El presidente del Consejo, Carlos Atilano, señaló que no se ha acudido al Ayuntamiento de Tijuana y la Secretaría de Gobernación para sacar adelante el proyecto legislativo impulsado por la diputada de Morena Araceli Geraldo. Afirmó que la demarcación territorial carece de sustentabilidad
El presidente del Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes, Carlos Atilano Peña, indicó que en caso de que prospere el proyecto legislativo de municipalizar la Zona Este de Tijuana, COCI recurrirá a la vía legal en un afán de impedir que se divida el municipio.
“Ahorita todas nuestras acciones están a impedir a que pase, en la eventualidad de que lo aprueben, violentando toda la normatividad y todo este proceso político, social, jurídico vamos a hacer uso de todos los instrumentos legales”, manifestó el abogado este viernes 7 de enero.
Recordó que de entrada ya se presentó un escrito para solicitar que se suspendan los planes de municipalizar el este. Ello obedeció al objetivo de “dejar un antecedente que nos permita en un momento dado acudir a un amparo o a una controversia constitucional”, explicó.
En opinión del litigante, quienes impulsan la municipalización están tomando “una medida de espaldas incluso a la federación”. Carlos Atilano, observó que ante todo “tienen que ser escuchados los Ayuntamientos, en específico, el Ayuntamiento de Tijuana, que obviamente ya dijo que no está de acuerdo”.
También mencionó que “hay una dependencia de la Secretaría de Gobernación que da lineamientos para estos procesos y que tampoco se ha acudido”.
Aseveró que para que el proyecto proceda se requiere presentar un dictamen de factibilidad y sustentabilidad.
En alusión a San Felipe, que habiéndose desincorporado de Mexicali quedó formalmente municipalizado el 1 de julio, sostuvo que “tiene vocación pesquera, turística, agrícola, minera”.
Pero “la Zona Este qué tiene como para que sola pudiera tener una sustentabilidad”, cuestionó y advirtió: “sin ese estudio es improcedente legislar”.
A pregunta expresa de ZETA, Carlos Atilano, afirmó que aun resultando favorable el plebiscito necesario para proceder con el proceso de municipalización recalcó que es factible controvertir el proyecto. “Sí pudiéramos, sobre todo por el dictamen de sustentabilidad, nosotros estamos convencidos de que no hay justificación en cuanto a la sustentabilidad para generar un nuevo municipio”.
El licenciado Óscar Rubio, integrante del Consejo, precisó que “la misma Constitución, la Ley de Régimen Municipal e inclusive la Ley de Participación Ciudadana establece que en el tema de la constitución de un nuevo municipio la opinión popular es una parte (plebiscito), no es la que determina”, de ahí que “tiene que existir sustentabilidad, tiene que existir la opinión del municipio el cual se pretende fraccionar”.
De manera que “este tipo de situaciones no es nada más levantemos la mano”, remató.
La diputada de Morena Araceli Geraldo Núñez, quien el 9 de diciembre presentó una proposición con punto de acuerdo para emprender estudios y procedimientos formales y de esa manera establecer si es viable municipalizar esa parte de la ciudad, informó, el martes 28, que ella jamás estará a favor de dividir el municipio fronterizo.
Ante todo, “como diputados hay una obligación de demarcar una Nueva Tijuana”, explicó y agregó que en razón de que la Zona Este es donde “mayor crecimiento hay”, requiere “de un gobierno municipal para los habitantes” de esa demarcación territorial.
“Lo que estamos proponiendo con la municipalización de la Zona Este de la ciudad es la creación de una demarcación que ordene administrativamente”, tal como “mundialmente se han redefinido las urbes cuando así se vuelve necesario”, argumentó.
