¡¿Qué carajos?! ¡¿Qué demonios?! ¡¿Qué jodidos pasa?!, es la versión sublimada de las palabras que vinieron a la cabeza de los periodistas de Tijuana, de Baja California, de México y del mundo, cuando la tarde del domingo 23 de enero corroboramos la increíble información del homicidio de la periodista Lourdes Maldonado en Tijuana, el segundo representante de la prensa asesinado en esta ciudad en menos de una semana, y el tercero en el país en lo que va de enero.
José Luis Gamboa, director del diario digital Inforegio, fue asesinado a puñaladas el 10 de enero en Veracruz en un supuesto asalto. Al fotoperiodista Margarito Martínez, matones del crimen organizado -como a “Luby”, como era conocida Maldonado- le dispararon en la cabeza el 17 de enero. Y la madrugada del miércoles 26 de enero, día en que se organizó y realizó la manifestación pacífica en varios estados y municipios mexicanos, titulada “Periodismo en riesgo; movilización nacional”, también fue atacado a balazos José Ignacio Santiago Martínez, director del medio Pluma Digital Noticias en Oaxaca, quien no se sumó a la lista de muertos, sólo porque el chofer escolta que lo cuidaba fue más habilidoso que los matones contratados para quitarle la vida.
Como dato relevante, los asesinos armados le dispararon desde un taxi, y el matón que le quitó la vida a Lourdes Maldonado, también se desplazó en un auto del transporte público, de esos taxis libres blancos con franja naranja.
De inicio, tres hipótesis y tres sospechosos, son revisados por los investigadores que trabajan en el asesinato de “Luby”, todos relacionadas con denuncias. Las dos primeras llevadas ante Juzgados: la más añeja de 2013 contra su ex empleador, el ex gobernador de Baja California y dueño del sistema de noticias PSN, por despido injustificado, en el que finalmente la semana pasada, Lourdes había ganado una compensación millonaria; la segunda data de 2020, por la propiedad de la casa en que vivía la periodista -frente a la que le quitaron la vida-, contra Edgar. M. Martínez, cuya resolución sigue pendiente. Y la tercera denuncia, sobre un grupo de jóvenes dedicados a actividades delictivas en Santa Fe que se reunían en un lugar llamado “El Contenedor”, quienes habían sido recientemente desalojados.
Las tres investigaciones están en proceso y pendientes de agotar.
A menos de una semana del crimen, lo evidente es la participación de sicarios del narco. Sus ataques directos a la prensa con la intención de demostrar el poder e impunidad que disfrutan, porque creen ser los dueños de Baja California; el oportunismo de aprovechar el río revuelto; la burla y la intención de desestabilizar al gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda, y atacar los cambios realizados en la Fiscalía General del Estado, la recién conformada Secretaría de Seguridad Ciudadana y el anunciado apoyo coordinado con el Gobierno Federal, que envió más de 30 personas a colaborar en la investigación.
María Guadalupe Lourdes Maldonado López inició su vida productiva periodística, unos 10 años antes que los actuales integrantes del Consejo Editorial de ZETA, por eso, cuando llegamos a reportear la problemática social de las calles en Baja California, ella ya estaba aquí. Había llegado con el equipo que fundó Televisa Tijuana, después de haber reporteado para Jacobo Zabludovsky a partir del temblor de 1985 en Ciudad de México.
Incluso antes, como estudiantes interesados en las noticias, nos tocó verla y escucharla como reportera del noticiero principal de Televisa. Su carácter, su gran cabellera rizada y la particular entonación para despedir su reporte con un “Lourdeeeeees, Maaaldonado”, eran imposibles de ignorar.
Hiperactiva en su andar, en su hablar, “Luby” llegaba a las coberturas mediáticas como remolino, sus preguntas en voz lo suficientemente alta casi siempre sonaban a cuestionamiento, casi reclamo, incluso cuando no lo eran. En las conferencias, no evitaba comentar con sus compañeros al costado, las sandeces e inconsistencias que en múltiples ocasiones declaraban los funcionarios frente al micrófono, para después reclamarlas de viva voz.
Necia para sus contrarios y tenaz hasta la calle de enfrente para sus amigos, prueba irrefutable fueron los nueve años que peleó ante los tribunales laborales contra la mezquindad económica del dueño de PSN, Jaime Bonilla Valdez, a quien denunció por despido injustificado. Sin importarle cuando este se convirtió en el hombre más poderoso del Estado, como amigo del Presidente Andrés Manuel López Obrador, como súper delegado del Gobierno de la República y posteriormente como gobernador de Baja California, Maldonado continuó la batalla legal hasta lograr una compensación por alrededor de 1.5 millones de pesos que no alcanzó recibir en vida, pero la meta alcanzada la tenía feliz.
“Luby” ni siquiera sabía cómo darse por vencida, y eso era parte de su ser como periodista, lo mismo que su versión provocadora y aguerrida. No se callaba nada que no le pareciera o considerara que era incorrecto o injusto, daba su opinión incluso si no se la preguntaban.
Trabajó como periodista en Televisa, Radio Centro, algunas radios locales, en Organización Editorial Mexicana (OEM), en PSN, y desde el año pasado convirtió su columna Brebaje en un programa, el cual difundía por Sintoniza sin Fronteras una radio que transmite por redes sociales.
A la fecha, las más de 100 mil personas asesinadas en el gobierno del actual Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador del 1 de diciembre de 2018 al domingo 23 de enero de 2022, representan una cifra récord.
De acuerdo a las versiones oficiales, y lo manejan como si fuera justificación (para su destino fatal), la mayoría de los muertos -el 80 por ciento-, son sujetos relacionados directamente con actividades criminales. En el otro 20% están las víctimas colaterales, familiares y amigos de estas personas, y el ciudadano que, según las policías, “estaba en el lugar y el momento equivocados” -alguna calle en México a cualquier hora-. Lugares y momentos que no existieran si las corporaciones y los gobiernos hicieran su trabajo.
De acuerdo con reportes de la Secretaría de Gobernación, en ese otro 20% también se cuentan los 52 comunicadores asesinados en el periodo de AMLO, cifra a la que se suman las muertes violentas de 97 activistas, todos personajes que, ante la ineficiencia y corrupción de las autoridades, se han dedicado a evidenciar a los criminales -los del narco y del gobierno- que tienen asoladas a las comunicades y grupos más vulnerables del país; 149 personas que han sido masacradas por defender los derechos humanos a la vida, a la seguridad, a la información, al auto sustento, de las cuales el 90% de las carpetas de investigación, siguen en la impunidad.
