La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) dio a conocer, este jueves 13 de enero, su informe anual 2021, en el que también cuestiona el poder que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dado a las Fuerzas Armadas mexicanas.
La ONG indicó que las violaciones de los derechos humanos -incluidas torturas, desapariciones forzadas, abusos contra migrantes, ejecuciones extrajudiciales, violencia de género y ataques a periodistas independientes y defensores de los DDHH-, han continuado durante el actual Gobierno Federal.
“Estos hechos suelen quedar impunes. La implementación de las reformas legales aprobadas en 2017 y 2018 ha sido lenta y hasta el momento estas han sido ineficaces para combatir la tortura y la impunidad”, señala el texto.
HRW también criticó que el mandatario mexicano ampliara el alcance de las actividades de las Fuerzas Armadas en el país, al disponer su movilización para tareas de orden público, el control de aduanas y la migración irregular, la gestión de programas sociales, así como el desarrollo y la operación de megaproyectos.
La oNG recordó el asesinato de 12 civiles, ocurrido en julio del 2020, en Tamaulipas, en un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA). También menciona que en septiembre del año pasado, el Ejército admitió que al menos 47 personas habían muerto o resultado heridas en acciones de las Fuerzas Armadas durante el actual sexenio.
“La Secretaría de Defensa ha pagado indemnizaciones a las familias, pero no ha sancionado a soldados ni ha denunciado los casos a la policía o a los fiscales para que sean investigados penalmente”, argumentó Human Rights Watch.
En su informe, la ONG señaló que el sistema de justicia penal mexicano no es eficaz para resolver los casos de delitos violentos y violaciones de derechos humanos. “Solo el 5.2 por ciento de los delitos cometidos en México se esclarecen”, recordó.
“Las causas del fracaso incluyen corrupción, capacitación y recursos inadecuados, y complicidad de fiscales y defensores públicos con delincuentes y otros funcionarios abusivos”, mencionó la organización no gubernamental.
HRW también criticó que el Gobierno de México falle en garantizar el debido proceso para los acusados de delitos, ya que “la policía y los fiscales suelen utilizar la tortura para obtener confesiones”.
Asimismo, la ONG se pronunció en contra de la prisión preventiva obligatoria, ya que, dijo, viola las normas internacionales de derechos humanos, así como el uso de la figura del arraigo, que permite detener a cualquier persona hasta 40 días sin cargos.
En su informe, HRW denunció la falta de acciones efectivas para la localización de las más de 90 mil personas desaparecidas en el país desde el 2006. “Más de 23 mil figuran como desaparecidas desde que López Obrador asumió la presidencia en diciembre de 2018”, insistió.
Sin embargo, HRW reconoció que el Gobierno de México aceptó la jurisdicción del Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la Desaparición Forzada, que permite que los familiares de víctimas presenten casos, una vez que se hayan agotado las alternativas legales a nivel nacional.
Al respecto de los ataques contra los periodistas y defensores de derechos humanos, la ONG mencionó que el Mecanismo de Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) no ha evitado que algunos de ellos sean asesinados.
“Seis periodistas han sido asesinados mientras recibían la protección del programa, cuatro de ellos desde que López Obrador asumió la presidencia. En octubre de 2020, el Gobierno eliminó el fondo independiente que financiaba las medidas de protección, precarizando la situación financiera del mecanismo”, mencionó HRW respecto a la eliminación del fideicomiso.
Aunado a lo anterior, el informe destacó que falta protección jurídica para mujeres y niñas, incluyendo aquellas con discapacidad, contra la violencia de género y sexual. “Algunas disposiciones, incluyendo las que supeditan la gravedad de la pena para ciertos delitos sexuales a la ‘castidad’ de la víctima, contravienen los estándares internacionales”, mencionó.
Además, la ONG reconoció los avances en materia de aborto, con los fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que consideró inconstitucional su penalización, además de disponer que los gobiernos estatales no están facultados para establecer que la vida comienza en el momento de la concepción y que la objeción de conciencia para no practicar abortos está sujeta a límites.
En materia de migración, HRW denunció que el Gobierno Federal no brindó protección policial, ni acceso a justicia, trabajo, atención sanitaria o educación, a los más de 71 mil solicitantes de asilo enviados a México, en el marco de la política de “Quédate en México”.
“El Gobierno de López Obrador ha expulsado a miles de solicitantes de asilo ilegalmente a Guatemala sin garantías de debido proceso, incluyendo muchos que primero habían sido expulsados de Estados Unidos y transferidos a la custodia de autoridades mexicanas”, agregó la ONG.
El documento alertó respecto a los “índices alarmantes de violencia de género”, con casi mil feminicidios en 2020; así como la falta de atención y garantías para las personas con discapacidad, siendo atendidas sólo 933 mil con becas, frente a las más de 6 millones de personas que viven en esa condición en el país; además de una política errática frente al cambio climático.
HRW también mencionó la designación “inconstitucional” de Rosario Piedra Ibarra al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en noviembre de 2019, toda vez que, “como ex integrante del Comité Ejecutivo del partido [Morena] al cual pertenece el presidente, tiene un vínculo demasiado estrecho con el Gobierno para operar de manera autónoma y apolítica”.
De igual manera, la ONG internacional incluyó en sus observaciones, la consulta pública llevada a cabo en agosto del 2021, para determinar si “actores políticos” del pasado deberían ser juzgados, misma que resultó un fracaso, por la escasa participación ciudadana.
Por otra parte, el Gobierno de López Obrador “no ha adoptado muchas de las medidas básicas que recomiendan las autoridades de salud globales para limitar la propagación” del coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad COVID-19).
“Como resultado, México tiene una de las tasas más bajas de pruebas de COVID —y una de las tasas más altas de resultados positivos— en el mundo”, detalló la ONG, que también señaló que tanto funcionarios como expertos “coinciden que la estadística real de contagios y muertes por COVID probablemente es varias veces mayor que la cifra oficial”.
Al presentar su Informe Mundial correspondiente al año 2022, la organización no gubernamental internacional afirmó que América Latina enfrenta algunos de los desafíos más graves en materia de derechos humanos en décadas.
“El alarmante retroceso de las libertades fundamentales en América Latina nos obliga hoy a defender espacios democráticos que solíamos dar por sentados”, señaló la directora interina de HRW para las Américas, Tamara Taraciuk Broner, en un comunicado.
Algunas de las tendencias denunciadas en el informe anual de HRW, se encuentran la mayor persecución a la disidencia en China, Rusia, Venezuela o Nicaragua, la caída de frágiles democracias en Birmania o Sudán, así como los giros autocráticos en gobiernos de Brasil, Hungría o El Salvador son
El documento de 700 páginas, que repasa la situación de la mayoría de los países del planeta en 2021, también destacó el deterioro de las libertades en países como Turquía, Tailandia o Egipto, las transferencias “no democráticas” de poder en Túnez o Chad, o preocupantes abusos en Filipinas o la India.
Pese a ello, según subrayó al comienzo del informe, el director ejecutivo de HRW,, Kenneth Roth, “la demanda popular de democracia sigue siendo muy alta”, como mostraron el pasado año las protestas en Cuba, o las que desafiaron los golpes militares en Birmania y Sudán.
