Además de las observaciones de la SIDURT en cuanto a temas técnicos, de inversión y beneficio para el Estado, esto último podría ser sujeto a una negociación con la empresa que representa el consorcio ganador de la licitación
Será en febrero de 2022 cuando el gobierno de Baja California determine si cancelará el contrato del Tren Interurbano Tijuana-Tecate, suscrito entre la paraestatal Administradora de la Vía Corta (Admicarga) y la empresa BCE Expressway, SAPI de CV.
La decisión depende de los señalamientos que haga la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) sobre posibles “inconsistencias” o contradicciones que tendría el contrato respecto a la concesión que tiene el Estado de la vía y la Ley Ferroviaria.
Una de estas inconsistencias se refiere a una cláusula “muy abierta” en el contrato que, si se interpreta de cierta manera, pone a disposición de BCE Expressway el derecho de vía de toda la vía Tijuana-Tecate, lo que podría entrar en conflicto con la asignación para el servicio de carga, que también debe contar con espacio para sus maniobras.
“No se nos hace lógico que tuviéramos que entregarle todo el derecho de vía, que, si bien en algunas zonas está ‘angustiado’, en otras es un área muy abierta, como en la zona de El García o Valle Redondo. Estamos hablando de arriba de 70 mil metros cuadrados que habría que darle a su consideración”, señaló Arturo Espinoza Jaramillo, secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenamiento Territorial.
Otro punto que al parecer estaría en contra de la asignación, es que todos los recursos provenientes del uso de la vía de carga y de pasajeros, se canalizarían a un fideicomiso (aún sin validar) que manejaría únicamente la empresa de transporte de pasajeros.
“Eso también estaría un poco raro, son cosas que no se han concretado, que tenemos que terminar de analizarlas a detalle entre los abogados del Gobierno del Estado y la SCT para planteárselo a la empresa y saber si es viable o no el contrato”, reiteró el funcionario.
Además, el Gobierno del Estado tiene el uso exclusivo de la vía por 30 años, lapso que abarca la licitación dada a la empresa, por lo que el secretario calificó ese tema como “delicado”.
En lo que respecta a las observaciones técnicas y de inversión de la propia Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenamiento Territorial (SIDURT), su titular comentó que debido a que el tren atravesaría 27 cruceros importantes en Tijuana, algunos de estos “muy complicados”, se necesita de inversiones suficientes, “no nada más hablando de barreras automáticas, sino puentes, pasos a desnivel”.
“Si se logra o confirmamos que todo eso va ir a este proyecto, pues adelante, no tenemos ningún problema. Es una inversión privada, no tenemos una obligación formal, pero tampoco quisiéramos llegar -por eso lo estamos revisando tan a detalle- a gente que se sienta en el proyecto, ya lo ganó y de alguna manera es muy complicado quitárselo, y está sentado en el proyecto para ver si alguien se lo compra o el gobierno a la desesperada se lo quita y le cuesta”, ejemplificó, ya que, de haber una cláusula, de cancelarse el contrato, el Estado tendría que pagar.
En ese sentido, Arturo Espinoza insistió en que la idea es volver a confirmar los puntos que serían legalmente inconsistentes y contrarios a la asignación que tiene el Gobierno del Estado, y tratar de cuadrar el contrato. “Si no se puede, ya veríamos qué acción legal para tratar de limpiar de nuevo y buscar que se use ese derecho de vía”, dijo.
El 2 de diciembre, el secretario de Hacienda, Marco Antonio Moreno Mexía, adelantó que la administración actual está analizando rescindir tres contratos plurianuales, entre los que se encuentra el del Tren Interurbano Tijuana-Tecate.
Un día después, representantes de BCE Expressway aseguraron que la empresa había buscado sin respuesta una reunión con las autoridades estatales, declarándose a favor de negociar el contrato si así lo considera el gobierno.
Afirmaron que la empresa había invertido más de 400 millones de pesos. “Al día de hoy no hemos iniciado con ninguna obra, todo ha sido un proyecto de pre inversión y estamos próximos a integrar el proyecto ejecutivo”, el cual tiene varias consideraciones (la obra civil y el modelo operativo) y será sometido al visto bueno de la SCT.
PROGRAMA DE LA EMPRESA VA “MUY ATRASADO”: SIDURT
Hasta el 10 de diciembre, la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenamiento Territorial sólo tenía presentaciones de Power Point sobre el proyecto. El titular de la dependencia refirió que en la reunión que sostuvo el viernes pasado con representantes de la empresa -encabezados por Arturo Jaques y Xavier Alvarado-, les pidió enviar por escrito y directamente a Admicarga la propuesta para solucionar los cruces y la comprobación de los estudios efectuados.
“El viernes se nos hizo una presentación en Power Point así bonita, bien hecha, bastante amplia”, pero lo que se necesita es que ya todo sea por escrito. “No es válido ningún avance si no lo tengo por escrito, formal y bien justificado, bien comprobado, y si es cierto que había reuniones, teníamos el dato de que cada semana se reunían, pero a final de cuentas no hay documentos comprobatorios que me digan ‘ya hice este levantamiento topográfico, ya entregué esto’, y eso es lo que se le pidió a la empresa de manera personal”, reveló Espinoza Jaramillo.
En cuanto a los avances contractuales que la empresa debería llevar, relativos al análisis técnico, estructural, los drenajes y los puentes de la vía, el director de la SIDURT confirmó a ZETA que la empresa va “muy atrasada”, pues lleva 25% del programa de trabajo.
“No pudiéramos ver que estuviera la obra o el programa como definitivo, creo que fueron tan abiertos en ese proceso que, cuando ves el programa, ni siquiera es claro, no separa proyecto ni obra, y casi nada más dice como un concepto la reparación de una alcantarilla en un punto, no dice si es el estudio y luego la reparación, o sea, los tiempos están muy raros”.
— ¿Cuánto debería tener al momento?, cuestionó ZETA al funcionario.
“Ahorita deberían estar presentándose una serie de proyectos terminados hacia la SCT para que los esté autorizando, y de esa manera ellos vayan pasando de costos paramétricos a costos reales, que eso es lo que va atrasado”, y previó que, de continuar con el proyecto, el arranque de la obra se iría hasta 2024.
EN CONTRATO, ESTADO NO RECIBE NI UN PESO POR BOLETAJE
El 28 de diciembre de 2020 se dio a conocer que Citcocomex Group, S de RL (único participante) ganó la licitación LPN-CITF-001-2020 para elaborar el proyecto ejecutivo, adecuar la vía férrea y operar el Tren Interurbano Tijuana-Tecate. Karen Postlethwaite, entonces titular de la SIDURT, dijo que la empresa había cumplido con la parte legal, la propuesta técnica y la económica, al presentar una tarifa.
Según lo manifestado por la ex funcionaria, un mes antes de que se diera el fallo de la licitación, el proyecto abarcaría 27.8 kilómetros de San Ysidro al Ejido Maclovio Rojas, en el Este de Tijuana, en una primera etapa. Se construirían siete estaciones y se adecuarían dos terminales, y una vez que el tren de pasajeros estuviera operando, el recorrido duraría 45 minutos, teniendo como meta que el pasaje costara 20 pesos.
Pero meses después, el 3 de abril de 2021, cuando se hizo el publicitado evento de arranque del proyecto en la estación San Ysidro, el propio gobernador Jaime Bonilla Valdez comentó que aún no se definía la tarifa.
El contrato fue signado el 2 de abril por Carlos Tamez, director de Admicarga, y Mayra Adabella Sánchez Hernández, representante legal de BCE Expressway, teniendo como testigos a las entonces secretaria y directora de la Comisión Estatal de Energía, Karen Postlethwaite Montijo, y Miriam Lizbeth Álvarez.
El documento señala que en caso de que Admicarga rescinda el contrato por causas no imputables a la empresa, “indemnizarán por un monto equivalente al total de la inversión realizada no recuperada por la empresa en dicha Vía Corta Tijuana-Tecate, así como todas aquellas reparaciones, mejoras y servicios de mantenimiento preventivo, correctivo y de rehabilitación”, siempre y cuando los mismos estén debidamente comprobados y justificados conforme a los estados financieros dictaminados por un tercero independiente.
Posteriormente, en junio, ambas partes suscribieron un primer convenio modificatorio del contrato, con el objeto de que el gobierno estatal “asuma y reconozca como propios los derechos y obligaciones señalados en el Contrato. Que los servicios que la empresa presta derivado del Contrato, incluyen todo el apoyo técnico, operativo, asistencia, asesoría y gestión necesaria e inherente a la operación y explotación de la Vía Corta Tijuana-Tecate que admicarga tiene asignada”.
Por otro lado, con independencia de cuánto le costará al ciudadano utilizar el medio de transporte, lo que está claro es que “ni un peso” del boletaje recibirá el Estado, pese a que la empresa tendría usufructo sobre un bien público, según el contrato al que ZETA tuvo acceso.
Cabe señalar que tampoco hay la obligación de que el Estado pague una contraprestación por el número de pasajeros que utilicen el Tren Interurbano, “no estaría recibiendo más que el servicio la ciudadanía, que también lo va a pagar”, manifestó el titular de la SIDURT, Arturo Espinoza Jaramillo, por lo que anticipó que, de seguir con el proyecto, será un tema a negociar e incluir en el contrato.
VÍNCULOS CON EMPRESA SANCIONADA Y OTRA FANTASMA
El 29 de marzo de 2021, a cinco días de que se firmara el contrato con Admicarga, BCE Expressway, SAPI de CV fue constituida como una empresa de propósito específico por el consorcio ganador de la licitación, conformado por Citcocomex Group, S de RL de CV; FMI Proyects, S de RL de CV; y Cocomex USA, LLC (esta última estadounidense).
Según el acta constitutiva, con folio mercantil N-2021037574, BCE Expressway fue creada por medio de la escritura pública 146523, ante el Notario 1 de Tula, Hidalgo, Raúl Sicilia Alamilla. El domicilio de la empresa se señaló en Ciudad de México (a más de 2 mil 700 kilómetros de la vía que operará con el tren de pasajeros), aunque el contrato sí establece una dirección en Tijuana.
En dicha acta, BCE Expressway señala como su objeto principal la “negociación, elaboración, preparación, firma y ejecución de un contrato de prestación de servicios de apoyo técnico y operativo hasta por un plazo de 30 años para la prestación de los servicios de apoyo técnico y operativo para la elaboración de proyecto ejecutivo, adecuación de la vía férrea y operación del tren interurbano de Tijuana, B.C”.
En el segundo de los 24 objetos sociales de la empresa, destaca la facultad de “prestar servicios de transporte ferroviario de carga y de pasajeros tanto en territorio nacional como en el extranjero, así como prestar servicios de transporte en las distintas modalidades de transporte terrestre existentes”, pese a que según lo manifestado por el gobierno bonillista, sólo se trataba de un tren de pasajeros, proyecto que incluía estaciones donde se contemplaba establecer comercios.
En el documento inscrito en el Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER), como presidente de BCE Expressway aparece Andrés Álvarez Bermúdez; vicepresidente, Andrea Álvarez Bermúdez; secretaria, Brenda Nelly Bermúdez Contreras; tesorero, Andrés Ricardo Álvarez Fonseca; y como vocal, Mayra Adabella Sánchez Hernández. Los dos últimos, ligados a empresas sancionadas por la Secretaría de la Función Pública (SPF) y/o que aparecen en la lista definitiva del 69-B del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
El 9 de julio de 2019, el titular del Órgano Interno de Control del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, emitió en el Diario Oficial de la Federación una circular para que entidades y dependencias federales se abstuvieran de celebrar contratos con la empresa Consorcio Corporativo de Construcción en Méx, SA de CV por un año y tres meses. La sanción incluyó una multa de 604 mil 500 pesos, por incurrir en la irregularidad de “presentar documentación falsa consistente en la opinión de obligaciones fiscales y la opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social”.
En el acta constitutiva, con folio mercantil N-2017023289 de la empresa Consorcio Corporativo de Construcción en Méx, SA de CV, 49 de las 50 acciones le pertenecen a Consorcio Corporativo de Construcción en México, SA de CV, con RFC CCC040609MC7. Este RFC y razón social se encuentran en la lista definitiva del 69-B del SAT, según lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 14 de diciembre de 2017.
Durante el periodo en que Consorcio Corporativo de Construcción en Méx fue inhabilitada, Mayra Adabella Sánchez Hernández -en su carácter de apoderada general de Citcocomex– suscribió el 25 de marzo de 2020 el contrato No. DGDFM-03-20 con la SCT para el suministro e instalación de cubiertas en acceso y marquesinas de ocho estaciones de la Línea 3 del Tren Ligero en Zapopan, Jalisco, por más de 19 millones de pesos.
Sobre el señalamiento de que una filial de la empresa que ganó la licitación fue sancionada, Arturo Espinoza Jaramillo, titular de la SIDURT, expuso que ese tema se abordó “el día de la reunión con Andrés Álvarez y nos dice -así, de rebote, ‘hay que revisarlo’- que es una sanción que se hizo, pero que luego la apeló y que supuestamente siempre no. No sé si la sanción fue nada más pagar y ya luego quedó habilitada de nuevo, a final de cuentas, sí lo tenemos que revisar de nuevo, solicitando información a la SFP”, concluyó el funcionario estatal.
