Asociaciones como Cemda señalan que la resolución atenta contra el derecho a la transparencia, a la participación, al medio ambiente sano, y viola tratados internacionales. Exhortan al mandatario a derogar el decreto, mientras alistan recursos legales en contra
La sociedad civil organizada se activó luego que, el 22 de noviembre, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un acuerdo para instruir a las dependencias acelerar procesos relacionados con obras del Gobierno Federal, consideradas de interés público y seguridad nacional.
Activistas recalcan que este decreto atenta contra diversos derechos, por lo que alistan estrategias jurídicas en contra de la determinación del mandatario.
Se instruyó a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar la autorización federal a la presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos prioritarios y/o estratégicos para garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio del presupuesto autorizado.
El decreto establece que la autorización provisional será emitida en un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud correspondiente. Además, tendrá una vigencia de 12 meses, contados a partir de su emisión.
“Se declaró de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objetivo, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional”, detalla el acuerdo.
Mario Sánchez Castro, director regional del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) en el Noroeste, precisa que la entrada en vigor del acuerdo tiene consecuencias que ponen en riesgo principios jurídicos que reconoce la Constitución Política, así como tratados internacionales, ambientales y de derechos humanos.
Asociaciones civiles como Cemda, han firmado un posicionamiento para reiterar el llamado al Gobierno de México para que el acuerdo sea derogado y la administración federal garantice los derechos de la ciudadanía.
Según Sánchez, el llamado “súper decreto” suple las funciones del Poder Legislativo en la creación, al crear un tipo de permiso específico -llamado autorización provisional- que no existe en la regulación actual.
Asimismo, identifican fallas y cambios que afectan en cinco puntos: Seguridad Nacional, Derechos Humanos y Principio de Legalidad; Debido Proceso; Derecho Humano al Medio Ambiente; Derecho de Acceso a la Información y Derecho de Acceso a la Participación.
El director de Cemda refiere que la declaración de seguridad nacional no exime al Gobierno de México del cumplimiento de principios constitucionales y derechos humanos, tal y como lo establece el Artículo 4 de la Ley de Seguridad Nacional.
Dicho Artículo obliga a las autoridades a cumplir con los plazos, requisitos, formalidades y mecanismos de participación previamente establecidos en el marco legal, aunque se consideren criterios de seguridad nacional en obras.
De acuerdo con el especialista, el decreto de López Obrador carece de fundamento adecuado, al no existir facultad constitucional ni jurídica para que el titular del Poder Ejecutivo genere un estado de excepción al cumplimiento de derechos humanos y a la Constitución.
El estado de excepción la Ley lo indica como el momento en que los derechos humanos se pueden limitar, como en una guerra o en una pandemia, cuando se pueden contraer estas garantías.
“Nuestra Constitución tiene casos muy explícitos donde puntualmente establece cuando se puede declarar régimen de excepción. Este tema no es uno de ellos, el tema de construir cosas, de desarrollo, y este acuerdo lo hace. Viola un principio de legalidad, no tienes fundamento, no tienes facultad para hacerlo y lo estás haciendo”, argumentó Mario Sánchez Castro.
VIOLENTAN DERECHO A LA PARTICIPACIÓN
Dentro de la lista de afectaciones que detecta el organismo, el permitir la celeridad de obras del Gobierno Federal sin los mecanismos establecidos, implica violar procedimientos, incrementos y derechos que garantiza el orden jurídico del país.
Asimismo, recalca el violento acuerdo y contraviene el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), al violentar el derecho de las personas al acceso a la información y a la participación en la toma de decisiones sobre obras que pueden generar impacto en las comunidades y ecosistemas donde viven.
El documento publicado en el DOF, al declarar a estos proyectos de seguridad nacional, las autoridades pueden reservar información de estos y negar el acceso a datos.
“Al volver estos temas de seguridad nacional, los encaja en una de las causales de negativa de información pública de reserva de información confidencial, ni siquiera de reservada. La seguridad nacional es confidencial, es el candado más grande en la regulación en materia de transparencia y se lo ponen”.
Por otra parte, subrayan una violación al derecho humano a un medio ambiente sano. Mediante la autorización para ignorar procedimientos en la entrega de permisos, licencias y dictámenes, el Gobierno Federal omitirá la valoración de impactos y daños ambientales.
Asimismo, denuncia que López Obrador deja sin aplicación los instrumentos de política ambiental, vulnerando el andamiaje jurídico que se ha construido en los últimos 20 años.
Recalca que, por lo antes descrito, desde diferentes trincheras se puede controvertir el decreto por lo que esperan que el caso llegue a Juzgados federales y probablemente, ante la Suprema Corte de Justicia Nacional (SCJN).
Desde el Legislativo se pueden interponer controversias constitucionales, mientras que el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) puede realizar una revisión respecto a si es posible poner, de un plumazo, candados al tema de transparencia.
“También proceden acciones legales por vía de amparo para justamente establecer la inconstitucionalidad e convencionalidad del acuerdo, es lo que se estará tratando en diferentes organizaciones de la sociedad civil. Estamos justamente evaluando la estrategia legal y próximamente tendremos noticias de cómo procederemos”, comunicó.
El director del Cemda recordó que el acuerdo no aplica para proyectos particulares, sólo a aquellos que emanen del Gobierno Federal.
Por último, hizo un llamado a las autoridades estatales y municipales a mantener su autonomía y tomar decisiones conforme a Derecho:
“Una cosa es que los permisos a nivel federal se tengan que expedir, pero otra cosa son los permisos estatales y municipales. Estos no tienen que ver, no están ordenados a que sigan, tienen su propia regulación”.
LA DERECHA QUIERE CONFUNDIR A LA CIUDADANÍA: DELGADO
En su más reciente visita a Baja California Sur, se cuestionó al presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, sobre los señalamientos que hacen las asociaciones civiles al decreto del titular del Poder Ejecutivo.
Aseguró que es falso que el acuerdo genere una mayor discrecionalidad, asimismo, argumentó que no puede haber obras detenidas por permisos de una secretaría. Insistió en que el verdadero objetivo de este decreto es dar celeridad a proyectos primordiales.
Delgado Carrillo aseveró que la derecha siempre recurre a esos temas para generar mentiras, y que dar carácter de seguridad nacional a las obras de gobierno, permitirá que las dependencias involucradas en las construcciones tengan tiempo límite para su actuación.
“En términos de transparencia hacia afuera, la ciudadanía siempre debe estar segura que el gobierno está actuando con honestidad, que se está actuando con transparencia. Ahí no hay ninguna alteración, este decreto no cambia ninguna obligación de rendición de cuentas ni de transparencia, ni de información”, declaró.
“Es otro mitote que arma la derecha para tratar de confundir a la ciudadanía, diciendo que este decreto va a opacar la rendición de cuentas. El gobierno ha demostrado una y otra vez que se actúa con honestidad, no cómo se hacía antes”, añadió.
El dirigente nacional indicó que, en gobiernos anteriores, todas las licitaciones estaban manipuladas y había moche en las decisiones de la obra pública. No obedecían a un plan estratégico de desarrollo de las distintas regiones del país, sino a los negocios que estaban detrás.
Ante los recursos legales que se anuncian en contra del decreto, afirmó que vencerán y reiteró que no es más que propaganda para confundir a la ciudadanía.
“La respuesta es que se haga obra pública como no se ha hecho antes, de manera más barata y rápida”.
Citó el ejemplo del Aeropuerto Felipe Ángeles, que será inaugurado en marzo de 2022 “con un costo de 100 mil millones de pesos de lo que costaba el Aeropuerto de Texcoco, así vamos a tener, con la decisión que tomó el Presidente, más barato, más rápido, más eficiente y sin corrupción”.
Por su parte, el gobernador Víctor Castro Cosío negó que esto ponga en riesgo los ecosistemas de Baja California Sur. Prometió que en su administración primero estará el medio ambiente que el dinero.
Manifestó que la idea de López Obrador es crear una especie de muralla para que en los años siguientes no vengan “ocurrentes” a privatizar obras que han costado a las y los mexicanos.
“Hay candados, por supuesto, además de la voluntad de nuestro gobierno de no permitir uso de suelos a la megaminería ni a ninguna actividad que ponga en riesgo los ecosistemas”, reiteró el mandatario sudcaliforniano.
