En las últimas semanas, el presidente del Concejo Fundacional del Municipio de San Quintín, Jorge Alberto López Peralta, ha decidido ejercer una política de puertas cerradas para que nadie pueda interferir con el trabajo que se ha propuesto a realizar con el poco presupuesto que le asigna el Estado. No ha sido nada sencillo gobernar el sexto municipio con una de las comunidades más resentidas por los años de abandono -y los que faltan-, ya que el ex mandatario Jaime Bonilla, quien puso a López Peralta y lo dejó en el cargo, le quedó a deber algo así como 50 millones de pesos que no se ven cerca en la nueva administración estatal. Sacar adelante la administración sin un respaldo político ha sido tarea complicada para López, quien ha optado por la ruta de la opacidad para salir avante de la responsabilidad heredada. En la primera semana de enero, una agrupación sanquintinense interpuso una denuncia ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales Baja California, al considerar que se estaba incumpliendo con las obligaciones básicas de transparentar el manejo de los recursos. Y así, en menos de un año, el servidor público ha acumulado más denuncias que obras públicas para su comunidad, unas ante la Fiscalía General del Estado por amenazas contra uno de sus policías, otras ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por discriminación. El único mérito de la nueva demarcación -no de él- es la estadística de cero homicidios en lo que va de 2022. Fuera de eso, San Quintín continúa en el abandono, y el presidente del Concejo Fundacional, en la opacidad.
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