“Odio al cinismo tal vez bastante más que al diablo, si bien a fin de cuentas vienen a ser la misma cosa”.
-Robert Louis Stevenson
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Emilio Lozoya Austin está en prisión preventiva desde el mes de noviembre del 2021 en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, menos de un mes después de que la periodista Lourdes Mendoza publicara una imagen del empresario y Ex Servidor Público cenando en un restaurante exclusivo y de lujo en la Zona del Pedregal de la Ciudad de México. La Fiscalía General de la República lo acusa de haber recibido al menos 10.5 millones de dólares de Odebrecht durante la campaña y la Presidencia de la República de Enrique Peña Nieto.
Pero si algo caracterizó al caso contra Emilio Lozoya es la opacidad, según consideró la especialista en el Sistema Penal Susana Camacho, quien criticó a la Fiscalía General de la República porque nunca transparentó el estatus de las investigaciones contra otros políticos que también se beneficiaron de los sobornos millonarios. La consultora recordó que desde un principio las autoridades federales se encargaron de manejar el caso claramente a puerta cerrada y sin respaldo del principio de publicidad de las audiencias, un requisito esencial en el Sistema Acusatorio Penal Mexicano.
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Las audiencias han sido poco transparentes; ahora Lozoya está en prisión preventiva, medida que la Fiscalía General de la República le ha dado una especie de excusa para decir “los funcionarios no están quedando impunes”, pero en realidad tampoco sabemos qué es lo que hay alrededor del caso ni cuáles son las pruebas que tienen en contra de este y de otros personajes involucrados.
Desde agosto del 2020, fue filtrada a medios de comunicación la denuncia en contra del ex director de Pemex, que se presentó ante la Fiscalía General de la Republica y en la que menciona a 70 políticos presuntamente involucrados en el caso Odebrecht, entre ellos, el ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, y el ex candidato a la Presidencia de la República por el Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya.
Sin embargo, solo el ex legislador Lavalle Mauri está vinculado a proceso y permanece en prisión preventiva por los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Asociación Delictuosa y Cohecho por presuntamente recibir soborno de Emilio Lozoya. También hay una carpeta de investigación abierta contra Ricardo Anaya por recibir presuntamente un soborno de 6.8 millones de pesos para aprobar la misma legislación. El ex candidato panista tiene que comparecer de manera presencial para responder de las acusaciones de Cohecho, Lavado de Dinero y Asociación Delictuosa.
El ex funcionario se fue a Estados Unidos luego de conocer las acusaciones y en noviembre del 2021 dijo en entrevista a la revista The Wall Street Journal que el Presidente López Obrador lo está procesando por cargos inventados.
Benigno Licea González es Doctor en Derecho Constitucional y Derecho Penal. Fue presidente del Colegio de Abogados “Emilio Rabasa”, A. C.
Correo: liceagb@yahoo.com.mx
