En seis días de enero de 2022, tan sólo en Tijuana, 19 personas fueron asesinadas.
En Tecate, el día 4 de enero, uno de los principales criminales de la zona fue asesinado a balazos en una céntrica barbería a la que había acudido al cuidado personal con toda la impunidad.
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Y quizá esa sea la palabra clave: impunidad.
Al “Moreno”, como apodaban al criminal asesinado en el Pueblo Mágico, lo “buscaba” la autoridad por sus ligas con homicidios locales adjudicados al Cártel Jalisco Nueva Generación. También en Estados Unidos tenían presente su nombre y su ilícita actividad. Pero ninguna autoridad lo perseguía de manera real.
Como “El Moreno”, muchos. Algunos miembros del Cártel de Sinaloa, otros del ala de Los Chapitos, muchos más del Cártel Jalisco Nueva Generación, y otros tantos que, a fuerza de balas, amenazas y sangre, mantienen en circulación al Cártel Arellano Félix.
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En ocasiones, pelean unos contra otros. A veces unen fuerzas para combatir a una organización criminal, y la rotación de delincuentes entre una estructura y otra de la mafia es tan rápida y común, que ya no sorprende a los pocos investigadores interesados en el tema, pero sí deben cambiar el organigrama criminal una y otra vez ante tanto movimiento.
Baja California sigue formando parte del listado de los estados más violentos de México. Su cercanía territorial con Sonora, donde imperan los criminales hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera y los notorios delincuentes Los Salazar, ha hecho del narcotráfico un tema que trasciende fronteras, locales e internacionales. El Golfo de California es más que una división, un punto marítimo de comunicación entre Baja California, Sonora y Sinaloa, los tres estados en los que mantiene dominancia criminal el Cártel de Sinaloa, y hace la pelea el Cártel Jalisco.
Lamentablemente, la autoridad federal, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana o la Guardia Nacional, no destacan por una labor de contención de la criminalidad organizada, ni de operativos para aprehender a sus miembros y presentarlos ante la justicia.
El tema de los homicidios en México, producto en su mayoría de pugnas en el narcotráfico y por ende un asunto de investigación federal, queda reducido a una problemática local que las fiscalías estatales y las secretarías de Seguridad locales, deben enfrentar con su limitada infraestructura.
A eso se suma que, en estos momentos, Baja California no tiene un fiscal general del Estado. La titularidad de la FGE descansa en un encargado de despacho que no tiene su capacidad de maniobra al 100 por ciento, y no porque no sea capaz, sino porque no cuenta con la confianza de la titular del Poder Ejecutivo estatal, la misma que aceptó la renuncia del ex fiscal y no ha enviado una terna al Congreso del Estado para elegir de entre los suyos, a quien encabezará esa sensible área.
Ciertamente temas de reformas legislativas y confirmación por parte de los ayuntamientos han retrasado la decisión en la designación de un nuevo -o nueva- fiscal general del Estado, a pesar que las fuerzas políticas de Baja California, todos de Morena los que ostentan el poder en la administración pública, deberían entender la urgencia de contar con un titular de la Fiscalía General del Estado para que, coordinado con el recién ungido secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Baja California, General Gilberto Landeros, empiecen a delinear la estrategia de combate a la criminalidad organizada y el narcotráfico, que nos tiene sumando muertos en lugar de contar aprehensiones.
La urgencia en este momento en Baja California, es contar con un fiscal general del Estado, pues justo hoy viernes 7 de enero de 2022, se cumple un mes de la renuncia de Guillermo Ruiz Hernández. Un mes en el cual la FGE ha funcionado con un encargado de despacho, Hiram Sánchez, que -se insiste- no termina de cuajar la estrategia, porque ni su paso por la FGE es definitivo, ni cuenta con la confianza del Poder Ejecutivo, un elemento de suma importancia para avanzar en términos de seguridad.
El General Landeros, nombrado secretario el 1 de enero de 2022, ha emprendido una gira de reconocimiento de instalaciones e infraestructura con las que cuenta para cumplir con su responsabilidad de prevenir la inseguridad y proveer seguridad. Apenas, como se dice, se está encanchando. Falta observar los cambios qué hará, los colaboradores que sumará.
Este tiempo de reconocimiento debería ser aprovechado tanto por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, como por los diputados del Congreso del Estado, para acelerar el trámite legislativo para la designación del fiscal, que se anticipa, podría ser la carta que fue de la gobernadora para encabezar la Secretaría de Seguridad, Ricardo Iván Carpio, quien ya conoce la fiscalía y su funcionamiento.
Diecinueve asesinatos en seis días, entre estos la localización de dos torsos de hombres, dejados como una afrenta por células criminales como mensaje para enemigos y sociedad, de la violencia que les caracteriza y la inseguridad que promueven, no representan un buen augurio para Baja California en 2022, sino más de lo mismo: más inseguridad, más sangre, más impunidad.
Realmente, después de un terrible año de inseguridad y violencia como lo fue el segundo del bienio de Jaime Bonilla Valdez, lo que urge es que los bajacalifornianos sean reales testigos del combate a los criminales, como sucedió en el pasado y aprovechando que una parte de la ecuación ya está, en la presencia del General Landeros. Ahora sólo falta, urge, titular de la FGE.
