Con todo y que el próximo año no habrá elecciones, presidente del TJEE propone mantener la plantilla laboral con que el órgano contó en 2021, en razón de que la materia electoral también requiere personal actualizado, jurisprudencia y demás criterios, arguyó
El presidente del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, Jaime Vargas Flores, solicitó 37 millones 973 mil 596 millones de pesos para ejercer durante el próximo año. En comparecencia ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso del Estado el magistrado presentó este lunes 13 de diciembre el Proyecto para el Ejercicio Fiscal 2022.
Explicó que con todo y que el año entrante no se celebrarán elecciones en la entidad, “ello únicamente significa que no se presentarán impugnaciones” alusivas a resultados electorales. En cambio habrá lugar para admitir recursos que no se constriñan a “temáticas vinculadas con los procesos comiciales”; pues “la actividad jurídica política no entra en recesos”, asentó.
Explicó que “a partir de la reforma a la ley electoral” que adicionó el artículo 373 bis y reformó el 381, “los procedimientos relacionados con violencia política contra las mujeres en razón de género” se tramitan “a través del procedimiento especial sancionador que involucra tanto las autoridades administrativa electoral como la jurisdiccional”.
Sostuvo que además “tanto la autoridad administrativa electoral como los propios partidos políticos continuarán generando actos que son susceptibles de ser impugnados” ante el TJEE por militantes o ciudadanos en general “a través de la interposición de los recursos de inconformidad, de apelación, de protección de los derechos políticos electorales del ciudadano”.
A decir de Vargas Flores, en el curso del proceso para la creación de partidos locales a llevarse a cabo a partir de enero, las organizaciones ciudadanas con pretensiones de constituirse como instituto político posiblemente presenten recursos.
El jurisconsulto estableció que el próximo año igualmente la ciudadanía pudiera promover un proceso de participación (plebiscito, consulta popular, presupuesto participativo, iniciativa ciudadana o referéndum) “y ello genera la interposición de recursos en contra de las resoluciones administrativas electorales así como aquellas que tienen por objeto el de garantizar el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y en consecuencia a su autonomía”.
Agregó que la creación de los municipios de San Quintín y San Felipe, con lo que las localidades en BC “pasarán de ser de cinco a 7”, concurrirá a una “mayor carga laboral”, aunado “a las impugnaciones derivadas de la liquidación de aquellos partidos que en el pasado proceso electoral no alcanzaron el umbral mínimo del 3% de la votación y (que) con ello perderán su registro”.
De ahí que definiera como “de vital importancia” mantener la plantilla laboral que se desempeñó durante el ejercicio 2021 en el TJEE.
En ese tenor remarcó que en vista de que “la materia electoral es altamente especializada y dinámica”, el órgano a su cargo “requiere contar con personal capacitado y actualizado no sólo en los temas de convencionalidad, constitucionalidad sino en la jurisprudencia que constantemente está generando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación así como los criterios de la Suprema Corte de Justicia”.
Por lo que respecta a los requerimientos de recursos humanos, el TJEE plantea operar con una plantilla básica integrada por 29 servidores públicos: secretarios, titulares, encargados, analista, actuario, jefe de archivo jurisdiccional, auxiliares, secretarías mecanógrafas y ayudante de oficios varios.
Según expuso el presidente del TJEE, por concepto de servicios profesionales se requieren 29 millones 413 mil 676 pesos; por Materiales y Suministros, un millón 205 mil 080 pesos; en lo referente a Servicios Generales, 6 millones 110 mil 015 pesos; por Transferencias y Subsidios, 10 mil pesos y en lo correspondiente a Bienes Muebles, un millón 234 mil 825 pesos.
El rubro de Servicios Profesionales implica 77% de lo requerido, el de Materiales y Suministros 3%; Servicios Generales, 16%; Transferencias y Subsidios, 1% y Bienes Muebles, 3%.
En cuanto a la valuación al respecto del programa operativo anual, 36 millones 184 mil 914 pesos de ese presupuesto (95.29%) iría para la actividad jurisdiccional, 806 mil 600 (2.13%) para capacitación, 517 mil 690 (1.36%) para difusión y 464 mil 392 (1.22%) para fortalecimiento institucional.
Vargas Flores mencionó que para 2022 “se proyecta la presentación de 45 medios de impugnación, 10 procedimientos sancionadores y se prevé la posible recepción por este Tribunal de un total de 15 medios de impugnación para ser remitidos a la autoridad federal competente”.
Aclaró que “las metas en materia jurisdiccional son proyecciones, debido a que no depende de un acuerdo del Tribunal sino de la presentación de promociones por los actores políticos”.
