Paran planta de tratamiento tras amparo de albergue

Fotos: Enrique Botello.-Ricardo Gonzalez director del Orfanato
Edición Impresa lunes, 27 diciembre, 2021 12:00 PM

La asociación civil Nueva Ciudad de Niños obtuvo la suspensión definitiva. Por su parte, la empresa presentó al Ayuntamiento un recurso de revocación de uso de suelo contra el albergue que tiene décadas en El Sauzal, así como una demanda exigiendo el pago de daños y perjuicios por 300 mil pesos mensuales por los recientes quince meses

El Albergue Nueva Ciudad de Niños, ubicado en la Carretera Ensenada-Tecate, a la altura de El Sauzal, obtuvo un amparo contra la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a la instalación -en un predio colindante- de una planta tratadora de aguas de sentinas (mezclas de agua de mar y aceites residuales que se manejan en buques, específicamente cruceros).

En agosto de 2020, el albergue dirigido por la asociación civil Nueva Ciudad de Niños, representada por José Ricardo González -teniendo como abogado a Jaime Palafox-, se amparó contra la autorización otorgada por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, publicada el 28 de mayo del mismo año, para el proyecto Planta de Tratamiento y Reciclaje de Material de Sentinas Ensenada, promovido por Maritime Procurement Services, SAPI de CV.

Dicho amparo, radicado por el Juzgado Octavo de Distrito de Ensenada, concedió a la asociación civil que dirige el albergue la suspensión del acto reclamado, bajo el argumento de poner en riesgo la salud de los 80 niños internos y el riesgo de explosiones por el material que se maneja.

El Cuarto Tribunal Colegiado de Mexicali confirmó la suspensión otorgada por el Juzgado de Distrito en Ensenada y requirió al albergue una fianza de 100 mil pesos, la cual fue exhibida.

Una vez reiterada la suspensión del acto reclamado por el tribunal de alzada, la empresa presentó, en junio de 2021, un recurso ante la Dirección de Administración Urbana, Ecología y Media Ambiente del Ayuntamiento de Ensenada, con el fin de revocar el uso de suelo con el que cuenta el albergue, el cual fue otorgado en abril de 2016 para operar una casa hogar para niños desamparados dentro del inmueble.

En el recurso de revisión ingresado ante el Ayuntamiento, Marialy Nuza, apoderada legal de Maritime Procurement Services, reclamó al entonces titular de Administración Urbana, Héctor Villalobos, “la indebida e ilegal autorización del dictamen de uso de suelo otorgado en favor de la persona moral Asociación Civil Nueva Ciudad de los Niños, toda vez que el mismo no fue autorizado por el titular de aquella entonces Dirección de Catastro y Control Urbano del XXI Ayuntamiento, el ingeniero Gabriel Humberto Morales Ríos, sino que fue autorizado y signado por diversa persona al titular de aquella dependencia y que lo fue la subdirectora ingeniero Claudia N. Montalvo Figueroa”.

De acuerdo con la recurrente, Montalvo Figueroa se ostentó con el carácter de encargado de despacho para autorizar el uso de suelo sin que existiera algún documento público que evidenciara alguna solicitud de permiso o licencia solicitado por el entonces titular de Catastro para poder ausentarse y delegar las facultades propias a la subdirectora, por lo que tal autorización fue efectuada fuera de sus atribuciones, facultades o funciones.

El albergue y sus abogados dijeron haber sido notificados del recurso de revocación contra su uso de suelo, por lo que dieron contestación y, hasta el cierre de edición -jueves 16 de diciembre- no se les había comunicado resolución alguna.

Además, la empresa interpuso una demanda civil ante el juez civil de primera instancia, exigiendo el pago de daños y perjuicios al albergue por alrededor de 300 mil pesos mensuales, por lo menos desde hace 15 meses, debido a que no ha podido operar.

Fachada del terreno donde se quiere construir la planta

INVERSIÓN DETENIDA PESE A CONTAR CON PERMISOS: EMPRESA

Representantes de Maritime Procurement Services aseguran contar con todos los permisos municipales, estatales y federales, entre estos el uso de suelo y la autorización de impacto ambiental en la que se establece que sus actividades no son altamente riesgosas.

Calculan que en la construcción de la planta se invirtieron por lo menos 5 millones de pesos, sin contar maquinaria y pipas para transportar sentinas del puerto a sus instalaciones, con una capacidad de 3 mil metros cúbicos mensuales.

La planta se construyó, pero no inició operaciones en 2020 porque se atravesó la pandemia por COVID-19 y dejaron de arribar los cruceros, luego vino el amparo y la suspensión, hubo intentos de acercamiento con los directivos del albergue y sus abogados, pero no se obtuvieron respuestas.

Debido a la suspensión ordenada por un juez, no se han podido concretar diversos empleos, por el contrario, se están pagando algunos sueldos y una renta mensual de 190 mil pesos, indicaron.

“Contamos con estudios, peritajes y pruebas de laboratorio para comprobar que la actividad de la planta está lejos de representar un riesgo de explosión, entre el 80 y 90 por ciento de los desechos manejados es sludge” (lodo o agua sucia).

Por último, los representantes de la empresa argumentaron no querer perjudicar a los niños del albergue, sino que sus acciones están encaminadas a defenderse del representante de la asociación civil y su abogado.

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