Dirigente estatal y asesor jurídico señalan al ex gobernador de BC de abuso de poder, uso ilícito de atribuciones y facultades así como de peculado
El dirigente del Partido Acción Nacional en Baja California, Mario Osuna Jiménez, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra del ex gobernador Jaime Bonilla Valdez “por el manejo indebido de fondos y recursos federales”, según da cuenta el recurso entregado el 5 de enero a la delegación estatal de la FGR.
En conjunto con Osuna Jiménez figuró como denunciante el asesor jurídico y presidente de la Comisión de Orden del Consejo estatal del PAN, Juan Marcos Gutiérrez González.
Los comparecientes denunciaron que en 2020 y 2021 Bonilla Valdez retuvo participaciones federales que les correspondían a los municipios de Tijuana, Mexicali y Tecate.
Señalaron que en Mexicali la retención tuvo lugar desde 2019 y que por lo retenido ese año, así como en 2020 y 2021 (con corte al 4 de octubre), el monto total ascendió a 562 millones 018 mil 032.79 pesos.
Además indicaron haber quedado acreditado el senador con licencia “dispuso indebidamente de las participaciones federales” en razón de que hizo “reconocimiento público” de no haberlas entregado a los municipios.
Argumentaron que con las presuntas retenciones Bonilla incurrió en abuso de autoridad, conforme al artículo 215 fracción VIII del Código Penal Federal, toda vez que fungiendo como servidor público “dispuso indebidamente de fondos que no tenían como destinatario final al Gobierno del Estado, mismas que por mandato de Ley (artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal) no podían ser dispuestos por el gobernador para el gasto estatal”.
Osuna y Gutiérrez igualmente le achacaron el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades. A propósito explicaron que Bonilla “tuvo a su cargo fondos públicos (aportaciones federales) a los que le dio una aplicación distinta de aquella a que estuvieron destinados”.
Agregaron que con ello contrarió la Ley de Coordinación Fiscal, la cual establece que “las participaciones que correspondan a las entidades y los municipios son inembargables”, es decir “no pueden afectarse a fines específicos ni estar sujetas a retención”.
A decir de los denunciantes, del mismo modo el ex diputado federal cometió peculado (ilícito contemplado en el artículo 223 fracción I del Código Penal Federal), habida cuenta de que para beneficio de una persona moral (gobierno del estado) distrajo dinero perteneciente a los consabidos municipios, el cual lo recibió por razón de su cargo.
Los panistas acompañaron la denuncia de notas periodísticas alusivas a los recursos no entregados. Resaltaron que tal como se refirió en una de las publicaciones, Tijuana tuvo que solicitar un préstamo de 380 millones de pesos, por motivo de la retención, “pagar cuotas no cubiertas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado” y estimular programas de atención a población vulnerable.
