Adela Navarro Bello. Twitter @adelanavarro
Jaime Bonilla Valdez, el ex gobernador de Baja California por Morena, es una de las líneas de investigación en el asesinato de Lourdes Maldonado López, la periodista a la que durante nueve años le negó sus derechos laborales Laudo que, días antes del crimen, había sido resuelto a favor de ella.
Y fue Bonilla -y su entorno- de los primeros sospechosos, ya que la propia Lourdes lo denunció frente al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cuando acudió a una de sus conferencias matutinas hace ya tres años.
La periodista exhibió al entonces senador de la República y súper delegado federal en Baja California, porque se sentía amenazada, “temo por mi vida” -dijo de frente a López Obrador- y porque no recibía justicia en su litigio por sus derechos laborales, lo que ella suponía, se debía al poder político que entonces ya concentraba Bonilla Valdez en BC.
Ese mismo año, Jaime Bonilla se convertiría en el primer gobernador por Morena en Baja California, y al modo caprichoso y abusivo de la Ley, pretendió quedarse en el cargo cinco años, a pesar que había sido electo para dos años. La Suprema Corte de Justicia de la Nación pondría el alto definitivo a su ambición y lo tildaría de violentar la Constitución.
Ese hecho quizá pinte de cuerpo y mente a Bonilla Valdez. Autoritario, siempre pretendiendo salirse con la suya. Pero ese no sería el único revés que le daría la Corte.
En el caso de Lourdes Maldonado, durante nueve años, Jaime Bonilla se mantuvo en la impunidad, negándose a pagar a la periodista lo que, de acuerdo con la Ley, le correspondía. Con su enfrentamiento público y la negativa a acordar con ella, Bonilla la vulneró, como periodista, como trabajadora, como ex empleada.
La sospecha sobre Bonilla debido a la denuncia que sobre él hizo Lourdes Maldonado ante el Presidente de la República, puso al empresario en los titulares de los medios, algunos locales, muchos nacionales y más internacionales. En España, Francia, Inglaterra, Asia; para la Unión Europea, para representaciones internacionales, fue de consideración de la periodista, de temer por su vida frente al mandatario nacional, y sobre uno de sus “más” cercanos seguidores: el ex gobernador de Baja California.
Bonilla intenta defenderse como puede. A pesar de la recomendación de su abogado, como se consigna en estas páginas de ZETA, que le recomendaba negociar, “Qué caso tiene que sigamos con un caso que no vale (literal, eso dijo), que el costo que tiene es irrisorio (para ellos, evidentemente) y que esté golpeándote, ni tiene caso”, presionó hasta el último momento.
Días antes que asesinaran de un disparo a Lourdes Maldonado cuando estacionaba su automóvil en su hogar, la periodista le había ganado un round judicial al ex gobernador. Había logrado, estaba muy entusiasmada y motivada por ello, que una cuenta a nombre de Jaime Bonilla, de su empresa PSN, fuese embargada para asegurar el pago al que por Ley tenía derecho, pero que el ex mandatario le negó durante nueve años.
Lourdes quería ir más allá. Su intención -comentó en un momento de sosiego en el velorio del fotoperiodista Margarito Martínez-, era evidenciar la defraudación fiscal de Jaime Bonilla, que finalmente demostraría quién era el ex gobernador y el trato que da a sus trabajadores.
Jaime Bonilla Valdez guardó silencio el día del asesinato de Lourdes Maldonado y durante las primeras horas del siguiente día. Oportunista como es, mandó a sus ex colaboradores a defenderlo. Prácticamente al unísono, sus ex secretarios y fieles seguidores comenzaron a publicar mensajes con las mismas palabras y el mismo sentido: “lamentándose” del asesinato de la periodista, y “respaldando” la moral del ex gobernador.
En su medio, PSN, redactaron y publicaron una nota sobre el crimen de Lourdes Maldonado, justificando, o por lo menos intentando sugerir, que alguien más la había asesinado para que se culpara a Bonilla. Llegaron al descaro de utilizar como ejemplo el contexto de violencia e inseguridad que vivió don Jesús Blancornelas, cuando su ex contador y su ex abogado fueron asesinados. Aunque de hecho nadie culpó al fundador de ZETA, la nota de PSN refería, comparándolo con el caso actual de Bonilla, que a Blancornelas le había sido entonces asignada una escolta para protegerlo.
En la misma sintonía, el delegado único federal Alejandro Ruiz Uribe, comparó lo que le sucede a Bonilla con la situación de ZETA y el asesinato de Héctor Félix Miranda, codirector de este Semanario y asesinado en 1988 por guardias de seguridad de Jorge Hank Rhon, principal sospecho intelectual de la autoría del crimen, pero jamás investigado.
En un galimatías, Ruiz declaró:
“… creo yo en mi convicción personal, que la investigación tiene que abarcar a todos, incluyendo a aquellos que han estado involucrados o que tienen un nivel de sospecha grandísimo de haber asesinado en el pasado a periodistas, tienen que estar también, todos, los que tuvieron algún tipo de conflicto, pero también aquellas personas que han estado involucradas en este tipo de temas.
“También creo que se tienen que analizar las aristas políticas, ver también, porque es una periodista, si se trató de generar algún daño espacial para que rebotara en tercera persona… decir que quien estuvo involucrado en el asesinato de Héctor Félix Miranda, pudo estar involucrado en esto, todo mundo tiene que ser investigado, y es una persona que también tiene que ser investigada”.
Ambos reportes, tanto la nota de PSN como la posición del representante del Gobierno Federal en Baja California, sugieren que “alguien” (no dicen el nombre de Jorge Hank Rhon, pero sí mencionan a Blancornelas y a Héctor Félix) pudo ordenar al asesinato de Lourdes Maldonado, para que “rebotara en tercera personas”. Tampoco dicen el nombre, pero se trata de su jefe político y defendido, Jaime Bonilla Valdez.
El cinismo, el oportunismo de los bonillistas, los lleva a utilizar los ataques fatales a ZETA para intentar justificar que su jefe y padrino, Jaime Bonilla Valdez, puede ser víctima de un complot.
Nada más alejado de la realidad, pero a pesar de los deslindes políticos, de entidades de gobierno como la Presidencia de la República, el delegado único federal de Baja California o los ex secretarios de Bonilla, la Fiscalía General del Estado continúa la investigación, para determinar quién asesinó a Lourdes Maldonado, y entre las líneas de indagación ministerial, Jaime Bonilla es una de ellas, y en algún momento, será citado a declarar.
Una cosa es verdadera: Jaime Bonilla, como Jorge Hank, están rodeados de sospechosos de corrupción y ex convictos ligados al crimen.
