“El pueblo tiene el mismo derecho a la verdad que a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad”.
-Epicteto (55-135)
Las primeras publicaciones periódicas comienzan a surgir en el año 1440 con la invención de la imprenta; la primera publicación impresa similar a las que hoy conocemos apareció en 1529 en Viena. En sus orígenes, la prensa preponderantemente se utilizaba para hacer difusión de los poderes dominantes; en 1789, con el estallido de la Revolución francesa las publicaciones comenzaron a ser revolucionarias, pues cuestionaban el poder instaurado. El cambio dio la pauta hacia la libertad de prensa que seguiría viéndose limitada, pero que sería un derrotero hacia el periodismo libre.
En México, el 1 de enero de 1722 Juan Ignacio Castorena Ursúa funda el primer periódico de América Latina: la Gaceta de México y Noticias de Nueva España, se trataba de un medio que publicaba novedades de la ciudad. La segunda Gaceta de México la fundó Juan Francisco Sahagún de Arévalo y cubrió el periodo de 1728 a 1742; durante quince años publicó noticias sobre libros. Las Gacetas de México fueron un avance muy importante en la forma de transmitir el conocimiento y revolucionaron la información.
No hay democracia sin libertad de prensa. Todo Estado de Derecho, respetuoso de las libertades individuales, se fundamenta en una prensa libre, independiente y sin ningún tipo de censura o coerción. Gozar de plena libertad para expresar, difundir y publicar ideas es imprescindible para ejercer plenamente otros derechos fundamentales.
La libertad de expresión es el derecho a exteriorizar o difundir públicamente, por cualquier medio y ante cualquier auditorio, el contenido simbólico del pensamiento, para lo que se requiere, al menos, de dos sujetos: El emisor y el receptor del pensamiento. Puede ejercerse verbalmente, por escrito, utilizando la radio, la televisión, el internet y demás medios de comunicación.
El derecho de acceso a la información es una herramienta indispensable para dotar a la sociedad de información veraz y oportuna que contribuye al ejercicio pleno de sus derechos e incentiva la participación ciudadana en la deliberación de los asuntos públicos. Por ello es indispensable proteger el periodismo independiente, la libertad de expresión y el derecho a la información.
Respetar y garantizar los derechos humanos, es una obligación constitucional que deriva en tres deberes especiales: prevenir, proteger y procurar justicia.
La prevención conlleva, entre otros, los deberes de respetar el derecho de las y los periodistas a la reserva de sus fuentes de información; así como sancionar penalmente la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación.
La protección implica la obligación de cuidar a aquellos periodistas cuyas vidas o integridad física están en peligro, mediante la adopción de medidas concretas de protección.
Por lo que refiere a la procuración de justicia, consagra el deber de investigar, juzgar y sancionar a todos los autores de los delitos contra comunicadores, tanto los materiales como los intelectuales, además de partícipes, colaboradores y encubridores.
El ejercicio periodístico debe efectuarse libremente, para que las y los periodistas continúen colaborando en la consolidación de nuestro Estado de Derecho. La progresividad de los derechos humanos debe buscar que nuestras instituciones protejan la libertad de expresión sin ninguna regresión.
En los últimos años México ha tratado de fortalecer la protección del ejercicio periodístico, implementando una serie de políticas públicas federales y locales encaminadas a brindar salvaguardas a las personas periodistas ante escenarios de riesgo; sin embargo pocos de estos esfuerzos incluyen legislación. Jalisco, Guanajuato, Veracruz y la Ciudad de México tienen una ley en la materia, Chihuahua tiene una Fiscalía Especializada y en Veracruz existe un organismo con presupuesto propio.
A nivel federal, se tiene la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la que deriva un Mecanismo de Protección que depende de la Secretaría de Gobernación y que firma convenios con la mayoría de los Estados como es el caso bajacaliforniano. En este Estado se han hecho esfuerzos, en particular desde el 2017 con la Unidad de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, pero el reto sigue siendo grande y en muchos sentidos porque la sociedad cambia y las formas de hacer periodismo también, al mismo tiempo que los riesgos se multiplican.
Perder a un periodista duele por su vida y su ser y su familia, pero también duele como un duro golpe a la democracia.
Melba Adriana Olvera fue presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California.
Correo: melbaadriana@hotmail.com
