la pipeta- representa para el infractor una multa de 11 mil 546 pesos, aunado al pago del remolque del vehículo y 12 horas de detención. Además, para poder liberar el carro en el yonque, se debe haber pagado la multa en gobierno municipal.
Por esta conducta, entre enero y hasta el fin de semana del 18 al 20 de febrero de 2022 fueron sancionadas 253 personas sin derecho a descuento, lo que representó un aumento del 100 por ciento en el número de infractores, ya que durante el primer bimestre de 2021 se apercibió a 120 conductores.
En caso de arrojar .20 a .39, se considera como ebriedad incompleta y la multa ronda los 5 mil 773 pesos; si después de realizar pruebas físicas al conductor, el médico en turno determina que no está apto para conducir, la persona queda detenida.
Existe también el concepto de manejar con aliento alcohólico en el rango de .8 a .19, multa que asciende a 3 mil 848 pesos; también el médico puede determinar que el conductor no está apto para manejar y se le envía a los separos.
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En el rubro de infracciones, incluyendo manejar en estado de ebriedad, no traer cinturón de seguridad, no llevar consigo documentos, entre otros, la comparativa arroja un descenso, al pasar de 812 en el primer bimestre de 2021, a 632 entre enero y hasta el fin de semana del 18 al 20 de febrero de 2022; mientras que se han remolcado 379 en lo que va del año, contra 358 en el mismo periodo de 2021.
QUEJAS POR ACTUAR DE POLICÍAS
Al respecto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos informó que su personal no puede estar presente en todo momento en los filtros de alcoholemia, al no tener la capacidad logística ni personal para ello. Sin embargo, si se detecta que derivado de las prácticas de alguna autoridad hay violaciones sistemáticas, hay motivo para revisar el actuar.
En el caso de las quejas contra autoridades, las corporaciones policíacas encabezan las listas, en especial las corporaciones en Tijuana. Los principales motivos son las detenciones arbitrarias, uso de la fuerza y violación a los derechos, como la seguridad jurídica.
Según datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, anualmente se interponen mil 400 quejas contra agentes policíacos en Baja California, por lo que próximamente se pondrá en marcha el Certificado Único Policial (CUP) en las corporaciones del Estado, para fortalecer el desempeño y capacitación de los agentes bajacalifornianos.
La estadística de la propia secretaría -con datos de diciembre de 2013 a septiembre de 2019- arroja que se abrieron 816 investigaciones administrativas contra agentes de la entonces Policía Estatal Preventiva (PEP), ahora Guardia Estatal de Seguridad e Investigación; 511 contra policías de Seguridad y Custodia Penitenciaria; 132 contra servidores públicos, 11 contra empleados de la Academia de Seguridad Pública del Estado (ASPE) y 65 del C4.
Asimismo, se iniciaron 113 procesos de remoción contra agentes de la PEP que concluyeron en 39 despidos, y 133 procesos contra policías de Seguridad y Custodia Penitenciaria en el cese de 92 de ellos.
En ese periodo renunciaron 45 agentes de la PEP y 380 de Seguridad y Custodia Penitenciaria; fueron suspendidos once de la PEP y cinco custodios, mientras que fueron detenidos cinco PEP y cuatro custodios.
EMITE CNDH RECOMENDACIÓN POR DETENCIÓN, RETENCIÓN Y TORTURA DE DOS PERSONAS
En enero de 2022, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 001/202 al secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, y a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, ya que elementos del Ejército y de la Policía Preventiva de Baja California transgredieron, en 2011, los derechos a la libertad, a la seguridad personal, a la seguridad jurídica y a la integridad de dos personas.
El organismo reveló que en marzo de 2016 recibió la vista formulada por el Juzgado Primero de Distrito en Tamaulipas, dentro de la causa penal que se instruye en contra de las dos víctimas, donde manifestaron haber sido objeto de actos de tortura por parte de los aprehensores.
La primera víctima refirió que el 19 de enero de 2011 fue a la tienda y escuchó detonaciones de arma de fuego. Personas armadas y encapuchadas lo golpearon, acusándolo de ser uno de los que habían huido. Esposado, lo subieron a un vehículo, donde fue objeto de agresiones mientras lo interrogaban. Después, le pidieron que reconociera a dos individuos esposados, a los cuales no conocía. Una mujer le colocó una bolsa de plástico en la cabeza y al sentir que le faltaba el aire, la mordió para poder respirar, lo que provocó que lo golpeara nuevamente.
Más tarde fue trasladado a la base de la entonces PEP, donde lo metieron a un cuarto en el que se encontraban varios agentes, quienes lo sometieron a diversas formas de tortura. Posteriormente, llegaron elementos del Ejército Mexicano, quienes lo llevaron junto con las demás personas detenidas en un vehículo a instalaciones militares. Dado que dijo no conocer a las personas por las que le preguntaban, le dieron toques eléctricos.
Después le mostraron fotografías de personas fallecidas, asegurándole que él los había matado; al responder que no, lo golpearon. Por la noche fue colgado de las manos, sin tocar casi el piso mientras los militares lo interrogaban y lo golpeaban con un bate en todo el cuerpo, principalmente en las costillas. Posteriormente llegó una persona y le preguntó si conocía a la segunda víctima, lo cual negó. Después, un militar le introdujo su rifle en la boca… para después sacar el cañón del arma de un jalón, tirándole un diente y otro más lo perdió días después.
La segunda persona agraviada dijo que el 19 de enero de 2011 -consta en el documento de la CNDH-, se encontraba en una casa cuando escuchó varios disparos. Junto con otras personas salió para ver qué pasaba. Varios vehículos circulaban por la calle y elementos militares pasaban por el lugar casa por casa. Les pidieron salir del domicilio. Afuera, los soldados lo tiraron al piso, lo golpearon y lo subieron a un vehículo, preguntándole si él era el que había corrido.
Lo trasladaron unas calles adelante para pasarlo a una camioneta de la PEP, a cuyas instalaciones fue trasladado. Allí lo volvieron a golpear y le colocaron una bolsa de plástico en el rostro, mientras lo golpeaban, lo insultaban y cuestionaban dónde estaban las armas y las casas de seguridad. Lo tiraron en una colchoneta, le colocaron un trapo en la boca y le arrojaron agua.
Posteriormente, lo entregaron a elementos militares, quienes lo llevaron a un cuartel militar donde continuaron golpeándolo; dos elementos lo pisaron mientras le tiraban agua en el rostro que tenía cubierto con un trapo, amenazándolo para que confesara delitos de robo, homicidio y secuestro. Le ponían cinta canela en el rostro y se la arrancaban con fuerza. Uno de los militares lo pateó en los testículos y le dieron toques eléctricos en el cuello y, con una especie de martillo de goma, le daban golpes en la cabeza.
Después, le mostraron unas fotografías de personas fallecidas por arma de fuego, cuestionándolo si sabía algo de esas muertes.
Cuando sucedió el hecho denunciado, el General Gilberto Landeros fungía como Comandante de la Segunda Zona Militar; ahora es titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California.
